LAS LAGUNAS DE PULLARO

Leemos en La Capital al ministro de Seguridad Pullaro quejándose de que la legislación vigente no le permite exonerar con rapidez a los policías acusados de hechos de corrupción: “Tengo la dificultad para destituir o exonerar. El problema es que hay un circuito administrativo tal que la última exoneración que firmé era de 2004. Hay una laguna jurídica que queremos corregir...”. (las negritas son nuestras)

Por un lado, los dichos del ministro no hacen sino confirmar lo que dijimos acá y acá cuando el propio Pullaro y Lifschitz se jactaban de la gran cantidad de policías que habían “separado de sus funciones”, supuestamente por hechos de corrupción: estaban vendiendo humo, mal. 

A modo de conclusión, decíamos entonces "...hechos viejos, mero cumplimiento de fallos judiciales o finalización de sumarios fondeados por la propia cana durante años, que involucran a simples perejiles (salvo alguna excepción), nada actual, ningún vínculo siquiera remoto con el narcotráfico o delitos asociados a él, algún que otro episodio de corruptela administrativa menor, por regla general.". Pullaro nos confirma.

O sea que mentían antes (cuando decían que habían rajado a un montón), o mienten ahora, cuando dice Pullaro que el último que rajó correspondía a un caso del 2004. 

O en ambos casos: la Ley del Personal Policial 12.521 (sancionada en 2006 durante el gobierno de Obeid) contempla en sus artículos 38 a 68 el régimen de responsabilidad disciplinaria, pero el socialismo tardó en reglamentar ese capítulo hasta febrero del 2015, cuando Bonfatti dictó el Decreto 461.

Esta norma estableció que la nueva reglamentación disciplinaria entraría en vigencia en forma progresiva, y hasta entonces se seguirían aplicando las normas vigentes, es decir los Decretos 426/72 (es decir de la época de la Revolución Argentina) y 4050/77 (o sea, de la última dictadura militar).

El mismo decreto estableció que “La implementación definitiva e integral de la presente reglamentación será dispuesta, mediante Decreto del Poder Ejecutivo, una vez reunidas las condiciones necesarias, a criterio del Ministerio de Seguridad, para un adecuado funcionamiento de la totalidad del nuevo régimen disciplinario” (artículo 5), y que “Hasta su entrada en vigencia, el Ministerio de Seguridad organizará reuniones informativas, cursos y talleres a los fines de difundir y capacitar al personal policial sobre la aplicación del nuevo régimen disciplinario. Asimismo, se realizarán los concursos que correspondan y se seleccionarán los integrantes de los Organismos Administrativos de Conducta Policial cuya creación defina el Ministerio de Seguridad.”.

O sea que si existiera alguna “laguna” que impida exonerar a policías corruptos (cosa que es falsa) la responsabilidad de que así sea es directa y estrictamente del propio Pullaro, como ministro de Seguridad.

Pero en realidad la “laguna” la tiene Pullaro, en la cabeza: si de lo que se trata es de expulsar a policías sospechados de hechos de corrupción, en el año 2003 (sí, hace 14 años) se sancionó La Ley 12.238, que establece un procedimiento especial para la investigación de casos de enriquecimiento ilícito del personal policial.

Claro que el Frente Progresista (que gobierna Santa Fe desde el 2007) se tomó hasta diciembre del 2012 (cuando Bonfatti dictó el Decreto 3581) para reglamentarla, y hasta acá no se conoce que la haya aplicado en ningún caso.