EL NOMBRE NO IMPORTA, CON TAL DE QUE FAVOREZCA LOS NEGOCIOS DE CLARÍN

Es sabido por todos que el gobierno de Macri apuntó desde sus mismos inicios a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios), en tanto era un  obstáculo para los negocios del Grupo Clarín. Al hacerlo retribuía los favores de campaña, y compraba blindaje mediático para su gestión.

Ya en los primeros días de estar instalado en la Rosada, mediante el Decreto 236/15 intervino y disolvió la AFSCA y la reemplazó por el ENACOM como autoridad de aplicación de la ley, y a los pocos días mediante el Decreto 267 (DNU) desguazó las principales disposiciones de la ley que molestaban al Grupo, como las que establecían límites a la acumulación de licencias y lo obligaban a desinvertir.

Ya en 2016 dictó el Decreto 1343, que pretendía regular el proceso de transición hacia la convergencia de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual e internet, con la promesa de elaborar una ley que reemplazara a la ley de medios y a la Ley 27.078 de "Argentina Digital" de 2014, también toqueteada por los decretos del propio Macri.

Mientras tanto, le aprobaba al grupo la compra de Telmex (lo que le permitió meter un pie en el mercado de la telefonía celular), la operación de Fibertel renovándole la licencia que estaba caduca y más recientemente, la mega-fusión entre Cablevisión y Telecom analizada en su momento acá.

Cumplido el objetivo principal de su creación (tumbar la ley de medios, a pedido de Clarín) el Ministerio de Comunicaciones fue disuelto, y sus funciones pasaron al de Modernización; no sin antes haber archivado definitivamente los planes de desinversión del Grupo, más la caída del "Fútbol Para Todos" y más recientemente, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 77 de la ley de medios (que estaba vigente), que obligaba a los licenciatarios de servicios de televisión y de cable a transmitir gratuitamente y sin poder alegar derechos exclusivos, los acontecimientos deportivos de interés relevante, como el fútbol.

Mientras tanto, la promesa de alumbrar la famosa "ley de convergencia" quedaba en manos de personajes como Silvana Giúdici y Enoch Aguiar, y los plazos para presentar el proyecto se fueron prorrogaron una y otra vez, con la amenaza siempre latente de sacarla por DNU; luego de la aprobación de la fusión Cablevisión-Telecom  y antes de la modificación de la ley de defensa de la competencia que impulsan en el Congreso los propios legisladores de "Cambiemos", bajo la presión convergente de Clarín y las telefónicas, a las que hace días se les habilitó el acceso al mercado del cable.

Al respecto, leemos en El Cronista que el proyecto estaría concluido, y que en él se salvarían partes de la ley de medios, como las restricciones a la participación de capitales extranjeros en las sociedades gestoras de licencias de medios de comunicación, Internet o transmisión de datos (con las mismas excepciones de aquellos países con los que hay tratados bilaterales de inversión con cláusulas de reciprocidad); o los porcentajes de producción local o regional de los contenidos audiovisuales, pero modificando la forma de computarlos.

Según nos cuenta la nota, el proyecto aportaría como idea novedosa  "...el concepto de neutralidad de la red, que establece la prohibición de restringir o discriminar contenidos en función de su origen o tipo de dispositivo."; cosa que es completamente falsa: ya está establecido en el artículo 1 de la Ley 27.078 de "Argentina Digital" sancionada en 2014; y bien especificamente desarrollados sus alcances en los artículo 57 y 57 de la misma ley.

El proyecto mantendría las figuras del Defensor del Público y el Consejo Federal que ya estaban en la LSCA, habrá que ver si con la misma composición; pero seguramente con otra integración concreta, luego de que los decretazos de Macri hicieran tabla rasa con la que había surgido de la aplicación de la ley de medios; del mismo modo que se pretendió reemplazar el ejemplar mecanismo participativo que precedió a la sanción de la Ley 26.522 (con foros de debate en todo el país), con algunas "consultas" y reuniones, fundamentalmente con los operadores del sector privado del sector.

No aclara la nota si otras disposiciones de la ley de medios, como la reserva de espectro radioeléctrico para los medios públicos (tan bajo ataque del gobierno por estos días) o los administrados por las organizaciones sociales, se mantendrían.

Como novedad del proyecto, se introduciría un impuesto que pagarían las plataformas de contenidos audiovisuales y musicales como Netflix y Spotify, cuyo producido estaría destinado a financiar el cine, la música y el teatro nacionales.

Curioso: exactamente lo que hacen los actuales artículos 94 y 97 de la Ley 26.522 (más información al respecto acá), pero a cargo de los operadores de cable y los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual, que pagan el impuesto con un porcentaje de su facturación por publicidad comercial; de modo que lo que haría el mismo gobierno que le retaceó los fondos al INCAA por ejemplo, sería sacarle ese impuesto a Clarín (básicamente) y los demás operadores locales, para transferírselo a las plataformas que llegan desde el extranjero.

O sea que la nueva "Agencia de Comunicaciones Convergentes" (ACC) haría exactamente lo mismo que el ENACOM al cual sucedería: tutelar los negocios e intereses del Grupo Clarín. 

Como dato de color, ayer también la Corte Suprema de Justicia de la nación decidió sumar su granito de arena a esta cruzada de fomento de las Pymes como el Grupo Clarín, fallando a favor de Loma Negra y eximiéndola por el pago de impuestos por una fusión empresarial; cosa de ir preparando el terreno por si a alguien se le ocurriera cobrar algún impuesto por la que hace poco cerraron Cablevisión y Telecom.