Por A.C.
En estos días, el Presidente de un país, lamentó que haya especuladores y gente que hace apuestas sobre los precios del petróleo, lo cual "provoca un alza importante de los precios" en momentos en que "hay suficiente petróleo para responder a la demanda mundial". Por eso decidió crear en el ámbito estatal, un grupo de trabajo de lucha contra la delincuencia financiera que se concentrará específicamente en los delitos en el mercado de la energía.
El grupo de trabajo creado, buscará "pruebas de manipulación de los precios del petróleo o el combustible, de acuerdos, fraudes o publicidad engañosa a nivel de minoristas o mayoristas que violarían las leyes federales o estatales y perjudicarían a los consumidores".
El secretario de Justicia del mismo país, señaló que en los casos en que las alzas sean resultado de infracciones "las autoridades federales y de los Estados deberán tomar medidas rápidas”.
Para ese Presidente, el objetivo es acabar con las malas prácticas que influyen en el precio de la nafta y eso incluye “cualquier actividad ilegal por inversionistas y especuladores”.
El Presidente responsable de estas declaraciones y del desarrollo de actividades estatales para impedir el alza artificial del precio del combustible (que en ese país se incrementó un 25% en el último año), no es el Presidente de Cuba, tampoco el de Venezuela, sino el primer mandatario de los Estados Unidos.
Los fundamentalistas del mercado, que abundan en los medios periodísticos de Argentina, y que pretenden por lo general un profundo conocimiento de la economía, en realidad evidencian su liviana repetición de frases de manual -y de manual en desuso-, y frente a éstas realidades económicas no tienen explicaciones. O las tienen, pero prefieren no comentarlas, porque tendrían entonces que reconocer que en esas iniciativas, como la implementada por el gobierno de EE.UU., hay un objetivo de bienestar general, con intereses políticos y prevenciones en el frente económico, para la preservación del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y para evitar distorsiones en la marcha de la economía.
Estos muchachos fundamentalistas, nunca quisieron entender que los problemas de la economía deben ser comprendidos incluyendo el marco político en el que se producen y considerando el poder económico que los genera. Si se elimina ese gravitante elemento en el análisis, se separa a la economía de la realidad. Ellos deliberadamente desconocen esa íntima vinculación, porque esa es su estrategia para acompañar al poder económico, del cual son religiosamente obedientes a causa de regulares reconocimientos.
En una entrada anterior explicábamos que todos los países avanzados, adonde los fundamentalistas miran seducidos y omnubilados, disponen de una legislación que proteje a sus mercados internos de consecuencias negativas derivadas de la concentración económica. Y que también nuestro país posee las herramientas legales para intervenir cuando se producen alzas artificiales de precios propias de una economía concentrada.
Pero cuando nuestro Gobierno recurre a la ley para preservar el interés general, los fundamentalistas (financiados por grupos económicos que pretenden márgenes de ganancias implanteables en los países centrales) llenan páginas de diarios e interminables horas de radio y televisión, reiterando las inconsistentes frases de sus manuales en desuso. Esos fundamentalistas y defensores de las ganancias siderales, deberían recordar la tesis de un premio Nobel de economía (norteamericano, como ellos prefieren) Kenneth Arrow, quien refiere que la búsqueda exclusiva de una maximización de los beneficios, no resulta óptimo para la sociedad, porque acentúa una distribución del ingreso desigual y carente de equidad, ya que que los mercados que existen en la realidad, son mercados imperfectos.
Por eso, se insiste en que los problemas de la economía deben ser comprendidos incluyendo el marco político en el que se producen y considerando el poder económico que los genera. Esto explica que en los países centrales, luego de la crisis iniciada en el año 2008, los enfoques económicos coincidan en que la condición necesaria para que funcione un mercado libre, es que las instituciones públicas apliquen necesariamente normas de control y regulación. El Gobierno Nacional, conjuntamente a las demás medidas económicas implementadas, las aplica desde el plan puesto en marcha en el año 2003, y los resultados de crecimiento económico, distribución del ingreso y aumento del poder adquisitivo, son categóricos.
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