La semana pasada el gobernador anunció con gran pompa el lanzamiento de un plan de obras por 2000 millones de pesos en la autopista Santa Fe-Rosario por cuenta de Vialidad Provincial; pese a que está en marcha la licitación para volver a otorgarle la concesión del corredor a un operador privado: ver al respecto acá.
Nosotros explicábamos en ésta entrada que el modelo de la nueva licitación es el ideal para los privados: no asumen ninguna de las obras importantes que demanda la ruta (las que hará el Estado, con la plata de nuestros impuestos), y se embolsan los ingresos por peajes por cortar el pasto de las banquinas, y muy poco más.
Antes de eso, y comentando acá la "rescisión de mutuo acuerdo" de la concesión anterior entre la provincia y el consorcio adjudicatario (un estruendoso fracaso), decíamos que ese esquema (ruinoso para el Estado) ya empezaba a funcionar durante el "período de transición", o sea hasta que asuman los nuevos adjudicatarios, que pueden ser incluso los mismos: cuatro de las seis empresas que formaron ARSA S.A. (la sociedad concesionaria anterior) se presentaron a la licitación, dos de ellas en UTE entre sí.
Y el Tribunal de Cuentas busca salvarle la ropa al gobierno descargando toda la responsabilidad por el fracaso de la concesión en el órgano de control, cuando es obvio que el gobierno lo desmanteló precisamente para que no pudiera ejercer su función de control.
Y el Tribunal de Cuentas busca salvarle la ropa al gobierno descargando toda la responsabilidad por el fracaso de la concesión en el órgano de control, cuando es obvio que el gobierno lo desmanteló precisamente para que no pudiera ejercer su función de control.
Pero todavía hay más: las imágenes del decreto que ilustran el post nos muestran que Lifschitz resolvió cuáles son las obras del contrato anterior "rescindido de común acuerdo" que hará la provincia y no la concesionaria (como preveían la licitación y el contrato anteriores), y más importante aun, como se pagarán: casi en su totalidad (55 millones sobre 60) con las partidas del Fondo Solidario Federal que llegan de la nación, vulgarmente denominado "fondo soja".
Es decir que en lugar de usar esos fondos (como lo dice el DNU 206/09 de Cristina que creó el fondo) para "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales " se emplearán en reparar una ruta en la que se paga peaje para circular; y el concesionario privado se queda con el importe recaudado.
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