La obra de la nueva planta potabilizadora de Aguas Santafesinas para la ciudad parece signada por una historia tortuosa: hace más de un año te contábamos en ésta entrada que en el presupuesto de éste año la obra figuraba con un presupuesto total de 7501 millones de peso, a ser licitada y contratada por la nación bajo el sistema PPP (Participación Pública Privada).
Decíamos entonces que el financiamiento de la obra estaba "...íntegramente a cargo de los inversores privados, porque no está contemplado que el Estado nacional ponga un peso durante el año que viene, y los dos siguientes, por lo menos. El problema es que esa obra (reclamada por Corral al gobierno provincial desde que rompió con el Frente Progresista) es parte de las inversiones que debe hacer Aguas Santafesinas S.A., la empresa estatal que tiene la concesión de los servicios de agua potable en Santa Fe, Rosario y un total de 15 localidades de la provincia.
¿Estará charlado con el socialismo que inversores privados pongan esa plata en el proyecto, y en tal caso a cambio de qué, cobrarle a ASSA por potabilizar el agua, o por haber hecho la obra?"
A juzgar por el decreto cuyas imágenes ilustran el post, la cosa sigue más o menos en la nebulosa: ahora la provincia (el gobierno, no la empresa prestadora del servicio) llama a licitación pública nacional e internacional, con fecha de apertura a menos de dos meses, para ejecutar la primera etapa con un costo estimado de casi 1568 millones de pesos; pero es cuanto menos confusa la situación del financiamento.
En efecto, el decreto dice por un lado que "no se dispone de financiamiento específico para la obra", y que ante la necesidad de ejecutarla, la alternativa es que sea cada oferente que se presente a la licitación el que proponga el financiamiento, junto con su oferta económica. Aclaración: si bien pareciera que se asemeja al esquema PPP, "proponer" el financiamiento no es igual que "tramitarlo y conseguirlo", y ya sabemos los problemas que están teniendo con esto por ejemplo los adjudicatarios de los corredores viales nacionales; por la suba de las tasas de interés y las derivaciones de la "causa de los cuadernos".
Expresamente se dice que las empresas que se presenten a la licitación deberán aportar por lo menos el 70 % del financiamiento que requiera la obra, con créditos de 4 a 7 años de amortización, plazo de gracias de por lo menos 24 meses, en dólares. Sí, seguir endeudándose en dólares (porque en definitivas será la provincia la que absorberá la deuda), en éste momento: el mismo decreto dice claramente que será una operación de crédito público, y por eso son necesarias una ley de la Legislatura que autorice el endeudamiento, y un aval del gobierno nacional, que por cierto debería figurar en el presupuesto nacional que discute el Congreso, y no está.
También dice el decreto que los trabajos no podrían empezar antes del segundo semestre del año que viene, pero que no se puede concretar la licitación si antes no se obtiene la autorización legislativa para endeudarse, y el aval del gobierno nacional a la deuda a tomar.
Pero acá vuelven a confudirse las cosas: más abajo el mismo decreto se contradice al afirmar que la obra tiene financiamiento previsto, pero en el proyecto de presupuesto provincial para el año que viene, que ni siquiera fue presentado a la Legislatura.
La cita del artículo 82 de la Ley 12.510 es de relativa aplicación al caso, pues en materia de obras públicas solo rige supletoriamente, de acuerdo a su artículo 114 segundo párrafo; ya que se aplica la Ley de Obras Públicas 5188, cuyo artículo 6 señala lo siguiente: "Antes de sacar una obra pública a licitación o de contratar directamente su
realización, deberá estar legalmente prevista su financiación. Exceptúanse de este requisito las obras
públicas que fueren de indudable urgencia a criterio del Poder Ejecutivo, con cargo de solicitar el
otorgamiento del crédito correspondiente a la Honorable Legislatura. En caso de que la misma no se
hubiere pronunciado dentro del período correspondiente, se tendrá por acordado el crédito solicitado,
así como la autorización para financiarlo.". (las negritas son nuestras).
Como vemos, en el decreto en ningún momento se pide autorización a la Legislatura para habilitar los créditos, ni tampoco para endeudar a la provincia. Lo que hay que preguntarse es que empresas estarán en condiciones de preparar una oferta de tamaña magnitud y consiguiendo financiamiento para por lo menos el 70 % del costo de la obra, en medio de la actual incertidumbre financiera internacional, y en solo 8 semanas que van desde la fecha del decreto, a la de apertura de los sobres.
O se trata de un bluff descomunal para la campaña de las elecciones del año que viene, o los ganadores de la licitación ya se conocen de antemano.
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