EL SOCIALISMO Y ESA VIEJA COSTUMBRE DE HABLAR AL GAS

Tal como da cuenta esta nota publicada en el portal del gobierno provincial, se realizó en la semana la audiencia pública convocada por el ENARGAS por la obra del gasoducto de la costa (la red domiciliaria de distribución, en realidad); que debería haber hecho la distribuidora Litoral Gas pero no tiene en sus planes de inversión, y el gobierno de Lifschitz ofrece hacerse cargo de ella, a condición de poder explotar luego la distribución del gas a los hogares comercios e industrias conectados. Seguidamente transcribimos las partes más importantes de la intervención del gobernador y su Secretaria de Energía (las negritas son nuestras):

“Si esta audiencia se está realizando, es porque hay una iniciativa del gobierno de Santa Fe, a través de su empresa de energía Enerfe (Santa Fe Gas y Energías Renovables), para ejecutar esta obra. Si no fuera por esta decisión política, no habría audiencia pública ni debate sobre el tema, ni habría perspectiva de que esta obra se realice por lo menos en los próximos cinco años, porque no está incluida dentro de las prioridades establecidas en la revisión tarifaria de la empresa. No hay posibilidades de hacer la obra si no es con una fuerte inversión del gobierno provincial, a través de su empresa de energía”.

“El gobernador solicitó “con insistencia que se aplique el régimen, que también establece el marco regulatorio, de otorgarle a Enerfe el carácter de subdistribuidor para poder explotar y garantizar el servicio a los actuales y futuros usuarios, porque esto está inscripto dentro de la política de desarrollo energético que planteó la provincia con un amplio consenso de los sectores políticos". "Esta ley, en su momento, fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras y expresa la voluntad del gobierno y de la Legislatura de intervenir de manera activa en el mercado de distribución de gas y energías renovables para un sector muy importante de la provincia que no cuenta con el servicio, a pesar de estar dentro del ámbito de jurisdicción de la empresa concesionaria (Litoral Gas)”.

“El gobernador argumentó que la provincia "no va a utilizar para esta obra recursos provenientes de los propios beneficiarios, sino que utilizaremos recursos del tesoro provincial. Por eso creemos que es fundamental que el patrimonio quede en manos de la provincia y Enerfe para su posterior explotación". Para el gobierno provincial "los servicios públicos esenciales deben ser prestados por el Estado. Por eso la energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento se hace a través de empresas públicas. No es el caso de la prestación del servicio de gas porque ha sido siempre de jurisdicción nacional y porque está dentro del régimen de privatizaciones que se llevaron adelante en los años 90”.

“Reivindicamos también la potestad del Estado provincial de convertirse en subdistribuidor, sin competir, y de manera complementaria con la empresa Litoral Gas, para prestar el servicio a sectores sociales y territorios que probablemente no van a poder contar con este servicio durante muchos años si no es a través de la iniciativa pública. Ese es el objetivo de la propuesta". En sintonía, la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, reafirmó "la decisión de la provincia de Santa Fe de llevar adelante este proyecto. Los recursos están, la empresa está y tenemos todo el derecho a querer desarrollar, en temas de energía, nuestra propia estrategia y para eso la provincia creó Enerfe.”.

Dicho esto, pasemos ahora a los datos duros (oficiales) para ver en que medida hay una real intención de la provincia de invertir en el tema, o estamos en presencia de otras de las habituales ventas de humo (en éste caso de gas) a las que nos tiene acostumbrados el socialismo.

Santa Fe Gas y Energía Renovables (ENERFE) fue creada en el año 2016 por la Ley 13.527, como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), con un capital social que está en un 55 % en manos del Estado provincial, y el restante 45 % dividido en tres categorías de acciones del 15 % cada una, a ser suscriptas por las municipalidades y comunas, las cooperativas del sector público y el sector privado con fines de lucro, respectivamente. Primera acotación: Lifschitz reivindica el rol del Estado en materia de prestación de servicios públicos esenciales, pero la ley que creó la empresa contempla la participación del capital privado.

No en la ley de creación sino en los decretos reglamentarios, el capital social de ENERFE fue fijado en 30 millones de pesos (cifra que se entendió adecuada a su objeto social y plan de acción), a ser integrado en efectivo en un 25 %, con lo cual el capital líquido y disponible de la sociedad son 7,5 millones de pesos.

Meses después de aprobada la ley de creación, por el Decreto 2294/16 la provincia integró en efectivo su parte de ese 25 % ($ 4.125.000), y por el Decreto 4142/16 otro 43 % más por $ 3.225.000, por una razón muy sencilla que cuenta ésta última norma: ni las municipalidades y comunas (que tienen un 15 % del capital social de la empresa), ni las cooperativas de servicios públicos (a excepción de una que prometió integrar el 2 % de el monto a integrar en efectivo, pero no lo hizo), ni el capital privado suscribieron e integraron el capital de la sociedad; que en términos efectivos (no de libros quedó resumido a esos $ 7.350.000 aportados por la provincia en dos tramos). 

Por si no se entendió: pese a que la ley de creación contempla que puedan suscribir acciones las entidades empresariales (como la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural o ADE, que integran la "Mesa Productiva" que le pide al gobierno provincial hacer la obra), ninguna de ellas puso un centavo en el capital de la empresa de gas provincial. Vocación por la inversión de riesgo, que le dicen.

Fuera de eso, la SAPEM fue incluida en el presupuesto provincial con un presupuesto total de 30 millones de pesos, la mitad de los cuáles son para gastos corrientes (sueldos y gastos de funcionamiento) y la otra mitad (15 millones) para gastos de capital; de los cuáles ni un solo centavo está destinado a obras de gasoductos secundarios, o redes de distribución domiciliaria de gas. Segunda acotación: la “voluntad política” que manifestaron en la audiencia Lifschitz y su Secretaria de Energía no se traduce en la asignación concreta de recursos para hacer la obra.

Pero hay otros aspectos oscuros en el caso: si el ENARGAS autorizase al gobierno (o a a su empresa de gas) a hacer la obra, contrararían en forma directa (es decir, sin hacer licitación pública) a Brumont S.A., una empresa rosarina que es -hace años- la principal y casi exclusiva contratista de las obras que lleva adelante Litoral Gas S.A., la distribuidora de gas de la región a la que la provincia pretende sustituir en éste caso en particular, en la distribución para los distritos de la costa.

La pregunta es bajo que régimen legal (que no sería el que rige obligatoriamente los contratos del Estado provincial) se contrata en forma directa a una empresa (cuyo titular además está procesado por evasión impositiva) para realizar una obra que tardaría cinco años para ejecutarse y ser habilitada, de cuyo costo no se informa; pero algunos estiman hoy en 500 millones de pesos a valores de hoy, con insumos dolarizados, como los caños de la red por ejemplo; que provee en el país el grupo Techint, que a través de su empresa Tecpetrol Internacional es propietario del 30 % de las acciones de Tibsa Inversora S.A., la sociedad controlante de Litoral Gas S.A.

También cabe preguntarse con qué recursos pagaría ENERFE un contrato que (de ser ese el monto) multiplica por 17 su capital social (de libros, no el efectivamente integrado)y el presupuesto que tiene asignado, y por 34 el específicamente previsto para gastos de capital. Tercera acotación: si como dijo el gobernador sería con fondos del Tesoro, razón de más para preguntarse por qué no se haría licitación pública para contratar los trabajos.

Otro dato: el listado de obras de tendido de redes de gas anexo a la Ley 13.543 que autorizó el endeudamiento de la provincia en 500 millones de dólares, suma 20 millones de la misma moneda (unos 476 millones de pesos, al tipo de cambio de ayer). Cuarta acotación: eso supone que están diciendo que una sola de las obras de gas previstas, cuesta más que todo lo asignado por la Legislatura para obras de gas en toda la provincia, al autorizar el endeudamiento.

Pero además que una cosa es tomar deuda para que la obra se haga (lo que Santa Fe ya hizo, y está pagando la deuda), y otra muy distinta es hacerla: el gobierno ni siquiera puso la obra en el presupuesto, porque necesita autorización del ENARGAS para hacerla, y para eso pidió la audiencia pública. Quinta y última acotación: si finalmente la obra fuera autorizada y se concretara, la pregunta es con que recursos solventaría la sociedad creada por la provincia (hasta acá, mayoritariamente en el papel) la prestación de los servicios de distribución final a los usuarios.