CAMBIO DE PLANES

Hace poco más de un mes atrás decíamos en ésta entrada: "El sindicalismo en todas sus vertientes y sellos organizativos se está enfrentando a otro universo distinto del que conocieron hasta hace poco, y que creyeron olvidado: de paros generales por Ganancias deberán adaptarse a defender con uñas y dientes puestos de trabajo, mientras dan la discusión en las paritarias atenazados por la inflación creciente, las presiones de las bases y las amenazas del gobierno (legitimando a su vez la que seguramente esgrimirán los empresarios) de imponer un "techo" de aumentos con la amenaza de despidos, o introducir criterios ajenos a la dinámica de la negociación colectiva hasta acá (productividad, metas de inflación)."

Pues, ese "universo paralelo" ya está entre nosotros. Ayer leíamos en Infobae: "La conflictividad laboral experimentó un pronunciado aumento en febrero, debido al incremento generalizado registrado en los paros, los despidos y las suspensiones" de personal indica un nuevo relevamiento de la consultora Tendencias Económicas. El informe mensual dio cuenta de que en el segundo mes de 2016 "los despidos sumaron 65.799 personas y superaron a los de un año atrás en 72 veces". En menor medida se multiplicaron en febrero las suspensiones de personal: sumaron 14.340 y superaron en 12,5 veces a las registradas en febrero de 2015. "Abarcaron a diversas actividades, como las terminales de automotores, siderúrgicas, textiles, petroleras y la construcción". Según el sondeo de la consultora de marras, el primer bimestre cerró con 107.719 cesantías, en contraste con apenas 1.432 de igual período del año anterior." (las negritas son nuestras)

Si bien el foco de atención mediático estuvo puesto en los despidos en el Estado, el mismo informe denota que por cada uno de ellos que se produjo, se verificaron seis en el sector privado; acotación necesaria pues hasta que se produjo el paro de 24 horas organizado a nivel nacional por ATE, las reacciones del sindicalismo "tradicional" ante el problema fueron tibias. 

Como si a ellos mismos no les tocara, y validando -en algunos casos de un modo brutalmente explícito, como Barrionuevo- que no cabían ni la solidaridad ni la acción gremial concreta, porque se trataba de "ñoquis" o "grasa militante" sobrante del kirchnerismo.

Con el mismo argumento se desacreditaron las movilizaciones populares (con fuerte predominio de las clases medias urbanas y menor presencia de trabajadores, es cierto) que se verificaron en distintos puntos del país reclamando por la derogación de la ley de medios o los despidos en el Estado nacional; en el marco de un claro operativo de depuración ideológica. 

La mayoría de los sindicalistas puso más energía (como en los últimos años) en la pelea por los fondos de las obras sociales y Ganancias, tema éste en el que buena parte de la dirigencia de las distintas CGT protagonizó un sonoro papelón yendo a hacer de claque de Macri a la Rosada a ciegas (convocadas porque se iban a hacer anuncios sobre el tema); para encontrarse cuando vieron la "letra chica" de las medidas con que los anuncios metían en los márgenes del impuesto, a más trabajadores de los que salían de él.

Para colmo, Macri en su discurso pareció alentar la discusión en el Congreso de la reforma integral de Ganancias, para ser desmentido al día siguiente por su propio Jefe de Gabinete, que ratificó que el gobierno no piensa plantear la discusión del tema hasta el año que viene. 

Y mientras el oficialismo y la oposición "porotean" legisladores de cara a la discusión legislativa del acuerdo con los fondos buitres, Moyano y los sindicatos hacen lo propio con el disminuido bloque sindical en el Congreso, para discutir Ganancias; como si nada pasara. Por el contrario, el SMATA de Pignanelli (parte del dispositivo oficialista hasta el 10 de diciembre) fue decisivo en la ruptura del bloque de diputados del FPV y la conformación de la escisión que comanda Diego Bossio, que será crucial para la suerte del proyecto buitre. Es como si también en ese caso -al igual que en el de la ley de medios o los despidos en el Estado- buena parte del sindicalismo supusiera que no se trata de "su" pelea. 

Así estaban las cosas al menos hasta la semana que pasó, en la que el propio Moyano tuvo que cambiar bruscamente de prioridad en su agenda, y comenzar a reclamar por la vuelta de la doble indemnización, o medidas legales efectivas para contener los despidos. No fuimos nosotros los únicos que advertimos que se vería forzado a hacerlo: de hecho, la primera que lo advirtió fue Cristina en su discurso de despedida, y en sus apariciones en las redes sociales desde que dejó el gobierno.

Pese a que durante los gobiernos kirchneristas crecieron los salarios, el empleo y la tasa de sindicalización (lo cual supone elementos objetivos de fortalecimiento de las organizaciones sindicales), la relación del kirchnerismo con el mundo sindical siempre fue compleja; a punto tal que nunca logró estabilizar una "pata sindical" firme de apoyo, más allá del acompañamiento táctico de Moyano hasta la segunda elección de Cristina.

Lo más parecido a eso que hubo estuvo representado por sectores gremiales más escindidos de la tradición sindical peronista y cercanos al progresismo y los movimientos sociales; como la CTA de Yasky.

Del mismo modo que con Moyano y el sindicalismo peronista los conflictos fueron de naturaleza política (básicamente una disputa por poder y liderazgos hacia el interior de la coalición oficialista) sin descartar cuestiones "de negocios", con el sindicalismo "afín" de raíz no peronista (o menos peronista) el kirchnerismo tendió puentes desde la política, más que desde lo estrictamente gremial: de hecho, la propia CTA de Yasky no obtuvo ni con Néstor ni con Cristina su reclamada personería gremial, por ejemplo.

Hoy la realidad es diferente no sólo porque el kirchnerismo no está en el poder (y en consecuencia no puede utilizar los medios que éste proporcionar para trazar acuerdos), sino porque el período está atravesado por las discusiones hacia el interior del peronismo sobre el rol que tiene que cumplir frente al gobierno de Macri; con una disputa interna por la conducción de lo que Moyano llamó en su momento "una cáscara vacía" (el PJ nacional), y con sectores del sindicalismo jugando fuerte en la interna; como el apuntado caso de Romero y el SMATA.

Al mismo tiempo y como lo dice el informe que da lugar a estas reflexiones, los despidos se multiplican tanto como para dejar en claro que no se trata de "daños colaterales" no deseados del programa económico en marcha, sino consecuencias previstas y necesarias de él, para lograr sus objetivos: sabido es que una tasa de desempleo en alza ayuda a forzar negociaciones salariales a la baja, y contribuye de ese modo a una estabilización a futuro con una fenomenal redistribución regresiva del ingreso, y mejora de la "productividad" entendida estrictamente como recomposición de la tasa de ganancias del capital. 

Una realidad lacerante en términos económicos y sociales, y al mismo tiempo un problema político de magnitud; el mayor -por lejos- que se le pueda presentar al sistema institucional, tanto visto desde la óptica del oficialismo, como la de la oposición.

Cuando todavía está por verificarse aquello de que en períodos de conflictividad social en alza el sindicalismo tiende a la unidad (por el contrario en condiciones de bonanza tendería a la atomización, como lo corroboran en parte los años kirchneristas), el panorama que se abre parece imponer un cambio de planes; tanto para el sindicalismo como para la oposición política, en especial la encarnada en el FPV/PJ.

Así como unos deberán dejar de lado sus demandas de "segunda generación" (como Ganancias) o por lo menos ponerlas en una perspectiva de conjunto ante cuestiones más acuciantes (como la defensa del empleo), los otros deberán demostrar capacidad de articular la oposición estrictamente política por los carriles institucionales, con la representación política del conflicto social que -todo indica- irá en ascenso.

Lo que supone necesariamente tener una política de construcción en común con el sindicalismo, o una estrategia que le permita tender puentes allí, más allá de las agachadas o claudicaciones de muchos dirigentes gremiales; porque en definitivas lo que está buscando (y necesitando) representación (política, sindical, ambas) en defensa de sus intereses objetivamente dañados en forma sistemática por las políticas del gobierno de Macri, son los trabajadores.