El gobierno que echó a 33.000 empleados públicos con el argumento de que son ñoquis o su trabajo no es necesario, reincorpora a miembros de las fuerzas de seguridad (que hasta ahora no pueden sindicalizarse ni hacer huelga) que protagonizaron una sedición, encubierta como reclamo salarial.
Los reincorpora Pato Bullrich a pedido de Moyano, porque parece que ahora han cultivado una gran amistad, no afectada por los vaivenes de la ley antidespidos.
Pato Bullrich, que en el 2014 siendo diputada votó favorablemente la Ley 27.079 (ver el acta respectiva acá) que en base a un proyecto presentado por Aníbal Fernández en el Senado modificó el artículo 252 del Código Penal, agregando este texto: "El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.
Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos" .
Lo que supone que un gendarme o policía que hiciera hoy lo mismo que el gendarme Maza (¿se acuerdan de él?) y los demás autoacuartelados, iría preso; y quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Pero a ellos los reincorporan a la fuerza, a lo mejor para tener mano de obra más predispuesta a cagar bien a palos a trabajadores que protesten por ser despedidos, o por reclamar aumento de salarios. Como en Cresta Roja, ponéle.
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