HONORARIOS

Sabido es que a fines del gobierno de Cristina y tras el balotaje que consagró a Macri presidente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe en el juicio iniciado contra la nación por el gobierno de Binner, por el descuento de la parte de los fondos coparticipables que se destinaban a financiar a la ANSES.

Desde entonces el gobierno de Lifschitz nunca pudo cobrar la deuda, aun teniendo un fallo favorable, y habiendo apoyado en el Congreso el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo de capitales y la "reparación histórica", ni tampoco firmando el pacto fiscal propuesto por Macri: en todos esos casos el sociaslismo adujo que lo hacía, para poder cobrar la deuda, y acá estamos.

En la edición del domingo de "·El Cohete a la luna", señalaba el "Perro" Verbitsky: "La odiosidad de Lorenzetti con Rosenkrantz tiene menos que ver con valores e ideas. Estos sentimientos se intensificaron cuando Rosenkrantz dijo que la referencia para el sueldo de un ministro de la Corte debía ser la de un abogado de un gran estudio y se renovó con su descargo ante Irina Hauser cuando adujo que si debiera excusarse en todas las causas de quienes fueron sus clientes, “el universo de causas en que podría decidir sería irrazonablemente acotado. Por ejemplo, bastaría haber sido abogado del Estado Nacional para no poder intervenir nunca más en causas donde el Estado es parte» (sic). 

Es ostensible que no percibe la diferencia entre representar a una gran empresa que litiga contra el Estado o a la organización política del interés general. Tal vez porque cuando su cliente fue el Estado (la provincia de Santa Fe, en tres casos impositivos, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP) lo logró en sociedad con otro radical de los más progresistas, como Ricardo Gil Lavedra. Fue por contratación directa, pese a que la Fiscalía de Estado tenia 150 abogados, y con la expectativa de obtener un porcentaje sobre los 60.000 millones de pesos en juego, cuestión que está por resolver la propia Corte. Según el concejal justicialista de Santa Fe Eduardo Toniolli, por la ley 21839 esos honorarios deberían fijarse entre 11 y 20 % del monto del proceso. Esto quiere decir entre 6.600 y 12.000 millones de pesos, algo inconcebible en este momento del país, que difícilmente el resto de la Corte dejaría pasar, si el cálculo de Toniolli fuera el correcto.".

El decreto cuya imagen abre el post fue firmado por Binner al final de su primer año de mandato, y autoriza la contratación directa del estudio de Rosenkrantz y su socio Bouzat, y el del radical Ricardo Gil Lavedra (hoy conjuez de la Corte), para llevar adelante los juicios. Los fundamentos para hacerlo así son, como se ve, muy curiosos: "la altísima especialidad de sus integrantes", "su impecable y destacado currículum", "la trayectoria y responsabilidad que han demostrado en el ejercicio de su profesión", y finalmente, la urgencia ("razones de premura") y "la  confianza necesaria que debe haber entre cliente y profesional"; algo que al parecer no garantizaban (a juicio del entonces Fiscal Barraguirre, hoy Procurador General de la Corte provincial)  los profesionales de carrera de la Fiscalía de Estado.

Acá abajo pueden ver las cláusulas de honorarios, insertas en los respectivos contratos firmados por el socialismo con ambos estudios jurídicos:

Como se puede ver, pactaron pagos mensuales a cuenta de los futuros honorarios a regularse judicialmente si los juicios prosperaban (cosa que pasó), y los terceros contra los que la provincia litigaba (la nación) eran condenados en costa, como ocurrió. Al regularse judicialmente los honorarios, se descontarían esos pagos a cuenta.

Fracasados todos los intentos del gobierno de Lifschitz de cobrar la deuda y cuando Macri está a punto de dejar el gobierno, la provincia volvió con su reclamo a la Corte, para que establezca la forma de que la nación la pague. Y en la Corte está Rosenkrantz, y si se excusara, uno de los conjueces es Gil Lavedra.

Imaginen por un momento lo contentos que deben estar Maqueda, Rosatti y Lorenzetti de ponerle la firma a una regulación de honorarios de ese calibre a favor de Rosenkrantz; que además deberían ser pagados con dinero que salga del presupuesto nacional, o sea, con la nuestra.

¿Será que Santa Fe no puede cobrar el juicio a consecuencia de que el socialismo durante el gobierno de Binner haya ido a buscar el mismo estudio de abogados del cual Macri sacaría años más tardes un ministro de la Corte al que intentó colar en la misma por decreto, y en ambos casos los dos (Binner y Macri) lo hicieron porque se trataba de alguien ligado a las más importantes empresas y grupos económicos del país?. Sería una tremenda ironía del destino.