El plan de créditos para vivienda anunciado por Cristina recién arranca, pero algo indica que puede llegar a buen puerto: todo el gorilaje y su cadena de medios están como locos, buscándole el pelo al huevo al asunto, desde los lugares más inverosímiles: casi se diría que sospecharan que la cosa puede funcionar, y el gobierno se anotaría un poroto difícil de rebatir.
La nota de Infobosta a la que corresponde la imagen es ésta, y el informe al que refiere es del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), que es una auténtica vendida de fruta al por mayor: va por lado de "al final, las casas de Cristina las pagan las provincias".
El planteo sería: el plan se financia con el superávit de la ANSES (cosa que no surge explícita del DNU 902 que creó el programa Procrear), pero en realidad la ANSES no tendría superávit con sus propios recursos (los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales), por lo que necesita que se le destine parte de la recaudación tributaria, incluyendo impuestos coparticipables que son de las provincias.
El planteo es poco menos que absurdo: en ningún lugar del mundo (pero en ninguno en serio, eh) la seguridad social se financia exclusivamente con los recursos aportados por los trabajadores y los empleados, y por ende el Estado tiene que inyectar recursos propios de los impuestos generales para sostenerla: hay múltiples razones para que eso suceda, desde los vaivenes propios de la economía y el mercado del trabajo (desempleo, sub empleo, empleo informal), hasta la mayor expectativa de vida de la población y -como consecuencia- la mayor cantidad de años en que percibirá ingresos previsionales luego de haber dejado de trabajar.
Por otro lado los recursos tributarios afectados a la seguridad social son el 15 % de la llamada "precoparticipación", es decir el conjunto de los impuestos comprendidos en el régimen de la ley 23.548 de coparticipación federal, tanto de la que corresponde a la Nación, como de la que les tocaría (en teoría) a las provincias: se trata nada más ni nada menos, que de una afectación específica dispuesta por el Congreso en su momento, conforme a lo que establece el artículo 75 inciso 3) de la Constitución.
De cualquier modo, si lo que dice el IARAF fuera cierto (que las provincias aportan el 59 % de los recursos de Procrear, de esa masa de la precoparticipación), se demostraría que lo que se dijo acá era cierto: la Nación cumple holgadamente (en la coparticipación que sí envía a las provincias) con el famoso piso del 34 %, que además ya no existe como tal.
Además con esa masa de recursos destinados a financiar la seguridad social se financia por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, o la asignación a embarazadas, que implican inyectar en todo el país, en cada una de las provincias, transferencias de dinero directas a los beneficiarios en un programa de cobertura social de los sectores vulnerables que ninguna provincia está en condiciones ni de gestionar, ni de implementar: en Santa Fe lo que percibirán los beneficiarios santafesinos de la AUH éste año equivale al 144,57 % del presupuesto completo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
De modo que, como el Estado nacional carga con la obligación de proveer cobertura de seguridad social a la población en general (las provincias sólo sostienen organismos previsionales para sus empleados públicos), es un disparate plantear objeciones a Procrear con la excusa del federalismo.
Y como si fuera poco, con escasísimo (o mucho, vaya uno a saber) sentido de la oportunidad (es poco serio decir "la resolución estaba firmada de antes y demandó un largo debate"), la Corte se anota preguntando que se hace "con la plata de los jubilados", incluyendo los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es decir los activos que el Estado obtuvo como consecuencia de la eliminación del sistema de jubilación privada de las AFJP:
Porque si a la Corte le preocupaba saber que se hace, por ejemplo, con los recursos del FGS, le hubiera bastado con acceder al portal en Internet de la ANSES al que pueden entrar acá, y se encontrarían con un informe actualizado al primer trimestre del 2012.
Y allí se habrían enterado por ejemplo, que el FGS tuvo un rendimiento positivo (crecimiento) de 9552 millones de pesos (un 4,8 %) en los tres primeros meses de éste año, y que desde el primer trimestre del año pasado aumentó sus activos de 182.431 millones de pesos, a 209.042, o sea unos 26.611 millones más, en un año: tan mal no administra el Estado, que al momento de liquidar el sistema de jubilación privada, venía pagando la tercera parte de los haberes de los jubilados con ése sistema (AFJP).
Acá el problema (en el planteo de la Corte, dado en el marco de una demanda colectiva del Defensor del Pueblo por el reajuste de los haberes) viene por otro lado: tributa a la lógica del famoso 82 % móvil, que vincula el haber jubilatorio (exclusivamente) a la evolución de los salarios percibidos en actividad, sin importar si de ese modo se reproducen las desigualdades del mercado laboral, o si el Estado tiene capacidad financiera para solventar el sistema: como se ve, una contradicción con el planteo de "la plata de los jubilados".
Expresión que es, por cierto, un disparate conceptual que muestra hasta que punto sobrevive culturalmente la lógica del sistema jubilatorio privado de capitalización individual: el sistema de reparto funciona sobre la base de principios solidarios y un pacto intergeneracional por el cual los trabajadores de hoy aportan con sus salarios para el pago de los haberes de los jubilados de hoy, con la esperanza (garantida por el Estado) de que los trabajadores del futuro harán lo mismo con ellos, cuando les toque dejar de trabajar y pasen a ser jubilados.
Y la política previsional adoptada por el kirchnerismo desde el 2003 (sin dudas, uno de los pilares más fuertes de sus resultados electorales) se sustenta en otro paradigma diferente al del 82 % móvil, cual es el de privilegiar la tasa de cobertura poblacional con los beneficios de la seguridad social (estableciendo un piso mínimo de derechos garantidos por el Estado, a la mayor cantidad de gente posible), antes que la aplicación estricta de una determinada tasa de sustitución del sueldo percibido en actividad, por el haber de pasividad.
Lo que no impidió que estos últimos fueran sustancialmente incrementados todos estos años, por encima incluso de las estimaciones inflacionarias de las "consultoras privadas", gracias a la Ley 26.417 impulsada por Cristina que garantiza dos aumentos anuales, sobre bases financieras sustentables.
Acá el operador judicial de Papel Prensa, Ventura (llamativamente silente luego del fallo de la propia Corte sobre el artículo 161 de la ley de medios, que no pudo anticipar con su habitual acceso a información del propio tribunal) se prende en la movida, con un par de frutazos remarcables, como que fustiga que el FGS tenga en su cartera un 58 % de títulos públicos, sin decir que -cuando al sistema lo administraban las AFJP- esa proporción llegó a superar el 70 %; o afirmar que los recursos del Fondo se destinan a pagar las sentencias de los juicios que pierde la ANSES, cuando basta entrar al Presupuesto nacional de cada año para saber que se pagan con los recursos ordinarios del organismo previsional.
Sobre el frutismo mayorista de Ventura, muy recomendable post de Mendieta acá (ojo, Mendieta: se dará cuenta que todo ésto no lo escribimos en un ratito, eh).
Sobre el frutismo mayorista de Ventura, muy recomendable post de Mendieta acá (ojo, Mendieta: se dará cuenta que todo ésto no lo escribimos en un ratito, eh).
Por no mencionar que se quejan todo el tiempo de que el gobierno use la "caja" de la ANSES para sus gastos corrientes, y ahora también cuestionan que la use para un proyecto productivo (si se construyen viviendas, se reactiva la construcción), a través del cual además se generan empleos, y si son en blanco se aumentan los recursos genuinos de la seguridad social; con innegables repercusiones sociales a dos puntas: ayudar a resolver en parte el problema acuciante de la vivienda, y mejorar los recursos de la seguridad social para sustentar el pago de las jubilaciones, y los futuros aumentos de los haberes.
De hecho el propio informe de la evolución del FGS durante el primer trimestre de éste año demuestra que la tasa de retorno de las inversiones del fondo en proyectos productivos fue incluso superior a la de las demás inversiones.
Y hasta suman las previsibles críticas de los constitucionalistas cama adentro, como el amigo Sabsay, que acá se preocupa por el destino de los inmuebles fiscales que se afectarán al programa, y pide una ley del Congreso obviando que el Decreto 902 que lo creó es un DNU, y por ende tiene el mismo valor que una ley; hasta que el Congreso disponga lo contrario.
El asunto es otro: como no se pueden oponer de plano a una medida que goza de un enorme consenso social porque atiende a una necesidad sentida (resolver el problema de la vivienda), atacan simultáneamente por todos los frentes, apelando a los argumentos más variados tratando de mover la sensibilidad del medio pelo dentro del cual -a lo mejor- alguno dejó la cacerola y salió corriendo a sacar turno en la ANSES para pedir un préstamo para construirse la casa propia.
En definitivas están haciendo lo mismo que le critican a Cristina: tratar de cuidar su propia base social de sustentación.
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