SI NO ENTIENDE, QUE SE VAYA

Macri no entiende. No entiende por qué los empresarios aumentan los precios, o por qué los trabajadores hacen huelga y reclaman mejores salarios, condiciones de trabajo o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales. No entiende por qué Aerolíneas Argentinas tiene déficit, o por qué hay que subsidiarla; no entiende por qué los jubilados protestaron contra la reforma previsional, o por qué los docentes reclaman mayor presupuesto para la educación.

Son tantas las cosas que el presidente dice que no entiende, que a esta altura de los acontecimientos uno se pregunta de qué sí entiende, máxime cuando al parecer y pese a sus años como presidente de un club de fútbol, tampoco entiende cosas que pasan en torno al mundo de la pelota: las barras bravas, la connivencia de los dirigentes con ellas, la violencia, la reventa de entradas.

No entiende o se hace el boludo, porque cree que le conviene: allá por el 2004 él mismo, siendo presidente de Boca, fue procesado por el juez Mariano Bergés por connivencia con la barra brava. Hoy, la empresa de su amigo Marcos Galperín, Mercado Libre (el modelo de empresa que él nos propuso como ejemplo a los argentinos) ofrece entradas para la reventa por Internet, y la propia barra xeneixe tiene su sitio web a esos mismo fines. Capitalismo, le dicen, aun en modo lumpen, y no hablamos solo de la barra.

Acorde con su consistente política de no hacerse cargo de nada, después del escándalo de la suspensión de la final de la Libertadores salió del laberinto por abajo, sin la más mínima autocrítica o cosa que se la parezca por las groseras falencias del operativo de seguridad y desparramando culpas para todos lados: a Larreta y el gobierno de la ciudad, a los dirigentes de River y a la sociedad, porque nos hace quedar mal ante el mundo.

Y por supuesto, acorde con la demagogia punitiva a la que es tan afecta la derecha, a las leyes que estarían mal, y a los jueces que las aplican peor. Acorde también con ese pensamiento mágico, propuso lo mismo que propone siempre la derecha en estos casos: más leyes, aumento de las penas y soluciones inverosímiles; como convertir las contravenciones (que son competencia de las provincias y la CABA) en delitos, o penalizar a los "trapitos".

Porque como decíamos acá,  eso y no otra cosa dice el mamarracho que envió al Congreso en 2016 y perdió estado parlamentario, y que ahora volvería a remitir, convocando a sesiones extraordinarias. Dijimos entonces: "...el proyecto plantea cárcel para los "trapitos", con penas más graves si exigen dinero a cambio de sus servicios. Dejemos de lado el párrafo final del artículo (que tipifica una conducta que con muchísima buena voluntad podría encajar en la figura de la coacción) para detenernos en la primera parte. Así podemos ver que aunque los tipos "ofrezcan" el servicio (o sea que puede ser rechazada la oferta) y el pago sea "a voluntad" (es decir que el dueño del auto paga si quiere, y lo que quiere), irían presos igual por el solo ofrecimiento.

¿Nos quieren explicar cuál es el "bien jurídico tutelado" con esta figura penal tan curiosa, el "derecho a estacionar sin ser molestado"? No conformes con haber toqueteado el Código Penal una y mil veces aumentando las penas (al pedo, porque el porcentaje de condenas firmes ronda el 1,5 % de los casos) y destrozando toda su coherencia interna (según los casos, es peor robar que matar o torturar, por ejemplo) ahora inventan estos engendros."

Otro ejemplo: en la conferencia de prensa Macri dijo "no entender" los escupitajos a Infantino, el presidente de la FIFA, y luego de que él hablara, Patricia Bullrich explicó que lo que buscaba el proyecto del gobierno es transformar todas las contravenciones en delitos. Pues bien, el artículo 34 de la Ley 23.184 (vigente desde 1985) penaliza con 20 fechas de prohibición de concurrencia a los estadios y 15 a 30 días de arresto al que "...arrojare líquidos, papeles encendidos, objetos o sustancias que pudieren causar daño o molestias a terceros..", lo cual incluye obviamente al popular meo desde la bandeja de la tribuna. ¿Qué van a hacer, penarlos con cárcel, por cuántos años?   

El mamarracho (completo acá) también pretende suplir un vacío que no existe, creando la figura penal del “barra brava”, como si en el Código Penal vigente no existiera la figura de la asociación ilícita en su artículo 210 (“...el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación..”). El presidente y sus ministros (que demostraron en la conferencia de prensa estar tan en bolas como él, pese a no ser ingenieros) deberían saberlo, porque lo emplean con frecuencia para referirse al kirchnerismo, y lo aprovechan -a través de sus jueces y fiscales adictos- para fundar prisiones preventivas de opositores políticos.

Como dijimos antes, desde 1985 existe la Ley 23.184 de violencia en espectáculos deportivos, conocida como “ley De La Rúa” porque el proyecto original fue de “Chupete” cuando era senador. Esa ley agrava las penas de todos los delitos que se pueden cometer en ocasión o con motivo de un encuentro deportivo: el homicidio, las lesiones, el hurto, el robo, las defraudaciones y estafas, e incluso crea una figura específica del daño contemplado en el artículo 183 del Código Penal. Como por ejemplo si rompen a piedrazos un micro con jugadores, ponéle.

La misma ley estableció el régimen contravencional aplicable solo a la ciudad de Buenos Aires, invitando a las provincias a adherirse al mismo; cosa que Santa Fe (por ejemplo) hizo en 1990 a través de la Ley 10.527, y un año después incorporó en el Código de Faltas provincial todas y cada una de las figuras contravencionales que figuran en la ley nacional; que además estableció hace ya 33 años la pena accesoria de prohibición de concurrencia a los estadios.

En el año 2008 durante el primer gobierno de Cristina, la Ley 26.358 amplió el ámbito de aplicación de la ley a los delitos y contravenciones que“...se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle.”.

Además dispuso que pudiera aplicarse la prohibición de concurrencia a los que estuvieran procesados por delitos contemplados en la ley, mientras durare el proceso y hasta la sentencia final; y que las filmaciones oficiales de los operativos de seguridad constituyan plena prueba de los hechos.

Ya la ley original estableció que las penas por los delitos contemplados en ella deben ser de cumplimiento efectivo, sin que procedan ni la excarcelación ni la suspensión del proceso a prueba (“probation”). Pena, dijimos, por supuesto: no se puede mantener presas (como pretende Macri) a personas que se comprueba luego (con las filmaciones, que son plena prueba conforme lo dicho) no tuvieron ninguna participación en los hechos, mientras los verdaderos culpables nunca son encontrados, como los “capuchitas” infiltrados por la AFI en las marchas contra su gobierno.

El engendro que el gobierno enviaría al Congreso es una burda y mala copia de las leyes existentes, solo limitada a los partidos de fútbol, un sinsentido que solo se explica por la demagogia berreta de vincularlo en el contexto al escándalo del River-Boca; con lo cual queda claro que el problema no es de leyes, ni de delitos o contravenciones, ni de normas de procedimiento: el gobierno tiene todos los elementos a mano para prevenir el problema, encararlo y resolverlo. Si no entiende como hacerlo - en esto y en todo-, que se vaya y listo.