Cada aniversario del golpe del 76’ estuvo siempre cruzado por los vínculos entre el pasado y el presente, entre el reclamo por memoria, verdad y justicia y su traducción en clave política actual; para interpretar e iluminar cada coyuntura.
Por esas mismas razones los sectores que acompañaron el golpe y se beneficiaron con él fueron siempre particularmente insistentes en apostar al olvido y la impunidad, y a cerrar toda revisión del capítulo más negro de nuestra historia: porque de ese modo evitaban que la sociedad reflexiones sobre el hecho objetivo de que nunca tienen en realidad nada nuevo para ofrecerle, sino que intentarán –una y otra vez- imponerle el corset de un proyecto de país que excluye, al cual le sobran varios millones de argentinos.
Y éste 24 de marzo, lejos de ser la excepción, permite verificar la regla con más contundencia que nunca, mucho más incluso que en los oscuros años del menemato: a la escalofriante similitud de las políticas económicas que hoy soporta el país con las que en su momento descargó la dictadura, hay que sumarles reiterados y graves retrocesos en materia de derechos humanos (actuales, y en la reparación de los violados por el genocidio); como no se hay registro en los tiempos de nuestra transición democrática post dictadura.
Que las actuales políticas económicas tienen una línea de continuidad histórica con las de la dictadura es algo que cualquiera puede constatar, con solo prestar atención a las semejanzas en los medios empleados y en los resultados producidos; y con solo repasar la lista de los sectores a los que favorecen, y a los que perjudican.
Un modelo de valorización financiera que convirtió en meses al país en un terreno fértil para la especulación financiera, mientras crece exponencialmente la deuda externa, se desmantela toda forma de protección de la producción y el trabajo nacional, y al compás de la apertura se destruye empleo y tejido industrial; mientras se vuelven a ensayar las remanidas fórmulas de recortes de derechos a los trabajadores, para superar lo que se conceptúa como “alto costo laboral argentino”. Y tal como entonces, los principales grupos económicos del país tomaron por asalto el aparato estatal, para colonizarlo y ponerlo al servicio de sus negocios.
También como en las vísperas de aquél golpe, un contexto regional adverso y complejo parece invitar a sumarse a los vientos de la restauración neoliberal, como si se tratase de una corriente irresistible que forzosamente debemos seguir; mientras el “procesismo” cultural recupera posiciones, desde los medios hegemónicos y el propio gobierno: abundan las expresiones negacionistas del horror y las apelaciones a “la memoria completa”, y hay torpes y desembozados intentos de re-escribir la historia (y hasta el almanaque) a través de un nuevo “relato”; que se sobreponga al que las mayorías nacionales tienen asumido sobre lo que fue la dictadura, sus causas, sus motivaciones y sus lacerantes efectos sobre el cuerpo social argentino.
Con los reflejos adquiridos en los tiempos de la “total normalidad” y los “muertos en enfrentamientos” de la dictadura, el aparato mediático dominante sindica como agitación subversiva o intento desestabilizador toda forma de protesta o reclamo social; y ante las graves violaciones a los derechos humanos apuntadas incluso por organismos internacionales (como ocurre con la situación de Jujuy y Milagro Sala), vuelven las voces que denuncian una “campaña anti-argentina” orquestada en el exterior con apoyos nacionales; como en los mejores tiempos de “los argentinos somos derechos y humanos”.
En lo específicamente vinculado a las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, otra vez la posibilidad del avance de las mismas descansa exclusivamente en la lucha de los organismos, frente a un gobierno que desmantela sus programas y estructuras creadas para ello, y desiste de las querellas contra los responsables civiles, que son los verdaderos sostenes y apoyos del proyecto político gobernante. El mismo gobierno que solo tiene interés en aquéllas causas que pueden dañar políticamente al kirchnerismo, como las que se siguen contra el ex jefe del ejército Milani.
Que decir de los severos retrocesos que experimenta nuestra experiencia democrática con la existencia de presos políticos, la represión de la protesta social, la persecución a los dirigentes sindicales que defienden los derechos de los trabajadores, o el despliegue de una batería de insólitas iniciativas para quebrar las huelgas: registros de “voluntarios”, premios por “carnerear”, amenazas de retirar la personería gremial, descuento de los días de paro pese a que la justicia ordenara devolverlos.
No casualmente, un combo de medidas que la original ley de contrato de trabajo del tercero gobierno peronista proscribía expresamente en sus artículos 244 y 245, luego mutilados por la dictadura, como tantos otros que consagraban derechos a favor de los trabajadores: otra vez el espejo que nos devuelve imágenes del pasado.
Mientras el presidente se jacta en decir que las huelgas, marchas y movilizaciones son expresiones de la democracia con las cuáles él no comulga porque “no sirven”, su gobierno persigue a los jueces que fallan a favor de los trabajadores; y los funcionarios responden al pedido de leña y palos del periodismo cómplice reclamando -en caso de dispensarlos- nuevos titulares que los exculpen de las consecuencias; como aquélla tristemente célebre tapa que adjudicaba a “la crisis” las muertes de Kostecky y Santillán.
Sin la necesidad de operar en las sombras y movilizarse en Falcon verdes, los grupos de tareas formados por servicios de inteligencia fuera de todo control democrático, los periodistas que abrevan en esas cloacas (y en esos sobres) y los jueces de la servilleta de Stiusso arman causas judiciales a los opositores políticos; y acumulan carpetas incluso contra los propios miembros del gobierno, para utilizarlas, llegado el caso y si les fuera necesario.
Tal como sucedió en la dictadura, el proyecto de exclusión económica y las formas de represión política y social van inseparablemente de la mano: en la medida que la derecha intenta profundizar su modelo se comprueba una vez más aquello de que “no cierra sin represión”: poco tardamos en comprobar que la “nueva derecha” de la “revolución de la alegría” busca los mismos objetivos que la vieja de los “Procesos” y “Revoluciones”; y está dispuesta a emplear métodos similares para conseguirlo, tanto como se lo permitan los límites democráticos (al filo de los cuáles juega permanentemente) y la resistencia social.
Seguramente este Día de la Memoria estará signado por la masividad de las marchas y actos en todas las plazas a lo largo y ancho del país, una masividad que se vino construyendo en cada protesta, en cada paro, en cada movilización en defensa de un derecho amenazado o conculcado; y por eso éste 24 de marzo en particular tendrá -no lo dudamos- una potencia política actual y presente en todo el país, para mandarle al gobierno y al bloque de poder que lo respalda, un mensaje claro que es un nuevo “Nunca Más”.
Hoy vamos a llenar las plazas para decirle que somos muchos los argentinos que no estamos dispuesto a tolerar que la historia se repita, por el simple hecho de que ellos interpretaron un triunfo electoral como si fuera un golpe de Estado que les otorgaba un cheque en blanco para hacer lo que se les plazca, mientras nos acusan a nosotros de desestabilizadores y golpistas, por tratar de impedírselo.
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