VENDAVAL

 

Huracán, trámite express, maratón, embestida y ahora "vendaval": a los accionistas de Papel Prensa se les van terminando los adjetivos para calificar la aprobación en el Congreso del paquete de leyes pedido por el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la renovación de las Cámaras después del resultado del 23 de octubre. 

Leemos en La Nación de hoy la preocupación de "constitucionalistas" (traducimos: Jorge Vanossi) y ex legisladores por lo que -al parecer- constituiría un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria del país, y un atropello a las instituciones.

Puras boludeces, y además, falsas.

Durante dos años  repicaron el parche con la parálisis legislativa, cuidándose de puntualizar debidamente que era consecuencia del control del Congreso y las comisiones por parte del hoy extinto "Grupo A" que las tomó por asalto en diciembre del 2009, inaugurando el absurdo intento de imponer un bizarro ensayo de gobierno parlamentario; este sí a contrapelo de lo que marca la Constitución. 

Lo que sucedió en el Congreso en las últimas semanas no es ni más ni menos que consecuencia del rotundo pronunciamiento de la voluntad popular de los argentinos, expresada el 23 de octubre con una contundencia tal, que sólo pueden hacerse los distraídos para desoírla los que, en definitiva, no creen en ella.

Lo dice con toda claridad en la nota el ex diputado radical Dumón: "El pueblo es soberano, pero no siempre acierta"; o en todo caso quiso decir "sólo acierta cuando nos elige a nosotros". 

El paquete de leyes impulsadas por el Ejecutivo y sancionadas por el Congreso estaba en la agenda del gobierno desde hace más de un año, y en otros casos más tiempo todavía; por no decir que las leyes económicas (como el Presupuesto o la prórroga de los impuestos que se vencían) son parte del ABC de las herramientas mínimas e imprescindibles para poder gestionar el Estado.

A menos claro, que se pretenda que éste se desfinancie o no cuente con Presupuesto para gobernar; pero en tal caso el propósito sería otro, y no la defensa de las instituciones como se dice.

Y aquéllas leyes que lesionan intereses (como la ley de tierras, la de papela para diarios o el nuevo régimen de los peones rurales) fueron planteadas públicamente en su momento por el gobierno, y ampliamente debatidas con anterioridad: lo que sucedió es que no avanzaron hasta ahora justamente porque la oposición política asumió el rol de defensora de esos intereses afectados.

¿O acaso no se afanaron todos los bloques del Grupo A por tener sus propios "agrodiputados" o por satisfacer hasta el más mínimo capricho o deseo de Clarín, La Nación, ADEPA o la SIP?

Cuando se sancionó la ley de medios, el cuestionamiento fue el mismo: la "celeridad" del trámite; obviando todo el proceso previo de construcción de la ley; y se planteó la falta de legitimidad del Congreso para discutir el tema, porque había legisladores que terminaban su mandato.

Pues bien, ese aspecto es ahora indiscutible: el Congreso refleja con exactitud el resultado de la voluntad popular expresado en dos oportunidades en 70 días, y hace apenas dos meses la última de ellas; de modo que la crítica debe enfocarse entonces en otro aspecto brumoso (al parecer, existiría un manual de procedimientos que establece cuanto debe tardar la aprobación de una ley), para no decir lisa y llanamente que lo que se está haciendo, es defender intereses sectoriales con el atajo de la preocupación por las instituciones de la república.

Pero además es notoriamente falso que la historia argentina no registre un funcionamiento tan acelerado o veloz del Congreso: por el contrario, está llena de ejemplos en ese sentido, y siempre de triste memoria para los intereses populares.

Rememorando exclusivamente desde el 83' para acá recordemos la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final promovidas por Alfonsín bajo la presión del levantamiento carapintada de Rico y sus secuaces; o las leyes de emergencia económica y reforma del Estado aprobadas en el 89' para allanarle el camino al programa del grupo Bunge y Born que ejecutaría Menem desde el gobierno; con su secuela de cercenamiento de derechos a los trabajadores, desguace y privatización del aparato estatal y apertura indiscrminada de la economía que llevaría a la quiebra del aparato productivo.

Más acá en el tiempo, en trámite express y a tambor batiente fueron aprobados los superpoderes para Cavallo o las leyes pedidas por el FMI (como la derogación de la ley de subversión económica o la reforma a la ley de quiebras), votadas por un Congreso vallado y legisladores encerrados en sus bancas para escapar de la furia popular que se expresaba en las plazas de todo el país, en plena crisis del 2001.

Con idéntico trámite -exento de todo debate público- se aprobó la ley de bienes culturales, que salvó de la quiebra al Grupo Clarín, previamente beneficiado (junto a un conjunto de grupos empresariales dominantes de la Argentina) por la pesificación de las deudas en dólares.

En este caso el Congreso al aprobar la agenda marcada por Cristina (y más allá de las críticas que alguno de los proyectos pueda merecer, como la ley antiterrorista) no ha consagrado claudicaciones del poder político ante los intereses corporativos, ni cercenamiento de los derechos de los trabajadores o sectores más desprotegidos de la sociedad, sino todo lo contrario.    

Y eso es justamente lo que se quiere evitar discutir cuando se cuestionan las formas o los métodos con que se aprobaron las leyes impulsadas por el gobierno.