Por A.C.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, se creó en el año 2008 con la saludable finalidad de mantener una reserva de fondos para asegurar al sistema previsional el pago de las jubilaciones ante situaciones de inestabilidad económica.
Cuando a través de la Ley 26.425 se liquidó el sistema de jubilación privada, pasaron a propiedad del Estado y de la ANSES como administradora del FGS, los activos que antes administraban las AFJP, activos compuestos entre otros valores, por acciones de diversas empresas, entre ellas por ejemplo el 9 % de las acciones del Grupo Clarín y el 26 % de las acciones de Tenaris-Siderar, del Grupo Techint de propiedad de Paolo Rocca.
Un manejo acertado en inversiones y administración del FGS por parte del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, permitió ir incrementando ese fondo hasta que su valor superó los 60.000 millones de dólares. Pese a que durante el gobierno de Macri no se produjo la incorporación de activo alguno al Fondo, los rendimientos obtenidos a causa de los activos sumados hasta Diciembre de 2015, hacen que el FGS hoy tenga un valor superior a los 62.000 millones de dólares, y que por lo tanto sea la prenda más deseada.
Ese enorme volumen de activos y dinero destinado a darle seguridad a nuestros jubilados, despierta la insaciable e indisimulable voracidad de los dueños del dinero y de los especuladores, quienes tienen al gobierno de Macri como su operador privado para lograr el ansiado objetivo de que esos fondos pasen a manos privadas, es decir a mano de ellos.
El gobierno de Macri dio el primer paso para ese objetivo a través de la Ley 27.260 de “blanqueo de capitales”, que en su artículo 35 derogó la Ley 27.181; ley sancionada durante el anterior gobierno y que impedía al Poder Ejecutivo la venta o disposición de las participaciones accionarias del Fondo de ANSES, lo que solo resultaba posible con una autorización especial del Congreso a través de una votación con mayorías agravadas.
Luego, el segundo paso consistió en incluir en el mega DNU 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación”, una disposición que establece que el FGS podrá alquilar o prestar los títulos y acciones que tiene en su cartera (artículo 154).
El tercer paso hacia el objetivo, se dio a través de la Comisión Nacional de Valores, que por Resolución General 720 modificó las normas del organismo y ahora permite operaciones que estaban prohibidas: la venta en corto y el préstamo de valores. Ya explicaremos en que consisten.
LLamativamente, y en simultáneo con ésta Resolución de la CNV, los medios consignan que “El Fondo de Garantía de Sustentatibilidad (FGS) que maneja la Anses estudia participar en un Programa de Préstamos de Valores para cubrir las ventas en corto, es decir de prestar títulos a una determinada tasa…”.
Antes de ir a las operaciones o ventas en corto, señalemos que las operaciones habituales y permitidas en los mercados bursátiles de todo el mundo, son las denominadas posiciones largas, es decir cuando el inversor compra acciones de una empresa apostando a que suba su valor en el futuro y así obtener un beneficio con la posterior venta de esas acciones. A través de ésta operatoria, las empresas ofrecen sus acciones para obtener dinero y financiar su actividad, mientras el comprador invierte en ellas con una expectativa de ganancia. Es decir el inversor contribuye a financiar la actividad y apuesta al crecimiento de la empresa.
Por el contrario, en las posiciones o ventas en corto, se apuesta a la caída del precio de las acciones de una empresa. Por eso, el tomador no compra las acciones, sino que solo se las alquila al titular. Luego de alquilarlas, las vende, y espera que caiga el precio. Entonces vuelve a comprar el mismo número de acciones, pero paga menos dinero que el que recibió por la venta, porque el precio de la acción bajó.
A diferencia de la operatoria en largo, que consiste en comprar las acciones a un precio y venderlas luego más caro, la venta en corto es a la inversa: se venden caro acciones alquiladas (que no son propias) para después comprar más baratas ese mismo número de acciones, porque el precio de las mismas bajó. Luego, se le devuelven las acciones al titular, y queda para el operador la ganancia que surge entre el precio que vendió las acciones alquiladas y el precio en que las volvió a recomprar para restituirlas a su dueño.
¿Y como se pueden vender acciones que no son propias, que le pertenecen a otra persona y que son solo alquiladas? Es la magia del mercado macrista.
Esta Resolución de la CNV le abre las puertas a una operación que por su altísimo riesgo de incumplimientos genera una alta volatilidad del mercado, y que por eso no es permitida en muchos de los países centrales.
Si no se produce la baja del precio que espera quien alquila las acciones, y al contrario la acción sube de precio, éste debe comprar a un precio mayor las acciones al finalizar el término del alquiler para reintegrarlas,y como las acciones no tienen límite en el aumento del precio, pueden llegar a un precio que haga imposible su recompra. Entonces aparecen las generaciones de auto insolvencia para evitar el pago.
Se podrá decir que la CNV podrá, cuando dicte la reglamentación de la ventas en corto, disponer que deben prestarse fianzas o cauciones para asegurar el cumplimiento. Pero las fianzas deberán ser por un monto que no exceda en mucho la operación, porque de lo contrario, con una fianza muy alta la operación pierde interés. Y si la fianza que se prestó es menor que el precio al que subieron las acciones, aparece de nuevo el incumplimiento y el aporte a la volatilidad del mercado, porque las acciones no se devuelven. El operador tiene un costo menor si le ejecutan la fianza.
Y a éste juego ingresa el gobierno , alquilando las acciones del FGS para que otros intenten hacer negocios y exponiendo a los activos del Fondo de los jubilados a altísimos riesgos. Acciones del FGS que se van alquiladas a especuladores de posiciones en corto y que por eso, esas acciones pueden no volver.
Con relación a los números, el alquiler de las acciones se va a fijar a un precio del 3% de interés según trascendió en los medios. Tomando entonces el ejemplo de un operador que le alquila al FGS acciones por un valor de $1.000.000, como el alquiler es del 3%, desembolsa solo $30.000 para llevarse un millón de pesos en acciones y después venderlas en una operación en corto.
Es decir que se produce un apalancamiento fenomenal: con solo $30.000 se obtiene un activo de $1.000.000 para vender. La tentación de incumplimiento es grande y el riesgo por eso altísimo. En ciertos volúmenes de operatoria, se insiste en que no hay garantía que sea suficiente, porque si la garantía cubriera totalmente el riesgo, la operación de corto se volvería inviable por los costos. Y en la práctica, sobran herramientas para el incumplimiento en la devolución de las acciones. Si un operador abre una cuenta comitente para alquilar acciones al FGS, digamos acciones del Grupo Clarin, deposita el valor del alquiler y le entregan las acciones.
Vende esas acciones. En la cuenta comitente se le deposita el dinero que se obtuvo con la venta. Con ese dinero en la misma cuenta compra bonos. Con esos bonos, hace una caución, que es una operación habitual en el mercado, es decir retira dinero en efectivo a cambio de los bonos que deja en garantía, en “caución”. Cuando vence el plazo del alquiler de las acciones y el plazo de la caución, no reintegra las acciones ni devuelve el dinero de la caución. Se tiene entonces que ejecutar la caución, y se venden los bonos para recuperar el préstamo. Pero las acciones nunca volvieron al FGS.
Por otra parte, no hay que hacer un esfuerzo muy grande para deducir quien será el comprador cuando un operador alquile y venda acciones del Grupo Clarin. Sin que importe el precio. Y como se sabe, en el mercado hay gente de trayectoria inobjetable y de mucha solvencia, pero hay otros que se han insolventado y que tienen el pasaporte en el bolsillo a la espera de la oportunidad de defraudación. Y el gobierno le da la oportunidad con la plata de los jubilados.
1 comentario:
Son unos cuantos los que tienen el pasaporte en el bolsillo a la espera de la oportunidad de defraudación.
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