Después del intento de condonarse a sí mismo la deuda de 70.000 millones de pesos de la famiglia con el Estado por el fracaso de la concesión del Correo Argentinos.
Después de decir que "volvía todo a fojas cero" cuando lo pescaron, pero el acuerdo estaba a punto de ser homologado judicialmente.
Después de haber dictado dos decretos para "regular los conflictos de intereses" en el Estado, que salieron después de que en su gobierno se detectaron infinidad de "conflictos de intereses", empezando por él mismo.
Después de que los abogados del grupo SOCMA lograran seguir pateando para adelante en la justicia el final del entuerto, y por ende, el tener que pagarle al Estado lo que le deben.
Después de todo eso, Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción descubren que el presidente tiene un conflicto de intereses en el caso del Correo Argentino, al menos mientras su familia esté involucrada.
Y por eso le aconseja a Macri excusarse de intervenir en todo lo que tenga que ver con el tema, y delegarle la responsabilidad a Gabriela Michetti.
Y Macri así lo decide, a casi tres años de haber asumido la presidencia, por el Decreto 882, publicado hoy en el Boletín Oficial (completo acá).
En los considerandos del decreto se menciona un expediente, el Nº EX-2017-01883815-APN-OA#MJ , al que pueden acceder siguiendo este enlace, y refiere a la intervención de la Oficina Anticorrupción, que en el mismo concluyó en que "...el Señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio MACRI, no
transgredió el régimen de conflicto de intereses establecido en el Capítulo V de la Ley N° 25.188, así como
tampoco omitió el deber de abstención prescripto por el artículo 2° inciso i) de dicha Ley, en el marco de la
actuación de los funcionarios del Ex Ministerio de Comunicaciones relacionada con el cobro del
crédito verificado a favor del Estado Nacional en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.".
O sea, "técnicamente no es delito", diría Laurita, según su fórmula habitual.
En la misma resolución exculpa de culpa y cargo por violaciones a la Ley 25.188 de ética pública a Aguad (entonces Ministro de Comunicaciones), y Mocoroa, el asesor jurídico que había firmado el ruinoso acuerdo con SOCMA, y le hace saber a Macri que "...en tanto
sus familiares en el grado previsto en el artículo 17 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A., se halla alcanzado por el deber de abstención prescripto por el artículo 2° inciso i) de la Ley N°
25.188 respecto de cualquier asunto relacionado con dicha empresa.", y que además "... deberá abstenerse de ejercer la facultad de avocarse al conocimiento de los
procesos judiciales sobre dicha empresa en que sea parte el Estado Nacional...".
La pregunta del millón es que nuevo negociado a favor de los Macri y en contra de los intereses del Estado argentino tienen ya cocinado sobre el tema, que ahora se acordaron de decirle al presidente que se corra, y sea Michetti la que ponga el gancho.
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