AJUSTE POR INFLACIÓN

Para entender como funciona el brutal ajuste que supone el presupuesto nacional para el año que viene que el gobierno acaba de enviar al Congreso para cumplir con la meta del “déficit cero” a que se comprometió con el FMI, hay que tomar en cuenta las pautas macroeconómicas en base a las que está hecho, y como evolucionan los gastos y los recursos.

Según señaló Diujovne en la conferencia de prensa, se tomó en cuenta una inflación del 34,8 % para este año para ajustar las partidas actuales a las que se asignarían el año que viene, y allí está ya la primera trampa: esa cifra es la inflación que ya se lleva acumulada en lo que va del año (incluyendo una proyección del mes de septiembre muy optimista), y resta considerar la inflación que se acumule en los últimos tres meses; que el propio gobierno reconoció hace poco que sería del 42 %, y que bancos y consultoras privadas ya están estimando del orden del 45 al 50 %.

Cuando el ajuste nominal de las partidas es hecho tomando una pauta mucho menor a la inflación real, hay allí ya un ajuste, porque no se compensa en la asignación de los recursos públicos el deterioro del valor real de los fondos, causado por la inflación. Pero la cosa es aun peor, porque en el presupuesto que acaba de ingresar al Congreso los gastos del Estado nacional crecen en promedio un 26,9 %, o sea 7,9 puntos menos que la inflación considerada para elaborarlo, 15,1 puntos menos que la inflación anual estimada por el propio gobierno para este año y entre 18,1 y 23,1 puntos menos que la estimada por los privados.

De modo que toda área del Estado que vea incrementadas sus partidas en menos de cualquiera de las dos bandas de inflación consideradas (la inferior del 34,8 % con la que se hizo el presupuesto, la superior del 50 % de las mayores estimaciones privadas) estará sufriendo un ajuste real, dependiendo su magnitud de cuanto se aleje de ellas.

A su vez, el proyecto de presupuesto refleja el nuevo organigrama del Poder ejecutivo y de la Administración Nacional, como consecuencia del DNU que suprimió y fusionó ministerios, con casos arquetípicos por lo controversiales, como los de Salud, Trabajo o Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Y finalmente, al presentar el proyecto Dujovne dijo que el ajuste no afectaría a los sectores más vulnerables, porque se incrementarían las partidas sociales, en términos reales, pero los propios números del proyecto lo desmienten: Y si no veamos:

* El área de Desarrollo Social propiamente dicha (es decir sin considerar que ahora absorbió a la ANSES y Salud, por ejemplo, y ya se había desprendido de lasi pensiones contributivas) pasó de un presupuesto de $ 53.883.779.489 este año, a uno de $ 63.806.135.797 para el año que viene: un aumento del 18,41 %; casi la mitad de la pauta inflacionaria estimada por el gobierno para hacer el presupuesto, y por debajo incluso del promedio general de crecimiento del gasto público.

* El área de Salud pasó de $ 46.414.583.477 este año siendo ministerio, a $ 45.521.012.926 para el año que viene, como “Secretaría de Gobierno” en Desarrollo Social: una caída en términos nominales del 1,93 %, ni hablemos de los efectos reales de la poda, si a eso le añadimos la inflación, en cualquiera de las estimaciones indicadas)

* El área de Trabajo (sin incluir Seguridad Social ni la ANSES, que pasaron a Desarrollo Social) pasó de $ 9.039.646.982 a $ 9.133.703.132: un aumento nominal del 1,01 %, o sea un brutal ajuste, en términos reales.

* Educación (sin Cultura ni Ciencia y Tecnología, que le fueron traspasadas) pasó de $ 163.167.360.587 este año, a $ 197.718.192.103 el año que viene: un aumento nominal del 21,17 %, por debajo de todos los indicadores señalados anteriormente.

Dentro de ella, los fondos destinados a las 57 universidades nacionales pasaron de $ 103.212.020.039 a $ 138.114.123.192, una suba del % 33,81 % casi en línea con la inflación calculada por el gobierno, pero bastante por debajo de la real. Acaso una respuesta (insuficiente, claro está) frente a las tomas de facultades y las protestas de la comunidad universitaria en todo el país. El programa PROGRESAR pasó de $ 9.894.085.000 este año, a $ 9.480.616.767 éste el año que viene: una poda nominal del 4,18 %.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los programas de compensación salarial para las provincias que no pueden pagar los salarios pactados en la paritaria nacional docente tendrán un incremento del 3,4 %: se ven claramente los efectos del desmantelamiento por el Decreto 52/18 de Macri de la paritaria nacional docente. Recordemos que hasta último momento de las negociaciones la nación trató de traspasar directamente el FONID a las provincias.

* El área de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (absorbida por Educación) pasó de $ 19.010.057.108 a $ 21.463.147.323: una suba nominal del 12,90 %, fiel reflejo de las políticas del gobierno de “Cambiemos” para el sector.

Un aumento del 27,43 % en las partidas destinadas al CONICET (por debajo de toda estimación de inflación) se vio más que compensada con podas brutales en términos nominales en los demás programas del área, incluyendo los aportes a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

* Los subsidios al transporte pasaron de $ 39.197.255.592 este año, a $ 24.000.000.000: una poda nominal del 38, 77 %, a la que hay que sumarle el efecto de la inflación. Está claro que habrá nuevos y drásticos aumentos del boleto de colectivo (urbano y de media y larga distancia), porque además les transfieren la responsabilidad a las provincias.

* Pero no todas son pálidas, ni todos los gastos del Estado sufren podas nominales o reales: los subsidios que se les dan a las petroleras para estimular la producción pasaron de $ 26.310.314.946 en 2018, a $ 47.894.198.056 el año que viene: un crecimiento del 82,03 %; o sea el doble de la pauta inflacionaria prevista por el gobierno para todo el año, y 47,23 puntos por encima de la que usó para elaborar el presupuesto.

Algo parecido pasa con los subsidios que deben transferirse a CAMMESA para las compras de electricidad a las generadoras: como consecuencia de la dolarización de las tarifas, pasarán de $ 64.961.827.403 a $ 104.077.041.407, de un año a otro: un aumento del 60,21 %, todo eso considerando que se cumplan las predicciones oficiales sobre la evolución del dólar; salvedad que también vale para el subsidio a las petroleras.