NI A ESKENAZY SE LE HUBIERA OCURRIDO. O A LO MEJOR SE LE OCURRIÓ JUSTO A ÉL.

Leíamos los otros días en La Capital: "El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó ayer un proyecto de ley que aspira a que la Casa Gris tenga participación en el capital accionario del Banco de Santa Fe SA. La iniciativa autoriza al gobierno de Miguel Lifschitz "a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe, así como su integración en el directorio y/o sindicatura de la entidad". "

No se aclara si la participación de la provincia en el Nuevo Banco de Santa Fe S. A. de Eskenazy será del 51 % por lo menos, de modo que le permita tener la mayoría para controlarlo e imponerle sus decisiones, porque de otro modo sería un completo disparate, que tendría lo inmediato dos efectos prácticos: inyectarle capital público a un banco que seguiría siendo privado, y permitirle al Grupo Petersen (tal la denominación del hólding) seguir siendo el agente financiero de la provincia para siempre; sin necesidad de volver a licitar esa condición.

Algo que ni siquiera el propio Eskenazy (ya favorecido por tres adjudicaciones del socialismo: una en forma directa prorrogando el contrato que venía de los gobiernos anteriores, dos por licitaciones armadas a su medida en las que fue el único oferente) se atrevió a proponer en público. Aunque a lo mejor se lo haya sugerido en privado a Galassi, de otro modo esta genial idea no se entiende.

Y no es que acá estemos en contra de que la provincia cuenta con una herramienta financiera pública, no señor: todo lo contrario. Pero pública, controlada por el Estado, como era el viejo Banco Provincial (saqueado sí señor, por los gobiernos militares y en buena medida por los que gobernaron en nombre del PJ). No una venta de humo lanzada en medio del "operativo rescate" de un Frente Progresista que naufreaga como consecuencia de su exasperante hibridez. 

Tanto es así que analizando las condiciones en las que el socialismo le entregó las dos últimas veces al NBSF S.A. el contrato para ser el agente financiero del Estado provincial, decíamos acá: "El Plan (de negocios que debían presentar los bancos oferentes en la licitación, aclaramos) debía garantizar, según el pliego “…la instrumentación de líneas de financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), para Investigación y Desarrollo (I+D) aplicado a la innovación productiva, para Comercio Exterior y estímulo a las exportaciones, para el Sector Agropecuario, para el Sector Industrial…” entre otras cuestiones como los préstamos al consumo para los agentes estatales.

Sin embargo, el mismo pliego a la hora de ponderar los antecedentes de los oferentes, sobre un total de 100 puntos, asignaba 15 como máximo al Plan de Negocios, mientras que otros ítems como la Representación Institucional (tener su sede central en la provincia), la Representación Territorial (la cantidad de sucursales) o los antecedentes de prestación de servicios similares en otras provincias, sumaban en conjunto 75 puntos y por ende decidían el resultado de la licitación.

Sin conocer el Plan de Negocios concreto presentado por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., pero sí que su oferta de canon superó el mínimo establecido en apenas 40.000 $ (lo que deja a las claras su certeza casi absoluta de quedarse con el contrato), se puede inferir que no contendría un aporte gravitante a la economía provincial; a lo que hay que sumar que el mismo pliego no estableció ninguna pauta concreta y mensurable para que las autoridades provinciales lo evaluasen, y -sobre todo- una sanción si no lo presentaba, o si no lo cumplía prestando a las empresas santafesinas.

En ninguno de los documentos del proceso de contratación del nuevo agente financiero se contempla un destino específico para los importes que éste debe abonar en concepto de canon fijo, y muchos menos que ese dinero (un mínimo de 75 millones de pesos durante los primeros cinco años del contrato) se destine a promover actividades productivas.

La falta de implementación de la Corporación para el Fomento del Desarrollo prevista en la Ley 11.696 mantuvo inmovilizados los recursos asignados al ente liquidador del ex Banco de Santa Fe SAPEM, que ascendían a 21.753.000 $ en el 2009; a los que deben añadirse los provenientes de la ejecución judicial de garantías o acreencias contra los deudores de la banca pública, o el repago de los créditos refinanciados; y de los cuales el gobierno de Binner (a contramano de una política de aliento a la producción) echó mano mediante el Decreto 1266/09 para transferir más de 75 millones de pesos al Tesoro provincial, para enjugar su déficit.

Como consecuencia de esa decisión no pudo cumplirse con lo dispuesto por el Decreto 1039/07 que contemplaba afectar hasta 15 millones de pesos del mismo origen (el fideicomiso del ex Banco Provincial) para créditos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el Ministerio de la Producción; y lo mismo sucedió con los fondos asignados por la Ley 12.733 (2007) para constituir una sociedad de garantías recíprocas (SGR), que formara un fondo de garantías para que las pymes santafesinas pudieran acceder al crédito. Además  el Ministerio de la Producción no hizo ninguna gestión para que el sector privado aportara a la conformación de ese fondo de garantía, como lo mandaba la ley. "

Es decir que durante los gobiernos de Binner y Bonfatti el socialismo no aprovechó ninguna de las herramientas legales y presupuestarias que tenía disponibles para generar una banca pública o algo parecido, como soporte y apoyo financiero del Estado a la producción; y no cambió mucho con Lifschit: en este otro posteo veíamos que prometió en campaña "crear la Corporación Financiera para el Desarrollo", que ya habían prometido sus antecesores sin explicar nunca con que estructura jurídica funcionaría, y con que recursos se la iba a solventar.