Hace poco contaba acá Gustavo Castro en Diario Santa Fe como el Tribunal de Cuentas observó el decreto de
Lifschitz que adjudicaba a la firma Lodiser S.A. la impresión de los afiches de
la Caja de Asistencia Social (Lotería de Santa Fe); licitación muy sospechosa
de la que nosotros nos ocupamos en ésta entrada, a la que nos remitimos para más información sobre el tema.
Si bien el eje de
la observación legal era que la empresa no contemplaba en su objeto social
dedicarse a tareas de impresión, el gobierno se fue por las ramas en su intento
de responder los cuestionamientos del órgano de control, y terminó apelando a
una cuestión formal: la observación había llegado fuera del plazo de que
dispone el Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Ley 12.510 luego de haber
recibido los antecedentes; y en consecuencia el gobernador no debía dictar un
decreto de insistencia, porque el acto no quedaba suspendido en su ejecución.
Ahora vemos en el
decreto al que corresponde la imagen de apertura que pasó exactamente lo mismo,
en el caso de una licitación privada promovida por el Ministerio de Seguridad
de la provincia, para hacer obras en unos almacenes de su área en Rosario.
El tema es que en
este aso el decreto se limita a señalar que la observación legal fue
interpuesta fuera de término por el Tribunal de Cuentas, pero sin contarnos
absolutamente nada acerca de sus fundamentos, es decir, que fue lo que encontró
mal en el Decreto 2255 de éste año por el cual Lifschitz adjudicó la licitación;
con lo cual no nos quedó mas remedio que ir a verlo para entender de que se
trataba:
A simple vista,
surge claro que la cartera que conduce Pullaro llamó a licitación privada para
hacer una obra que por su monto ($2.729.776,14) debía hacerse por licitación
pública, ya que casi duplica el monto máximo establecido por la ley de
presupuesto (1,3 millones de pesos, tratándose de obras públicas) para que así
sea. Al no tener la resolución de Pullaro que instrumentó el llamado, no se puede
saber si -por ejemplo- apeló a la Ley 13.297 de emergencia en seguridad,
vencida ya en el 2013, como hicieron en las obras del Plan Abre, para no llamar
a licitación.
Y hablando del Plan
Abre: para peor, en el primer momento la más “barata” de las dos ofertas
presentadas fue de EDECA S.A., una de las empresas favoritas del socialismo y
principales beneficiarias del reparto de las obras de ese plan en Rosario (ver acá); y estaba un 43,34 % por encima del presupuesto oficial, y la otra (de
otra conocida de la obra pública provincial), lo sobrepasaba en un 54,47 %.
Por eso llamaron a
una “mejora de ofertas”, previo “retocar” el presupuesto oficial llevándolo a $
3.106.485,25 (un 13,80 % más que el original), “mejora2 en la que EDECA S.A. le
hizo al Estado una rebaja del 5 %; quedando aun así un 19,65 % por encima del
presupuesto oficial “retocado”: una diferencia que el decreto considera “dentro
de los márgenes tolerables “ y “conveniente a los intereses del Estado
Provincial”, según consta en sus fundamentos.
Como resultado,
Lifschitz termina adjudicando por licitación privada una obra que supera en un
138,96 % el importe fijado por ley, a partir del cual es obligatorio hacer
licitación pública. Quizás algo de todo esto haya sido parte de los fundamentos
del Tribunal de Cuentas al observar el decreto de adjudicación pero nunca lo
sabremos, porque el gobierno se sacó el lazo de encima con el argumento de que
la observación fue fuera de término.
Y el Tribunal se
sacó de encima su rol de controlar en tiempo y forma los decisorios del
gobierno que afectan la hacienda pública, suspendiendo su ejecución, una vez
más, en lo que ya parece ser un modus operandi para hacer de cuentas como que
controlan.
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