EDUCANDO A LOS FUNCIONARIOS

La descontrolada inflación generada por gobierno de Macri a través de la enorme devaluación y su traslado a precios, genera un panorama desolador para la gran mayoría de la población, ya que quien vive de un ingreso en pesos, ve día a día disminuida su capacidad de compra ante los aumentos permanentes de los precios.

Y esta situación del consumidor se agrava, porque entre quienes deben tomar decisiones al respecto, nos encontramos con el Sr. Prat gay, un Ministro de Hacienda que a sus más de cincuenta años., recién hace unos días descubrió que en el mercado existen formadores de precios, y que hay empresas que se cartelizan, que se ponen de acuerdo y elevan artificialmente el valor de los productos.

En la misma dirección de ojos llenos de sorpresas, el Sr. Francisco Cabrera, Ministro de Producción hace una declaración reveladora, como se puede ver en ésta nota, en la cual “advirtió que hubo "empresarios" que "subieron precios de manera descontrolada o desmesurada, sobre todo al inicio del gobierno" actual lo cual, lamentó, "impactó en la inflación". Impresionante. Otro ministro con una lucidez propia del mejor equipo de los últimos cincuenta años.

En declaraciones a radio Mitre, éste Ministro de Producción planteó que los empresarios "no vulneraron una ley" con esa movida y, por lo tanto, "no se los puede castigar por eso".. Pero el Sr. Cabrera, que seguramente ha llegado al ministerio en base a su probada capacidad y sobrada solvencia profesional, debería conocer la normativa vigente, sobre todo aquella que tiene incidencia en el área en que le toca desempeñarse.

Por ejemplo debería tener presente la existencia  de la Ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) y su reforma en el año 2014 a través de la Ley 26.991. El artículo 4 de la ley que el Ministro no conoce, establece que serán pasibles de sanciones, quienes -entre otros supuestos- “ Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas.”

De manera que no es cierto que los empresarios “no vulneraron una ley” como sostiene el Ministro, y es falso  que "no se los puede castigar por eso", ya que la normativa vigente en Argentina permite sancionar esas ilegales conductas comerciales a través de sanciones como multas, clausuras o inhabilitación.   El Ministro debería tomarse unos pocos minutos para leer la Ley 20.680, y evitaría de ese modo hacer declaraciones que no hablan bien de su sólida formación.

Como sorprenden estas declaraciones, también es llamativo que el mismo Ministro refiera a la voluntad del gobierno nacional de controlar el cumplimiento del programa “Precios Cuidados”. Y es llamativo porque el partido hoy gobernante, fue reiterativo hasta el hartazgo al calificar ese programa como inviable cuando fue lanzado por el gobierno anterior, y el PRO vaticinaba por los medios el inevitable fracaso de “Precios Cuidados”. Pareciera que no fue tan así, como  el PRO (entonces en la oposición)  anunciaba. 

Y la extensión del programa en la actualidad, vendría a corroborar el revelador descubrimiento de Prat Gay en relación a la existencia de formadores de precios. Impactante.

Y ante “Precios Cuidados”, un caso similar de desorientación tenemos a nivel local.  La concejal Adriana Molina (FPCyS-UCR) presentó dos proyectos para favorecer la implementación del programa Precios Cuidados en la ciudad de Santa Fe.

Propone que un organismo municipal, la Dirección de Derechos Ciudadanos,  recepcione los reclamos ante el faltante de productos, y promueve formalizar un acuerdo con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para cooperar en la fiscalización del programa Precios Cuidados.

La Concejal debería conocer que en materia de comercialización, el organismo de aplicación en la provincia es la Dirección General de Comercio Interior, de acuerdo al Decreto 850/94. Por ello, dicho organismo provincial tiene la facultad y la obligación de controlar y fiscalizar el cumplimiento del programa “Precios Cuidados”, por tratarse de un acuerdo regido por normas nacionales de comercialización.

Pero es llamativa la propuesta que hace ahora la Concejal, más allá de la cuestión normativa que pasa por alto . Desde el lanzamiento de Precios Cuidados hasta el año 2015, el sector político al que pertenece la Concejal, sector que tenía y tiene a cargo la intendencia, no efectuaron tarea, difusión o apoyo alguno al programa. 

Y al mismo tiempo, el funcionario a cargo de Comercio Interior de la provincia, boicoteaba a través de los medios el programa “Precios Cuidados”, haciendo declaraciones desopilantes, donde al igual que hace hoy Cabrera, mostraba un desconocimiento notable de las leyes vigentes y de las facultades que estas otorgan.