En el Boletín
Oficial de ayer salió publicado el DNU 465 (completo acá), por el cual Macri
instruye a la Secretaría de Energía que convoque a licitación pública nacional
e internacional, a los fines de adjudicar una licencia para la construcción y
operación de un gasoducto que conecte la Subzona Neuquén con Salliqueló, en la
Provincia de Buenos Aires, y con las Subzonas Gran Buenos Aires y Litoral, en
las proximidades de San Nicolás de los Arroyos.
Según el DNU, la
licencia a otorgarse deberá prever un Régimen Especial Temporario (RET), por un
plazo de diecisiete (17) años contados a partir de la suscripción de la misma,
aunque en realidad liego se remite a la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas),
con lo cual se extendería a 35 años, con opción a prórroga por 10 años más. El
antecedente de la medida es la convocatoria a la presentación de “manifestaciones de interés”
para la construcción del nuevo gasoducto por Resolución 82 de marzo pasado de
la Secretaría de Energía; norma en la que se contemplaba que el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES “participe en una parte
sustancial del financiamiento, en condiciones de mercado...”.
Señalamiento que
hacemos porque el mismo DNU se encarga de destacar en varios pasajes que la
construcción del gasoducto no implicará erogación alguna para el erario
público, como si la obra se tratase exclusivamente de una inversión a cargo de
los privados, lo cual justificaría el régimen de excepción que se le daría a la
licencia para operar el gasoducto una vez construido, que no sería
estrictamente el que establece la Ley 24.076 del marco regulatorio del gas: el
decreto aclara que no se trataría de tarifas reguladas sino de precios pactados
libremente en condiciones de mercado, sin intervención de la autoridad reguladora
(el ENARGAS), y por supuesto sin realizar previamente audiencia pública.
Lo curioso (o no
tanto) es que el decreto dice que la traza del gasoducto fue definida acueducto
de acuerdo con “las evaluaciones técnicas realizadas” por el
ENARGAS y los organismos de la Secretaría de Energía, “...con relación a las
manifestaciones de interés recibidas en el marco de la citada resolución,...”
(la 82 de marzo pasado, aclaramos); sin que sepamos cuáles son las empresas que
respondieron a la convocatoria y “manifestaron interés”.
El dato no es menor: el principal
beneficiario actual del gasoducto sería el Grupo Techint, a través de su
petrolera Tecpetrol, que viene liderando la producción em Vaca Muerta, y que
además con casi total seguridad si no construyera por sí el gasoducto,
proveería los caños para hacerlo, de los cuáles es el principal -si no único-
productor en el país. El gobierno de los Estados Unidos también habría
comprometido algo de financiación adicional para la obra (unos 200 millones de
dólares, el FGS de ANSES pondría 500), a cambio de la participación de empresas
norteamericanas.
Intentando justificar por que la
medida se apura con la sanción de un DNU (necesario porque se fija un marco
regulatorio distinto al existente, exclusivamente para esta obra), el decreto
señala en sus fundamentos que “...de seguirse el trámite legislativo ordinario,
la convocatoria y adjudicación de la respectiva licitación no podrá verificarse
dentro del próximo trimestre, con lo que no se conseguiría disponer de la puesta
en operación del gasoducto en el invierno de 2021 (considerando el plazo
estimado para su construcción), y su utilidad recién estaría disponible para el
invierno de 2022, lo que produciría un impacto negativo en la balanza comercial
energética del orden de los doscientos cuarenta millones de dólares
estadounidenses (U$S 240.000.000) sobre las necesidades de divisas de la
balanza comercial y postergando los demás beneficios señalados, en perjuicio
del país, pudiendo ello ser evitado con el inmediato dictado de esta medida.”.
Es curioso que al
gobierno que promueve y alienta una fuga diaria de capitales igual o superior a
esa cifra le preocupe, en este caso particular, la fuga de divisas, o la
balanza comercial; al punto de apurar las cosas y saltear al Congreso, en plena
campaña electoral. Dicen las malas lenguas que tanto apuro tiene una
explicación: el DNU sería la moneda de cambio exigida por Paolo Rocca para que
el Grupo Techint desista de demandar al Estado por el recálculo de los
subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta que se le deberían pagar a
Tecpetrol, de acuerdo con la Resolución 46 dictada en 2016 por Aranguren,
dolarizando los precios del gas en boca de pozo.
“Estas son mis
reglas de juego claras, estables y a largo plazo, pero si no me sirven, tengo
otras”, podría decir Rocca, parafraseando a Groucho Marx. ¿Acaso otro signo de
que en el gobierno no hay tanta confianza en la reelección de Macri como nos
quieren hacer creer?.
Bonus track: por supuesto los radicales harán como que protestan y por supuesto no les darán ni tronco de pelota, como cada vez que hay negocios involcurados. Tuit relacionado:
Bonus track: por supuesto los radicales harán como que protestan y por supuesto no les darán ni tronco de pelota, como cada vez que hay negocios involcurados. Tuit relacionado:
Spoiler: no les darán ni tronco de bola, como siempre que hay negocios de por medio: https://t.co/bb6UNaNSkC— La Corriente K (@lacorrientek) 11 de julio de 2019
2 comentarios:
Si corral no quierr hacer la carrera del tc para no generar deudas...los años anteriores nos empomo a todos???
Y para ratificar el DNU en el Congreso ¿El macrismo tiene los votos?
Difícil.
Rocca no come vidrio y sabe que se lo pueden tumbar.Pero crea un antecedente para después demandar al Estado con el futuro gobierno.
Y tendrá dos demandas: ésta y la del recálculo del subsidio del gas en boca de pozo. Y si cobra el juicio, reparte con Aranguren y su socio Macri. No digan que no hay reglas claras.
El Colo.
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