Hoy se cumplen diez años de la masacre del puente Pueyrredón, que costó las vidas de Darío Santillán y maximiliano Kosteki, a manos de la policía bonaerense.
Diez años después de su muerte, sigue habiendo por supuesto pobres e indigentes en la Argentina, ¿quién podría negarlo?
Pero muchos argentinos accedieron desde entonces a la dignidad de un trabajo para sostener a sus familias, y otros muchos pudieron salir de la pobreza y la indigencia gracias a políticas públicas de gobiernos que eligieron no mirar para de costado el drama de los que más sufren.
Gobiernos -como el de Néstor y los de Cristina- que también hicieron una política de Estado (sostenida no sin pagar costos políticos) no reprimir la protesta social, aunque algunos nos quieran hacer creer ahora que sí porque la Gendarmería manejó los otros días camiones de combustible para evitar el desabastecimiento.
Gobierno que, aun con claros errores como la ley antiterrorista, siempre tuvieron en cuenta quienes eran sus enemigos, y quiénes podían tener con ellos diferencias o reclamos legítimos, sin que eso les impidiera pensar el país del mismo modo.
Algo sobre lo que muchos de los que tienen esas diferencias y canalizan esos reclamos (como pasa con la CGT y Moyano) con frecuencia parecen olvidar.
En los diez años transcurridos desde las muertes de Maxi y Darío muchas cosas cambiaron, y otras siguen igual.
Por entonces ellos se movlilizaban reclamando comida y planes para subsistir en la más profunda crisis política y económica que recuerde nuestra historia, al menos desde el regreso a la democracia en 1983.
Hoy los trabajadores formales nucleados en una parte de las organizaciones sindicales (más bien sus dirigentes) que pueden contar con niveles salariales que los obligan a pagar el impuesto a las Ganancias reclaman que se suba el mínimo no imponible, o se generalicen las asignaciones familiares.
La sóla cualificación de las demandas (aun en un contexto de crisis internacional que está empezando a pegar fuerte en el país) dice mucho sobre las diferencias entre la Argentina de junio del 2002, y la de nuestros días.
La policia bonaerense (y la Federal, y el resto de las policías provinciales) sigue reprimiendo y matando, cuando tiene la oportunidad, ganas o el guiño cómplice de algún sector del poder político, o del aparato judicial; el mismo aparato que hace poco autorizó el traslado de Franchiotti, el asesino de los militantes que hoy recordamos.
Dos cuentas pendientes del proceso de transformaciones iniciado en la Argentina el 25 de mayo del 2003: la reforma de las fuerzas de seguridad, para ponerla al servicio de la democracia, el pueblo y sus derechos, y la modificación de los bolsones de privilegio que anidan en el Poder Judicial, no en vano llamado el menos democrático de los poderes del Estado.
Diez años después de las muertes de Maxi y Darío, Duhalde es un cadáver político por la decisión soberana del pueblo argentino, y los que alimentaron el discurso de la mano dura (el que cargó y disparó el arma de Franchiotti) quieren reaparecer en formato cacerolero y destituyente, pero tienen cada vez menos espacio afortunadamente; aunque haya que estar atentos.
Y así como su muerte sentó un límite (una especie de nunca más) que pesó en la firme decisión de Néstor Kirchner de no dejarse torcer el brazo para reprimir la protesta social y pretender resolver el drama de la pobreza a balazos, también alumbró el compromiso militante de miles de jóvenes que -como ellos dos- luchan, estudian, trabajan, participan, se organizan y reclaman un país mejor; mientras ponen su esfuerzo para construirlo día a día.
Ese sea tal vez el mejor de los homenajes que podamos hacer a su memoria, y el mejor modo de garantizar que su sacrificio no haya sido en vano.
Y así como hubieron cambios trascendentes y profundos en los diez años pasados desde que las balas asesinas de la Bonaerense se llevaron las vidas de Maxi y Darío, hay otras cosas que no han cambiado probablemente nunca cambiarán.
Porque hoy como entonces Clarín sigue mintiendo, como en aquélla tapa que pasará a la historia de la infamia periodística.
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