LA PESADA HERENCIA RECIBIDA

En lo que constituye un fuerte avance jurídico en materia de reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos y sus recursos en el Atlántico Sur, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) -un grupo de expertos internacionales que funciona en las Naciones Unidas- adoptó por consenso (sin votos en contra) las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental. Reconoció, así, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido en la zona de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El organismo de la ONU es uno de los que fueron creados para la aplicación de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar aprobada en Montego Bay (Jamaica) en 1982, que comenzó a regir en 1994 al alcanzar las 60 ratificaciones de países firmantes; y su pronunciamiento es un enorme éxito diplomático para la Argentina, comparable a la Resolución 2065 (1965) de la Asamblea General; que reconoció la existencia de una situación colonial en Malvinas, y una disputa por la soberanía de las islas entre nuestro país y el Reino Unido, que instó a zanjar por la vía de las negociaciones diplomáticas.

La presentación argentina fue realizada en abril de 2009 como la culminación de un largo trabajo comenzado en 1997 con la sanción de la Ley 24.815, que creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (CONAPLA); como organismo responsable de realizar todos los trabajos inherentes a formular la propuesta de nuestro país sobre delimitación exterior de su plataforma continental; propuesta que ahora aceptó el organismo de la ONU, incluyendo el área continental, islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida Argentina. 

La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de 1.700.000 km2, equivalente a cerca del 48% del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas; y el comité de expertos de la ONU reconoció el caso de nuestro país como un leading case, pues fue el primero en el que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma más favorable para el país.

Por si alguno cree que la actual administración del país tiene algún mérito en el pronunciamiento, baste recordar que la presentación final (en base a la cual se produjo el dictamen) la hizo el gobierno de Cristina en abril del 2009 (ver acá la nota original en La Nación), e involucraba más de 30 tomos de documentos y material de base digital, cosa que en apenas 100 días es algo difícil de lograr:

Y si alguno piensa que la resolución de la ONU está vinculada a la visita de Obama al país y a que con el gobierno de Macri "nos reinsertamos en el mundo", más errado estará aun: los Estados Unidos son uno de los pocos países del mundo que ni siquiera firmaron la Convención del Derecho del Mar, pese a que fueron el primer Estado en reclamar derechos soberanos sobre su plataforma continental, en 1945 con la llamada doctrina Truman. La Argentina lo haría solo un año después, durante el primer gobierno de Perón.

En la imagen de abajo pueden ver en gris a los países que no firmaron la convención, y en verde claro a los que sí lo hicieron, pero aun no la ratificaron: 

La Argentina completó su presentación en abril del 2009, dos semanas antes del plazo previsto por la ONU para que los Estados firmantes de la Convención lo hicieran. Tal vez los memoriosos recuerden el detalle, porque hubo por entonces una profusa campaña de mails y a través de las redes sociales denunciando la presunta inacción del gobierno de Cristina, que nos haría perder definitivamente todos nuestros derechos.

Que los EEUU no hayan firmado la Convención no es para sorprenderse, en tanto es uno de los Estados con más bajo registro de firma y ratificación de instrumentos jurídicos multilaterales en el marco del sistema de la ONU; y su política exterior es una de las amenazas más serias para la consolidación del multilateralismo.

De hecho, la semana pasada al presentar su escrito como "amicus curiae" en favor de la Argentina ante la Corte de Apelaciones de Distrito de Nueva York -que debe tratar las apelaciones interpuestas por los fondos buitres contra la decisión de Griesa de desbloquear los pagos a los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda- (ver el escerito completo acá, vale la pena) sostuvo que "Los mandatos también dieron lugar a una proliferación de propuestas problemáticas en Naciones Unidas y otros foros internacionales de modificar el actual sistema de resolución de la deuda soberana, incluyendo un intento de crear un mecanismo de resolución de la deuda soberana basado en tratados..".

Se refiere, claro está, a la resolución aprobada el año pasado por la Asamblea General de la ONU por 136 votos a favor y 6 en contra (entre ellos, el de los EEUU) sobre los principios que han de regir la elaboración de una convención internacional sobre reestructuración de las deudas soberanas; que luego el Congreso argentino incorporada a nuestro régimen jurídico interno con carácter de orden público, mediante la Ley 27.207 sancionada también el año pasado, y que el gobierno de Macri dejó olímpicamente de lado en su negociación con los fondos buitres.

Lanzado a un feroz relanzamiento de las relaciones carnales con la principal potencia del mundo (que avasalla permanentemente con sus políticas imperialistas el multilateralismo expresado en la ONU), y con el único antecedente -en poco más de 100 días de gestión- sobre el tema Malvinas (que Macri ni siquiera mencionó en sus entrevistas con Cameron y Obama) de haber disuelto la secretaría creada en la cancillería por Cristina para tratarlo especialmente, que el gobierno de "Cambiemos" tratara de apropiarse de éste éxito diplomático del país (de vital importancia justamente para el reclamo de soberanía sobre las islas) sería poco menos que patético.