Con solo ver las tapas de los diarios o prenderse a la radio, la tele o las redes sociales, se advierte que el lavado de dinero está a la orden del día, es "el" tema del momento; sea que se lo enfoque desde los "Panamá papers", Hotesur o "la ruta del dinero k".
Hay una pasión nacional por las historias detectivescas de sociedades pantalla, transferencias bancarias, bolsos con dinero de origen turbio, entramados de negocios que se entrecruzan.
Ni hablar de los "arrepentidos", Fariña mediante: casi han sido elevados a la categoría de héroes nacionales cuyos deslices estamos dispuestos a olvidar, porque hacen su patriótica contribución a la causa del "mani pulitte" nacional que erradicará para siempre la corrupción.
Lo que probablemente muchos no sepan es que dicen nuestras leyes respecto al lavado de dinero, y cuáles son los últimos cambios que se produjeron en la materia.
Es muy posible entonces que pocos sepan que fue el kirchnerismo (hoy acusado por los grandes medios de ser poco más que un gigantesco laverap de plata afanada) el que impulsó los cambios en la legislación penal del país; acorde a las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de persecución del lavado de dinero.
Concretamente hacia 2011 sobre el final del primer mandato de Cristina el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley modificando el Código Penal y la Ley 25.246 que regula el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo responsable de investigar los casos de lavado de dinero, y llevarlos a la justicia.
El proyecto terminó siendo sancionado como Ley 26.683, con 181 votos favorables en la Cámara de Diputados, en su mayoría del Frente Para La Victoria y sus aliados; pero también con algunos votos de legisladores opositores.
La norma tipifica al lavado de dinero como un delito autónomo (lo que implica que no es menester probar el delito previo del cual provienen los fondos lavados para iniciar una causa por lavado) e incorporó la figura del "arrepentido", que mejora su situación procesal en la causa aportando datos útiles para la investigación.
Precisamente a esa figura (que también existe para los delitos de trata de personas y los vinculados al narcotráfico) se acogió Fariña en el juzgado de Casanello.
El poyecto no tuvo votos en contra pero sí un puñado de abstenciones (del variado arco "progresista") y muchos diputados que se ausentaron del recinto a la hora de votar, o que directamente no fueron a la sesión.
La nómina de esos 68 diputados es justamente lo que muestra la imagen de apertura, tomada del acta de la Cámara de la sesión correspondiente a ese día.
Como pueden ver, abundan los hoy oficialistas, entre ellos 4 ministros del gabinete de Macri (Aguad, Buryaile, Bullrich y Martínez), funcionarios de la actual gestión (Silvana Giúdici del ENACOM, Silvia Madjalani, número 2 de la AFI o ex SIDE, Gerardo Milman, número 2 de Bullrich en el ministerio de Seguridad) y legisladores de "Cambiemos": Amadeo, Carrió o el santacruceño Eduardo Costa; que anda por estas horas pidiendo el desafuero de De Vido por -justamente- las denuncias de Fariña.
Detalles de los que te podés enterar justamente porque las votaciones en el Congreso en los años kirchneristas eran nominales, y por eso constaban en las actas los nombres de los que votaron a favor, en contra, se abstuvieron o se ausentaron.
Cosa que no ocurre cuando se vota "a mano alzada", como se hizo por ejemplo la semana pasada para ratificar en bloque una tanda de DNU'S emitidos por Macri; entre ellos el que desguazó la ley de medios, y el que convalidó el "Megacanje II".
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