REFUTANDO MITOS SOCIALISTAS

Cuando Lifschitz buscaba reformar la Constitución para conseguir su reelección, y aun hoy en que intenta no convertirse en pato rengo en el final de su gobierno incidiendo en las candidaturas del oficialismo y especulando con el calendario electoral, propagandizaba su gestión con determinados ejes recurrentes, a saber: estaba haciendo la mayor inversión en obra pública de la historia de la provincia, su gobierno administraba correctamente los recursos y la provincia no tenía déficit sin necesidad de ajustar, era récord la transferencia de fondos a las municipalidades y comunas sin distinciones de colores políticos; entre los principales; y acordaba determinadas políticas con el gobierno nacional, para que Santa Fe cobrara la deuda que Santa Fe tiene con la provincia, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Pero como es costumbre en éste blog, nos permitimos contrastar los dichos con los hechos, y para eso el decreto cuya imagen sirve de apertura al post nos parece particularmente pertinente.

En primer lugar, el decreto se remite al pacto fiscal firmado por Lifschitz (junto con otros gobernadores) con el gobierno nacional a fines del 2017, que fue el preludio de la reforma previsional: en función de ese pacto, las provincias que lo firmaron recibirían un bono de la nación, a ser distribuido en base a los indicadores de la coparticipación federal. Por los servicios que genera ese bono, a Santa Fe le tocaron éste año algo más de 89 millones de pesos, que el decreto está incorporando al presupuesto provincial; pero con un valor real (con el que finalmente son contabilizados por los anexos del decreto) de algo más de 77 millones.

Pensemos en contrapartida, los recursos que la provincia dejó y dejará de percibir por el ajuste implícita y explícitamente pactado en ese mismo pacto fiscal: sobre con la desaparición del fondo sojero creado por Cristina, y la eliminación de los subsidios al transporte, ya estamos hablando de unos 6300 millones de pesos, más o menos flaca compensación la del bono depreciado, siendo que además firmando el pacto, tampoco consiguió Lifschitz que le pagaran la deuda reconocida por la Corte, ni que le financiaran el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

En el mismo decreto se incorporan al presupuesto casi 500 millones de pesos de mayor recaudación de la prevista en el presupuesto (en la provincia eso lo puede hacer el gobernador por un decreto simple sin pasar por la Legislatura, en la nación es necesaria una ley del Congreso o un DNU), de los impuestos que antes del fallo de la Corte ingresaban a la ANSES y la AFIP (para sus gastos de funcionamiento en éste caso), y que desde noviembre del 2015 empezaron a venir a la provincia porque cesaron esos descuentos.

Y acá nos queremos detener: en relación a esos fondos, muchos (empezando por el propio Lifschitz) omiten decir que todos los gobiernos anteriores (incluyendo los del PJ, y los de Binner y Bonfatti) no contaban con esa fuente adicional de financiamiento, que no es poca plata; mientras desde el gobierno nacional se lo atribuyen como un mérito propio y muestra de mayor federalismo, cuando en realidad es consecuencia de un fallo judicial, y ya empezó a llegar en el último mes del gobierno de Cristina, cuando el fallo se conoció.

Pues bien, de esos fondos hay que darles coparticipación a las municipalidades y comunas, y de la parte que le corresponde a la provincia, la Legislatura determinó que se destinen a la obra pública.

En consecuencia con eso, por el decreto Lifschitz les está transfiriendo al conjunto de los municipios y comunas $ 77.564.471,35, es decir apenas el 13,44 % del total de los mayores recursos recibidos por su gobierno: he aquí otra falacia del socialismo, que no modificó ninguna de las normas de la coparticipación provincial, en beneficio de las municipalidades y comunas desde el 2007 para acá.

Finalmente, de los casi 500 millones de pesos con los que se queda la provincia y se destinan a obras en Vialidad Provincial, $ 63.834.000 (o sea, el 12,77 % de ese total) se destinan a trabajos en la autopista Santa Fe-Rosario hoy administrada por el Banco Municipal de Rosario; en la que se cobra peaje, y tampoco es barato.