ESA ERA LA IDEA

En noviembre del año pasado te contábamos acá sobre el proceso de privatizaciones en el área energética encarado por el gobierno de Macri, a partir del Decreto 882 por el cual se "auto autorizó" a sí mismo a desprenderse de centrales termoeléctricas construidas durante los gobiernos kirchneristas, y las acciones en Transener, la transportadora de electricidad más importante del país.

Al respecto, leemos en El Cronista que desde que el gobierno anunciara la decisión de vender sus acciones en la empresa, estas perdieron más de un 50 % de su valor en dólares, como consecuencia de la corrida cambiaria, un proceso común a las principales empresas argentinas que cotizan en la bolsa, como veíamos acá.

Empresas en las que -también lo hemos dicho antes- el Estado tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES: en el caso de Transener alcanza al 19,57 % de las acciones Clase B, como podemos ver acá en el portal de la empresa.

Además, por supuesto, de las acciones cuya venta autorizó el citado Decreto 882/17 firmado por Macri y Aranguren, y que corresponden a Citelec, la controlante de Transener que comparten Integración Energética Argentina S.A. (IESA), la empresa creada por el gobierno de Macri para suceder a ENARSA.

Recordemos también que las acciones que tiene el Fondo de ANSES en empresas privadas estaban protegidas por la Ley 27.181 que hizo sancionar Cristina al final de su segundo mandato, para evitar que fueran privatizadas (vendidas) sin autorización especial del Congreso, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara.

Esa prudente disposición, como es sabido, fue barrida en el 2016 por la Ley 27.260 que aprobó el blanqueo de capitales y de paso, le dejó al gobierno de Macri las manos libres para desprenderse de las acciones del Estado en empresas privadas; ley que contó con el aval del Frente Renovador massista y el “peronismo federal” de Bossio, Pichetto y los gobernadores.

Lo cierto es que con esa ley, más el decreto dictado 882 dictado a posteriori (que manda a vender centrales eléctricas construidas por el Estado durante el kirchnerismo) el gobierno de Macri retornaba de lleno a la política de privatizaciones del menemismo, al mismo tiempo que en algunos sectores de la economía (como la energía) fijaba nuevas reglas de juego que hacen que sea muy lucrativo controlar esas empresas, como la dolarización de las tarifas: un negocio del que explícitamente quieren dejar afuera al Estado, para que lo aprovechen los privados.

Así por ejemplo quieren obligar a YPF a desprenderse del 70 % de Metrogas (distribuidora de gas natural en el AMBA) por ser incompatible la condición de productora de gas con la de distribuidora del mismo fluido, cosa que no hacen contra empresas en la misma condición, como Pampa Energía (dueña junto a IESA de Transener), Tecpetrol (la petrolera del Grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, la petrolera de Corporación América, el grupo Eurnekián).

Es decir: el Estado crea las reglas de juego para que los privados hagan negocios, pero se autoexcluye de los beneficios, cargando solamente con los costos que él mismo ha creado; como acaba de pasar con la asunción por su parte (es decir, por todos nosotros) de la compensación a las distribuidoras de gas por la devaluación, aunque muchas de ellas igual obtuvieron ganancias siderales, algunas se cubrieron de la variación del tipo de cambio comprando contratos de dólar futuro y ninguna justificó haber pagado los precios del gas que harían viable esa compensación.

Va de suyo que un accionista (en éste caso el Estado) que asume explícitamente una posición vendedora de sus tenencias (primero con la ley que derogó el “cepo” de Cristina a las privatizaciones, luego con el decreto 882) lo primero que logra es que esas acciones pierdan valor: nadie va a comprar caro hoy, lo que puede conseguir barato mañana.

Y si a eso le sumamos el efecto de la devaluación, tenemos el resultado que describe la nota de El Cronista: una caída vertical del precio de las acciones, medido en moneda dura, y por ende una excelente oportunidad para que inversores con espaldas (incluso los propios socios mayoritarios del Estado bobo) compren esas acciones baratas. O mejor aun: para que las compren inversores extranjeros, con los dólares en la mano.

Si no lo hacen ahora en el caso de Transener es porque no está el horno para bollos con el escándalo que se armó con la compensación a las gasíferas, pero seguramente esperarán a que se disipe un poco la polvareda; porque esa fue la idea desde un principio: el desguace del Estado a precios de remate, como en los 90’.