Leemos en Página 12 de hoy: "La distribución del ingreso mostró una leve baja en el segundo trimestre en relación con el mismo período del año pasado. El coeficiente de Gini (que registra el grado de inequidad en la distribución del ingreso, siendo 1 el valor más desigual y 0 el de equidad absoluta) registró una caída de 0,418 a 0,414 en la medición para el ingreso per cápita familiar. Según el informe difundido ayer por el Indec, el 10 por ciento de la población con mayor nivel de ingreso promedio por miembro de la familia se hizo de 18.644 de pesos en el segundo trimestre, mientras que el 10 por ciento que más abajo está en esa escala recibió 1068 pesos. La diferencia entre ambos valores es de 17,5 veces. En el segundo trimestre de 2008, cuando comenzó la actual instancia de la crisis global, la citada brecha era de 24,3 veces.
En la medición de ingreso per cápita familiar, que registra el ingreso promedio por integrante del grupo familiar, el coeficiente de Gini cayó desde el segundo trimestre de 2004 de 0,513 a 0,414 este año. El 60 por ciento de esa mejora tuvo lugar hasta 2008, junto a las altas tasas de crecimiento, creación de empleo y recomposición salarial. De allí en más avanzó el 40 por ciento restante, en un contexto más complejo no sólo por el panorama internacional sino por el propio hecho de que la economía era más sólida y presentaba nuevas necesidades de inversión tanto del sector privado como del Estado para mejorar la productividad.
Si bien la equidad general, que mide el Gini, registró esa importante mejora, es más impactante la reducción de la desigualdad “entre puntas”. La brecha entre el 10 por ciento mejor ubicado en la escala de ingreso promedio por integrante de la familia y el 10 por ciento más pobre bajó de 60 veces en 2004 a 24 veces en 2008 hasta 17,5 en la actualidad. El dato de la brecha marca el grado de avance relativo de los más pobres con relación a los más favorecidos por la economía nacional. Hace un año, ese valor era de 18,2 veces.
Si se concentra el análisis sobre el universo de los ocupados, la brecha de ingresos entre el decil mejor pago y el de ingreso más bajo fue de 17,4 veces en el segundo trimestre. Es una diferencia similar al del ingreso total per cápita familiar. Sin embargo, el coeficiente de Gini entre los ocupados es de 0,377, lo que expresa que la desigualdad global en este segmento es menor a la de la población total. Eso implica que la condición de pertenecer al mercado laboral equilibra los niveles de ingresos. El Indec también estudia el ingreso familiar total de los hogares. En el segundo trimestre del año, la mitad de las familias que vive en el país recibió ingresos igual o inferiores a los 6 mil pesos.".
Más allá de la previsible crítica a la credibilidad de las cifras del INDEC, y del contexto político que tiñe todo intento de rescatar lo logrado en estos diez años con la ominosa sombra del fin de ciclo, lo que no puede discutirse es la direccionalidad del proceso y -de paso- el daño que causaron en el país las políticas del neoliberalismo; tanto grande como el esfuerzo que significa repararlo.
Tanto que el mismo artículo da cuenta de que, con las mejoras en la medición de la desigualdad por ingresos entre los distintos segmentos poblacionales del país en los últimos años, se está llegando recién a los indicadores de hace unos veinte años.
Pero incluso el propio período de la década kirchnerista (con datos como estos, sin dudas ganada) reconoce dos etapas: una de vigorosa expansión de la economía junto a la creación de empleo partiendo del piso de la crisis del 2001, y una segunda (desde el 2008 para acá) en el que la expansión del empleo se modera, o no acompaña el ritmo de crecimiento de la economía; y en contextos de crisis hay que articular desde el Estado políticas para sostener el empleo, y que no se destruyan puestos de trabajo.
Y es allí donde queda claro que se podrán cuestionar las cifras, pero no la direccionalidad del proceso abierto el 25 de mayo del 2003 hacia una sociedad más justa, equilibrada e inclusiva.
Del mismo modo que hay herramientas diseñadas o instrumentadas por el kirchnerismo que contribuyeron fuertemente a moderar la desigualdad (la reactivación de las paritarias y el Consejo del Salario, la inclusión previsional, la ley de movilidad jubilatoria, la AUH), el estudio deja claro que el principal igualador social sigue siendo el trabajo: entre los ocupados formales la mejora del coeficiente de Gini es más notable aun.
De allí que crear empleo, o sostenerlo en contextos de crisis, deben ser la clara prioridad de cualquier proyecto político que se precie de ser más o menos progresista o inclusivo; y en el caso del peronismo no es ni más ni menos que la fidelidad a su identidad histórica.
Al respecto es notable que en el país la desigualdad haya seguido disminuyendo desde el 2008, cuando todo el contexto económico mundial conspiraba contra ello.
Notable, pero no casual: sólo fue posible por la firme decisión política de instrumentar políticas contracíclicas que evitasen la destrucción de puestos de trabajo.
Para el gobierno hubiera sido muy sencillo (sobre todo luego del impactante triunfo de Cristina en el 2011) emprender el camino de los ajustes para equilibrar ciertos aspectos de la macroeconomía, sin compromisos explícitos del sector privado de la economía de invertir para sostener el empleo.
Un camino que muchos todavía hoy (en un contexto de mayor debilidad política del oficialismo) siguen reclamando, por lo que los datos que aporta el informe tienen un gran valor pedagógico para ilustrar por donde va y no va la cosa; más allá de los resultados electorales.
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