En la campaña electoral del 2015 Aranguren decía que no era trascendente para el país alcanzar el autoabastecimiento energético, planteado como objetivo de interés público por la Ley 26.741 por la que el Estado recuperaba el control de YPF; a la que Mauricio Macri y el PRO se opusieron, dicho sea de paso.
Por entonces, muchos asociaron sus dichos con su condición de CEO de las operaciones de Shell en el país durante muchos años, y no pasaron de ahí: no se tomaba cuenta cabal de lo que esa idea significaba para el desarrollo de la industria petrolera en el país, y para todas las industrias asociadas a su cadena de valor, y los pueblos, ciudades y provincias que de ella dependen.
Ya con "Cambiemos" en el gobierno y con el Ministerio de Energía y Minería "loteado" entre los suyos, las petroleras no pararon de recibir beneficios del gobierno: eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo, supresión de toda obligación de informarle al Estado sobre sus planes de inversión para aumentar la producción y de todo control estatal sobre su cumplimiento, subsidios a la producción del gas "viejo" (es decir, el de los yacimientos ya explotados) tanto como al "nuevo" (o sea, el que resultaba de nuevos yacimientos, que ampliaban las reservas y exigían invertir en exploración), fijación de un nuevo precio sideral para el gas en boca de pozo, sin tener en cuenta sus reales costos internos de producción y muy por encima -incluso- de los precios internacionales.
Luego llegaron las frutillas del postre: un convenio especial de flexibilización laboral para los yacimientos de Vaca Muerta, con una fuerte baja de los costos laborales (es decir, con una importante resignación de sus derechos por parte de los trabajadores); y la liberación total de los precios de los combustibles en el país, dejándolos sujetos a la evolución internacional del precio del petróleo, y a la flotación del tipo de cambio.
Los resultados son conocidos: la producción de gas y petróleo sigue en declive, las naftas aumentan casi una vez al mes engordando los balances y las utilidades de las petroleras, y como lo muestra la imagen de apertura, las importaciones de petróleo crecen en forma geométrica porque -aducen- les sale más barato importar el petróleo para refinarlo y vender combustibles a precio dolarizados, que producirlo en el país.
Las consecuencias sociales de esa decisión son cierre de pozos, levantamiento de campamentos, pérdida de puestos de trabajo y crisis sociales en provincias petroleras, como Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz.
Pero además las crecientes importaciones de combustibles presionan sobre la balanza comercial (con un déficit que crece mes a mes, año a año), la balanza de pagos y el déficit de cuenta corriente; sumando en consecuencia otro factor más a la insustentabilidad absoluta del modelo económico de "Cambiemos".
Y disparando a su vez la inflación: conforme sube el dólar en el país, se encarecen las importaciones de petróleo, cuyo precio internacional además sigue subiendo; esto dispara nuevos aumentos de las naftas, y estos alimentan la espiral inflacionaria.
Todo por directa consecuencia de medidas tomadas por "el mejor equipo de los últimos 50 años", cagándose en la inmensa mayoría de los argentinos.
Precisamente los efectos de la importación de combustibles sobre la balanza comercial, la balanza de pagos y el déficit de cuenta corriente, fueron los que llevaron al kirchnerismo en el 2012 a decidirse a recuperar el control de YPF para intentar revertirlos; claro que por entonces había un gobierno con sentido de lo nacional, y con una visión del país más amplia que la del CEO de una petrolera, que mide costos y beneficios para el sector.
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