OJO CON LO QUE VAN A HACER

El año pasado el gobierno terminó acudiendo al FMI cuando la aceleración de la fuga de capitales hizo insostenible el modelo de valorización financiera; y en ese marco obtuvo una asistencia financiera récord en la historia del país, y del propio Fondo. Sin embargo, apenas al mes de haberse firmado el acuerdo hubo que renegociarlo, porque ya no se podía cumplir.

El acuerdo nació flojito de papeles, porque nunca pasó por el Congreso como manda el artículo 75 inciso 7) de la Constitución, en virtud de que es a quien le corresponde entender en el arreglo y pago de la deuda exterior de la nación. El gobierno se escudó para no hacerlo en lo que dispone el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera de 1992, que permite exceptuar de esa intervención a los acuerdos que el país firme con organismos multilaterales de los que es parte.

El argumento es insostenible porque esa norma era una delegación legislativa en el Poder Ejecutivo preexistente a la reforma constitucional de 1994, y como tal caducó a los cinco años de sancionada ésta, conforme a la cláusula transitoria Octava de la Constitución, sin que haya posteriormente ratificada por el Congreso a través de una ley especial (especial, no el presupuesto), dictada en el marco de su artículo 76. Para peor, le juega en contra al macrismo el antecedente de que en 2006 Néstor Kirchner hizo ratificar por el Congreso la cancelación total de la deuda con el FMI, siendo que no se trataba de endeudar al país, sino de desendeudarlo.

Por estos días el gobierno estaba en tratativas con el FMI para que le permitan vender los dólares remanentes del préstamo del Fondo en el mercado, para contener la corrida hacia el dólar de los inversores que están posicionados en pesos. Hasta aquí el FMI se venía resistiendo, porque sus dólares (como lo estipula el acuerdo con el gobierno) están destinados a garantizar el cobro de la deuda externa por los acreedores del país, incluyendo el día de mañana el propio Fondo; pero pareciera que va a terminar aflojando, para tirarle otro salvavidas a Macri y a su gobierno.  

Y aquí volvemos a a las definiciones flojitas de papeles: el convenio constitutivo del FMI dispone en su artículo VI Transferencias de capital Sección 1 lo siguiente: “Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital a) Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.” (las negritas son nuestras)

Es decir que si el FMI autorizara el uso de sus dólares para venderlos en el mercado a cualquiera que los quiera comprar, estaría vulnerando sus propias normas, tal como el gobierno argentino violó nuestra Constitución al firmar el acuerdo. Eso sin contar que si el problema es la insuficiencia de dólares en virtud de la aceleración del proceso de fuga de capitales, el propio convenio constitutivo del Fondo en su Sección 3. (Control de las transferencias de capital) dispone que “Los países miembros podrán ejercer los controles que consideren necesarios para regular los movimientos internacionales de capital, pero ningún país miembro podrá ejercer dichos controles en forma que restrinja los pagos por transacciones corrientes o que demore indebidamente las transferencias de fondos para liquidar obligaciones, excepto en los casos previstos en el Artículo VII, Sección 3 b), y el Artículo XIV, Sección 2.” (otra vez, las negritas son nuestras)

Incluso si escasearan divisas (como es nuestro caso) el país miembro del FMI puede así declararlo, y en esos casos otra vez el convenio constitutivo del FMI permite resolver el problema: “La declaración oficial a que se refiere el apartado a) servirá de autorización a todo país miembro para imponer, previa consulta con el Fondo, limitaciones temporales a la libertad de realizar transacciones cambiarias en la moneda escasa. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo IV y el Anexo C, el país miembro tendrá plena jurisdicción para determinar la naturaleza de dichas limitaciones, pero estas no podrán ser más restrictivas de lo necesario para que la demanda de la moneda escasa se limite a las tenencias que el país miembro posea, o a las que vaya adquiriendo, y deberán atenuarse y suprimirse tan pronto como las circunstancias lo permitan.” (siempre las negritas son nuestras)

Sí, los artículos transcriptos del convenio constitutivo del FMI dicen lo que están pensando: que en situaciones de escasez de divisas y problemas de la balanza de pagos, los países miembros pueden disponer controles de los movimientos de capitales, o restricciones al acceso a las divisas, lo que por acá se supo llamar “cepo”.

Las medidas en sentido contrario, como la total desregulación de la cuenta capital, o la eliminación de la obligación de los exportadores de liquidar las divisas en el país, que dispuso el gobierno de Macri desde el inicio de su gestión,  y que son vistas con agrado por el FMI (a tal punto que ni siquiera le sugirieron que las modifique o elimine) son parte sustancial del problema principal de la economía argentina en términos estructurales; que es el déficit de cuenta corriente del balance de pagos, no el déficit fiscal como nos quieren vender, y como quieren usar de excusa Dujovne y sus muchachos para vender los dólares del acuerdo stand by en el mercado, y alimentar así la fuga de capitales por un lado, y el “planchado electoral” del dólar, por el otro.

Que el FMI apuesta a la reelección de Macri y la financia no es ningún secreto, pero en un futuro gobierno (que deberá forzosamente reestructurar toda la enorme deuda contraída por Macri, incluso la del Fondo) todas estas cuestiones deben ser puestas sobre la mesa a la hora de negociar; porque marcan una clara corresponsabilidad del prestamista (en este caso el FMI) con la insolvencia del deudor, o sea, la Argentina.