Tuit premonitorio: https://t.co/V3O34bbbzi— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
El mensaje del presupuesto dice que el año que viene van a reducir más de un 50 % el déficit de cuenta corriente por "una mejora en la percepción internacional del país como se reflejó en la elección de la Argentina como país líder del G20". No hay remate— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
El gobierno dice que la causa de los cuadernos perjudicó a la inversión pública, sobre todo en la obra pública contratada por sistema PPP, pero que el año que viene va a crecer...de la mano de los PPP. Acá no entiende el que no quiere— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
También dicen que dado el éxito de los préstamos UVA los van a profundizar. Drogas duras— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
Este hilo 👇 https://t.co/bAuEWNDySL— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
En el proyecto de presupuesto prorrogan las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para fijar retenciones hasta fines del 2020, con lo cual admiten implícitamente que ya estaban vencidas— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
En el presupuesto contemplan manotear de nuevo utilidades del Banco Nación para financiar al Tesoro por 15.000 millones de pesos. Lo siguen vaciando— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
El proyecto de presupuesto deroga la Ley 27.201 que estableció la asignación universal por deportista. Gestión Mac Allister— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
Bajan de 1,40 a 1,20 el coeficiente de bonificación de las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y para veteranos de guerra en la región Patagónica. Otra vez cagan a los gobernadores— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
Por lo que hasta acá pudimos ver, el presupuesto es un enorme caballo de Troya, repleto de trampas en su interior— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
Según el presupuesto 2019 el gasto del Estado nacional en Santa Cruz caerá el 19 % en términos nominales, sin contar la inflación. La persecución política es total— La Corriente K (@lacorrientek) 17 de septiembre de 2018
No nos vamos a considerar pitonisos o Nostradamus por haber acertado lo obvio: el presupuesto nacional que presentó ayer Dujovne es un dibujo inverosímil, tanto en sus proyecciones macroeconómicas como en los supuestos téoricos que lo fundamentan. Si las explicaciones del ministro ayer en la conferencia de prensa parecieron delirantes, piensen ustedes en exactamente esos mismos disparates, dichos por escrito (incluyendo la referencia a la causa de los cuadernos), en el mensaje de elevación del proyecto al Congreso de la Nación. La falta de respeto del macrismo a las instituciones es absoluta, lindera ya en el desprecio a la democracia.
Pero además de los cálculos sobre el comportamiento de las principales variables económicas (la inflación, la evolución del PBI, el dólar) el presupuesto condensa el total de los recursos que el Estado piensa recaudar, la forma como los va a gastar y un montón de cosas más contenidas en la ley; a las que usualmente se les suele prestar poca atención. Algunas de esas "perlas" están desgranadas en los tuits de apertura, y otra las vamos a enumerar a continuación; en una mirada preliminar del proyecto en sí, que estuvo disponible recién a la tarde en el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
* En la búsqueda del "déificit cero" y en un presupuesto que (según Dujovne) fue hecho con una proyección de inflación para este año del 34,8 %, los recursos crecen un 41,6 % (casi en línea con la inflación real), y los gastos un 26,9 % (casi 20 puntos abajo de esa misma pauta); lo cual supone un ajuste brutal.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, pese a tener sus funciones ampliadas con la absorción de Ciencia y Tecnología, crecerá en sus partidas un 23,6 % (casi la mitad de la inflación estimada para éste año), Transporte caerá un 27,6 % y Hacienda (del cual ahora depende Energía) cae un 6,8 %; lo que denota que caerán los subsidios al transporte y a la luz y el gas, y seguirán aumentando las tarifas. De hecho, el proyecto oficializa la eliminación del SISTAU, el fideicomiso que manejaba los recursos que se transferían a las provincias para subsidiar el gas oil destinado a las unidades del transporte público de pasajeros, lo cual augura fuertes incrementos en el boleto de los colectivos urbanos e interurbanos.
* Las "Transferencias" crecerán un 25 % en términos nominales, es decir, casi dos puntos por debajo del promedio general de crecimiento del gasto, casi 10 puntos por debajo de la inflación tenida en cuenta para hacer el presupuesto (del 34,8 %) y según la estimación que se adopte para este año, entre 17 y 23 puntos por debajo de la inflación calculada.
Si advertimos que con esa partida se pagan las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas), los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y los fondos asignados a las universidades nacionales, tendremos una idea concreta de por donde pasará el ajuste el año que viene, si el presupuesto es aprobado tal como fue enviado por Macri al Congreso.
* Los gastos de capital (la inversión pública) caen en términos nominales de un año al otro un 17,7 % y la inversión real directa (obras encaradas por el Estado nacional) un 16,2 %, lo que "apaga" uno de los motores que pueden dinamizar la economía; sin que se advierta que los contratos PPP (Participación Pública Privada) puedan reemplazarlo, cuando hasta bancos "amigos" como el HSBC se niegan a dar financiamiento a esos fines.
Por lo demás, los proyectos a ejecutarse por ese sistema con inicio efectivo en el 2019 son escasos, y mal distribuidos geográficamente: en Santa Fe por ejemplo otra vez vuelve a quedar afuera el puente Santa Fe-Santo Tomé, y para su equivalente que uniría Santa Fe y Paraná se destinan apenas $ 2.171.000, más o menos lo que debe costar la publicidad del llamado licitatorio.
* Las partidas para atender el pago de la deuda ("Servicio de la Deuda Pública") son $ 745.652.000.000, el 17,87 % del gasto total (el segundo rubro luego de las prestaciones de la seguridad social), con un crecimiento interanual del 41 %, y un monto equivalente a 9,06 veces el gasto en "Bienes de Uso", o sea la inversión pública.
* Se modifica la Ley 27.260 en cuanto hace a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el reemplazo macrista de las moratorias previsionales del kirchnerismo: ahora la ANSES, en forma
previa al otorgamiento de la prestación realizará evaluaciones socioeconómicas
y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, a
fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad, y pasaría a ser incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de
dependencia o por cuenta propia.
* Se introduce un cambio muy sugestivo en el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, en cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo para realizar una reestructuración de la deuda pública: ya no se exigirá (como en el texto vigente) que la reestructuración "implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.", sino "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".
Es decir, ante la perspectiva cada vez más cierta de un default que obligue a reprogramar vencimientos de la deuda, el macrismo quiere despejar toda duda de los acreedores respecto a que ensaye alguna solución al estilo de los canjes de deuda del kirchnerismo en 2005 y 2010, con quita del capital y postergación del pago de intereses. Claro que de ese modo deja abierta la puerta para generar otro "megacanje" como el del 2001, que le explote en las cuentas públicas al gobierno que suceda al de Macri.
* Se autoriza la emisión de letras del Tesoro por hasta 800.000 millones de pesos, y de deuda por otros 1600 millones de dólares para abonar a los productores de biodiésel el nuevo valor de corte establecido por el Ministerio de Energía y Minería, antes de ser disuelto.
* Se introducen cambios a la ley 27.328 que reglamenta los contratos de Participación Pública Privada (PPP), que también son muy sugestivos: la intervención del Congreso para autorizar la afectación de recursos públicos a los fideicomisos del sistema PPP solo será necesaria “En el caso que el contrato de participación público-privada pueda comprometer
recursos públicos de ejercicios futuros", lo que dejaría a salvo los compromisos que ya este año tomó el gobierno de Macri, comprometiendo a través del Banco Nación el financiamiento para los corredores viales que deberían haber puesto por su cuenta los adjudicatarios de las licitaciones; de acuerdo con los pliegos.
Por otro lado contempla la posibilidad de aumentar en el presupuesto de cada año el tope (calculado en montos sobre el PBI) de los contratos a ejecutar por este controversial sistema; mientras que se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar el monto de cada uno de los proyectos incluidos en el régimen para el año que viene (valuados en dólares), hasta en un diez por ciento (10 %).
* Se establece como monto máximo a transferir a las Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas a la nación (como la de Santa Fe) para financiar su déficit de 17.000 millones de pesos; y se dispone que la ANSES será
la encargada de determinar los montos totales a ser transferidos a cada provincia; quedando facultada para suspender el pago a aquellas provincias que incumplan con
las obligaciones dispuestas por las Leyes Nros. 27.260, 27.429, 27.431, los Decretos
Nros. 894 del 27 de julio de 2016 y 730 del 8 de agosto de 2018, y sus normas
reglamentarias y complementarias.
En criollo: pese a los compromisos asumidos por el gobierno nacional al aprobarse la "reparación histórica" y el blanqueo de capitales primero, y el pacto fiscal después, se les seguirá exigiendo a las provincias que no transfirieron sus Caja jubilatorias que "armonicen" su sistema y los beneficios que paga con los nacionales, para enviarles la plata. Como ven, se mantiene incluso vigente el Decreto 894/16, a cuya derogación se comprometiera expresamente Macri en el pacto fiscal; y sobre el Decreto 730 de éste año, ver acá. Por otro lado, el importe asignado representa migajas: solo la Caja de Jubilaciones santafesina tendría un déficit de 6000 millones éste año, con tendencia a incrementarse para el año que viene, y son un total de 13 jurisdicciones provinciales las que deberían repartirse esa plata.
* Se reducen los plazos de prescripción del Código Aduanero (Ley 22.415) de cinco años a tres,para que el fisco pueda cobrar las deudas por tributos aduaneros impagos, multas por infracciones o reclamos por cobro indebido de reintegros a las exportaciones; y finalmente se faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar el año próximo planes de retiro voluntario para el personal de todos los organismos del Estado, el que una vez acogido al mismo no podrá ser reemplazado.
* Así como se baja del 1,4 al 1,2 (ver tuits de apertura) el coeficiente diferencial que perciben los jubilados y pensionados nacionales de las provincias patagónicas (para los que alcancen los beneficios a partir de ahora), se rebaja del 1,4 al 1,3 el mismo coeficiente para los nuevos beneficiarios de asignaciones familiares y AUH de esas mismas provincias. Una vuelta de tuerca sobre la "marcha atrás" del DNU 702, que el gobierno se apuró a derogar antes de que lo hiciera la oposición en el Congreso.
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