MACRI, EL MANDADERO

En solo tres días de la semana pasada (entre el lunes y el miércoles, para ser más precisos) el gobierno de Macri produjo dos hechos significativos para la configuración del mapa de medios de la Argentina: el más conocido fue, por supuesto, la aprobación por el Senado del proyecto de que extirpó quirúrgicamente 8 artículos del texto de la Ley 26.736 sobre producción, distribución y comercialización de papel para diarios, en directo beneficio de Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios y controlantes de Papel Prensa.

El otro fue anterior, y tuvo menos repercusión: el lunes pasado era publicado en el Boletín Oficial (completo acá) el Decreto 1133, que derogaba el sistema por el cual los medios podían canjear deudas impositivas con el fisco nacional, por espacios de publicidad oficial.

Acaso alguna podría pensar -con cierta razón. que la medida fue acertada, porque como lo dice el decreto, consagraba un privilegio a favor de las empresas propietarias de medios de comunicación (escritos o audiovisuales) del que no gozan otros sectores de la economía, pero la decisión debe ser sopesada en su contexto (que incluye el mencionado proyecto sobre el papel de diarios), y en sus propios fundamentos.

En efecto, según consta en los considerandos del decreto, para el gobierno "...la innovación tecnológica introducida en el sector, así como la adecuación de las empresas como consecuencia de las reorganizaciones o adquisición de otros medios de comunicación, han puesto de manifiesto que algunas de las nuevas plataformas no resultan de interés para la apropiada aplicación de la publicidad oficial, circunstancia esta que condiciona la prestación del servicio para la cancelación de las obligaciones incluidas en los acuerdos suscriptos." (las negritas son nuestras); como si el hecho de que -por ejemplo- todos los diarios en papel o la mayoría de ellos tengan su versión digital no permitiera que en ellos se paute publicidad oficial.

O como si el gobierno fuera por completo ajeno al proceso de concentración de medios vía adquisiciones o fusiones, y no lo hubiera favorecido amputando de la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, aquellas cláusulas antimonopólicas que obligaban a desinvertir, a través del DNU 267/15.

Si a alguno se le pasó por la cabeza que la lógica del gobierno al dictar el decreto era asegurarle al fisco la percepción regular de los impuestos que le corresponden, el propio decisorio lo disuade, al señalar que "teniendo en cuenta que por el artículo 3° del Decreto N° 852/14 se dispone que “Los espacios publicitarios o los servicios cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros…”, y que dicha Secretaría de Comunicación Pública ha determinado que de entre las empresas que han solicitado su ingreso al sistema de dación en pago, ninguna responde a las necesidades de comunicación institucional, dado que la suscripción de los Acuerdos resulta facultativa, deviene innecesario mantener la vigencia de los mencionados decretos." (otra vez, las negritas son nuestras)

Traducimos: en ninguna parte del decreto se menciona cuáles son las empresas de medios que solicitaron acceder al beneficio de canjear deudas impositivas por espacios de publicidad oficial, pero es sencillo colegir que son -en su mayoría- las que no vienen recibiendo pauta oficial, por sostener una línea crítica del gobierno.

De donde se sigue que el efecto práctico de la derogación del decreto es asfixiarlas por una doble vía: la sequía de publicidad oficial, y el torniquete impositivo. Para otros grandes deudores del fisco por impuestos (como La Nación, por ejemplo) abunda la pauta, y el Estado hace la vista gorda ante la cautelar eterna que le permite eximirse de pagar contribuciones patronales, o deducirlas del IVA, desde el 2002.

Pero en rigor de verdad, tanto el decreto como la ley sancionada con la colaboración necesaria del "peronismo alternativo" (que cree de ese modo acrecentar sus nulas chances electorales, gozando de parte del blindaje mediático del cual disfruta el gobierno) no están pensadas para beneficiar al gobierno, o algún sector de la política, sino a las propias empresas periodísticas dominantes.

A punto tal que las nuevas reglas de juego impactan en el mercado de adquisiciones del sector: veíamos acá en La Política Online como la operación de compra del diario "La Capital" de Rosario a Daniel Vila por Nahuel Caputo (accionista mayoritario de "El Litoral" de Santa Fe) se frenó por la imposibilidad de deducir deudas impositivas canjeando publicidad con el gobierno, y tampoco tendría seguridades respecto del precio al cual Papel Prensa (es decir, Clarín y La Nación) le venderían el insumo crítico de los medios gráficos.

Pese a que Caputo es socio (algunos dicen que en rigor es un prestanombre) de Clarín en AGL (la empresa que imprime ambos diarios, y otros más), no sería extraño que fuera el mismísimo hólding de Magnetto el ineresado en adquirir "el decano de la prensa argentina", como lo hizo antes con otros diarios tradicionales del interior del país, como "La Gaceta de Tucumán", "La Voz del Interior" de Córdoba y "Los Andes" de Mendoza.  

Es que aun en tiempos de medios digitales, los diarios en papel (o sus versiones en la red) siguen gozando del poder de instalar la agenda de lo que se discute, o sobre lo cual se hablará; y siguen siendo la plataforma por excelencia para bajar línea a los gobiernos, y extorsionarlos para sacarles negocios: los medios audiovisuales replican y expanden sus contenidos, pero siguen siendo tributarios de ellos.

De dónde en realidad el verdadero favor de la ley y el decreto no se lo hicieron Macri y los "peronistas alternativos" a sí mismos aunque así parezca y ellos lo crean: son simples mandaderos de un poder superior a ellos -como bien lo marcó Cristina en el Senado al discutirse la ley del papel para diarios-, que no vacilará en deshacerse de ellos cuando le molesten, o cuando ya no le sean de utilidad; como de hecho pasó la misma semana pasada, cuando en la mañana siguiente a la aprobación de la ley a la medida de Clarín, el diario de la cornetita destrozaba a Macri en la nota de Fernando González, el esposo de Ana Gerchenson que el día siguiente renunciaba a la conducción de la Radio Nacional macrista, a la que llegó de la mano de Hernán Lombardi.