OTRA BURRADA DE MASSA, Y VAN...

Sobre el proyecto presentado en Diputados por el Frente Renovador para regular el funcionamiento del expendio de combustibles en el mercado interno, leíamos ayer en El Cronista: “La idea primordial de la nueva normativa es evitar la integración vertical y brindar una mayor libertad a los dueños de estaciones de servicio. El proyecto surgió el año pasado, tiene el número 5419 en la Cámara baja y está firmado por legisladores nacionales del massismo, como Liliana Schwindt, Azucena Ehcosor, Horacio Alonso, Monica Litza y Carlos Selva, y la kirchnerista Emilia Soria. Lo impulsan la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que agrupa a los dueños de estaciones de servicio, junto al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), que conduce Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque algunas petroleras ya plantearon inquietudes y propuestas para retocar el proyecto, la más perjudicada será YPF. El artículo 3 de la norma establece: "Las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de comercializadores mayoristas o minoristas sólo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta 15 % de sus ventas totales en el mercado interno".

En la práctica, una fuente del sector explicó que este punto toca de lleno el negocio Downstream (refinación y comercialización) de YPF, ya que los obligaría a dejar su red propia de estaciones de servicio, Opessa, o abandonar las ventas mayoristas al transporte público.” (las negreitasd son nuestras))

Tal como se advierte en la misma nota, el proyecto es -por decirlo suavemente- un completo disparate, que afecta de lleno los intereses de la petrolera estatal: su red de estaciones difundida a lo largo de todo el país es consecuencia de años de inversión (fundamentalmente antes de su privatización en los 90’), y de prosperar la iniciativa la obligarían a desinvertir desprendiéndose de activos, y disminuyendo sensiblemente su facturación (de la cual más del 60 % proviene de ese segmento), sus ingresos genuinos y su flujo de caja.

Lo que afectaría sus resultados operativos (agravándolos más aun por encima de los muy malos números que exhibe desde que gobierna Macri), y en consecuencia su posibilidad de financiar inversiones para sostener y ampliar la producción de gas y petróleo sin endeudarse, y sin depender exclusivamente de las ventas de petróleo, gas y combustible al mercado exterior; cuestiones todas a tener en cuenta precisamente cuando el macrismo esté tratando de vaciar a YPF a fuerza de sobre-endeudarla,, y haciendo caer las ventas en el mercado interno como consecuencia de sus políticas económicas.

Por otro lado el proyecto tampoco garantizará que haya una mayor competencia que provoque una baja en los precios de los combustibles al público: de hecho y aun con aumentos, los de YPF siguen siendo los más bajos del mercado, justamente como consecuencia de su integración vertical (que el proyecto propone desmembrar) en toda la cadena de producción, refinación y comercialización, desde el pozo hasta el surtidor.

Como se dijo, una operación de carnicero en lugar de una regulación inteligente de la cadena de comercialización, que opere sobre los márgenes de rentabilidad de sus diferentes eslabones para no perjudicar en exceso a los estacioneros, ni a los consumidores en los precios finales; pero tampoco a la petrolera manejada por el Estado nuevamente desde el 2012.

Uno de los efectos positivos de la expropiación dispuesta durante el gobierno de Cristina fue justamente que YPF recuperar su cuota de abastecimiento al mercado interno (aun por debajo de sus niveles históricos) y sus niveles de facturación por esa vía, para financiar con recursos propios un plan de inversiones que permitiera aumentar la producción.

Si el proyecto prospera y no aparece nuevos jugadores en el mercado (algo poco posible, por el nivel de inversión que se exigiría, pues YPF tampoco regalaría los activos de los que se debería desprender, a menos que esa sea justamente la idea), las principales beneficiadas serán sus principales competidoras; que podrían perfectamente subir sus participaciones actuales en ese segmento del mercado, y aun así estar dentro del nuevo tope que se impondría: Axion y Shell, agradecidas, ni Aranguren se atrevió a tanto.

Lo curioso es que no hubo un proyecto similar del bloque de Massa para regular otras situaciones de posición dominante en el mercado como las de Techint, Aluar, Acindar, Arcor o Molinos Río de La Plata: por el contrario, y en relación a estos últimos casos prefirió salir a juntar firmas para conseguir que baje el precio de los alimentos.

De más está decir que tampoco presentó  ningún proyecto similar contra los bancos que resisten desprenderse de Prisma (la empresa que maneja el comercio electrónico en el país), o contra Telecom. o el Grupo Clarín por la reciente fusión de la telefónica con Cablevisión para controlar el mercado de la comunicación audiovisual, la telefonía fija y móvil y la prestación de servicios de Internet.

Por algo será.