Leemos hoy en El Litoral que el autor material del asesinato de Pocho Lepratti fue visto en Arroyo Seco atendiendo un puestito de comida rápida, y se sabe que incluso guarda las cosas en la comisaría en la que se supone debería estar preso, porque goza ya de libertad condicional.
Hace pocos días conocimos dos noticias vinculadas a la vapuleada justicia santafesina: la anulación de la condena contra el ex arzobispo Storni, y el sobreseimiento de los policías acusados justamente de encubrir al asesino de Lepratti después de su crimen.
Hace poco se cumplieron ocho años de la tragedia del Salado, sin que la justicia santafesina haya condenado a nadie como responsable -por acción u omisión- de la catástrofe que se cobró las vidas de muchos santafesinos; y ni siquiera se imputó a Reutemann, o se lo citó a prestar declaración indagatoria.
Mientras tanto, las víctimas y damnificados siguen esperando una respuesta del gobierno provincial, que supere la mera puesta en escena montada hace dos años con este decreto, del que no se registra ningún avance posterior.
Causas emblemáticas, símbolos de la impunidad de que gozaron y gozan en Santa Fe quienes ejercieron el poder en sus diversas formas, y quienes les sirvieron, como soporte ideológico o como brazo armado.
Causas que son parte de la pesada herencia con que Hermes Binner asumió el gobierno en diciembre del 2007, levantando expectativas en vastos sectores de la sociedad santafesina que esperaban un cambio en ese sentido, similar ¿por qué no? al protagonizado por Néstor Kirchner en la nación a partir del 2003.
De hecho, el mismo día que el actual gobernador tomaba posesión de su cargo, dictaba este decreto estableciendo un mecanismo para la selección de los candidatos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia, copiado al pie de la letra de este otro decreto de Néstor kirchner.
Pero hasta ahí llegó el paralelismo y el ímpetu transformador del Frente Progresista: a casi cuatro años de gestión, no hubo de su parte (ni del Ejecutivo, ni de los legisladores oficialistas) el más mínimo movimiento tendiente a producir cambios en la cabeza del Poder Judicial santafesino (cuya responsabilidad en brindar cobertura de impunidad a las anteriores autoridades en las causas citadas y en otras, es innegable); y prácticamente no existieron jurados de enjuiciamiento de magistrados en esos mismos años.
Y no se diga que no tiene el oficialismo provincial mayoría en la Legislatura, porque tampoco Kirchner la tenía en el Congreso cuando la emprendió con la Corte menemista; y tampoco tiene nada que ver aquí la resistencia del propio Poder Judicial, como sucedió con la reforma del sistema procesal penal.
Lo que faltó, lisa y llanamente, fue voluntad política de producir cambios; y por esa razón es que Hermes Binner -a siete meses de concluir su mandato- tendrá que cargar con la responsabilidad histórica de no haber asumido la herencia de Reutemann, para superarla de una vez por todas.
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