Hurgando entre viejos papeles en escritorios de despachos oficiales, encontraron que el Estado nacional (es decir, el gobierno) tiene el 51 % de las acciones de YPF junto con las provincias petroleras; con la obligación de votar siempre en el mismo sentido.
Y en los mismos papeles decía que YPF controla el 55 % del mercado de los combustibles, lo que le da posición dominante, permitiéndole por ejemplo fijar los precios.
Eso sí: va a costar convencerlo a Macri, que instruyó a sus diputados que voten en 2012 en contra de la Ley 26.741, por la que el Estado recuperó el control de la empresa.
Y a Aranguren, que hace apenas tres meses la quería desguazar por -justamente- tener posición dominante en el mercado, en perjuicio de las otras petroleras, entre ellas obviamente, su ex empleadora Shell.
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