DINÁMICA DEL PODER

Ayer el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a Menem y Cavallo a 3 años y 9 meses de prisión por peculado (artículo 261 del Código Penal), por la venta a precio vil a la Sociedad Rural del predio de Palermo que ocupa hace más de 100 años, en 1991; cuando los dos estaban en la cúspide de su poder.

En cambio las autoridades de la Rural de entonces fueron sobreseídas, por considerar los jueces que obraron de buena fe, comprando en 30 millones de dólares pagaderos en generosísimas cuotas, lo que valía 131 millones de la misma moneda, según cualquier tasación de mercado.

Con fundamento en los mismos hechos (el delito de peculado) y los procesamientos que había dispuesto la justicia en 2012 contra todos (incluyendo a los ex directivos de la Rural que ahora zafaron) Cristina (elegida un año antes con el 54,11 % de los votos) dictó en diciembre de ese año el Decreto 2552 (texto completo acá); por el cual revocaba la venta por ser de nulidad absoluta (tanto como que fue en hecha a través de un delito), y ordenaba la restitución del predio al patrimonio del Estado nacional.

Por supuesto en ese momento todos los "agrodiputados" que aun ocupaban bancas en algunos partidos que se las alquilaron (como la UCR), y opositores varios como Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo y Tumini (sí, Tumini) pusieron el grito en el cielo por el decreto, y los medios hablaban de "expropiación", cuando el Estado simplemente recuperaba lo que era suyo. 

La Sociedad Rural fue a la justicia con el patrocinio del estudio Cassagne (el mismo que representó al Grupo Clarín en su pleito por la ley de medios), y pese a que un juzgado de primera instancia rechazó una medida cautelar que solicitaron para impedir que se aplicara el decreto, lograron que se las otorgara la Sala II de la Cámara Civil y Comercial; la misma que les había concedido una medida similar para impedir, justamente, la aplicación de la ley de medios.

El gobierno de Cristina apeló la resolución de la llamada "Cámara en lo Clarín y lo Rural", y así el pleito (reiteramos: una simple cautelar, no la discusión sobre el fondo de la cuestión)  aterrizó en la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2013; donde permanece desde entonces, sin movimientos.

Mientras tanto, el decreto quedó suspendido, y la Rural pudo seguir ocupando ilegítimamente el predio que pagó a precio vil en el marco de un negociado que la justicia acaba de confirmar como delito; y al cual van todos los políticos (menos Cristina) años tras año, a rendirle pleitesía a la entidad agrogarca por excelencia, con motivo de la exposición anual.

La fiscal destacada ante el TOF 2 seguramente apelará la sentencia en la parte que corresponde al sobreseimiento de los ex directivos de la Sociedad Rural, y pidió la restitución del predio al Estado argentino, pero en vano. No sería de extrañar que ahora, y con ese fallo a la vista, los cortesanos se dignen por fin y después de casi 6 años, a tratar el recurso del Estado contra la cautelar, y lo rechacen con el fundamento de que el delito lo cometieron los funcionarios públicos, no los directivos de la Rural.

Ya en el ocaso de su poder, Menem y Cavallo son sacrificados como chivos expiatorios, y aquellos para los cuáles cometieron el delito y fueron sus beneficiarios directos (la Sociedad Rural) salen limpios de polvo y paja, demostrando que la justicia es -ante todo- un formidable aparato defensor de los intereses de clase.

Y la que se atrevió a ordenar que lo que es del Estado (y por ende todos los argentinos) volviera a su patrimonio, debe desfilar por los juzgados afrontando un montón de causas, una más inversoímil que la otra. ¿Se entiende más o menos como funciona la dinámica del poder en la Argentina, o hay que hacer un dibujito?