Al kirchnerismo siempre le costó construir
electorabilidad para los candidatos de la “fuerza propia” en las elecciones
provinciales, incluso durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Datos, no
opinión. Al peronismo no kirchnerista/anti kirchnerista, en sus diferentes
encarnaciones, siempre le costó construir candidatos con volumen electoral
relevante para las elecciones nacionales, desde el 2003 en adelante y después
de la llegada de Macri al poder. Datos, no opinión.
La situación
descripta se reactualiza hoy, a partir del resultado de las elecciones
provinciales, en especial las de Córdoba; pero obedece a causas estructurales,
vinculadas por un lado a la disputa interna del peronismo (sobre lo que
volveremos luego) incluso antes de la llegada de Néstor Kirchner a la
presidencia, y por otro lado (al menos en nuestra opinión) al reparto de las
competencias concretas de cada nivel de gobierno que determina nuestra
organización federal; impactada por las reformas del menemismo en los 90’,
incluida la reforma constitucional del 94’; que transfirió a las provincia la
propiedad de los recursos naturales, y estableció un mecanismo de discusión de
la coparticipación federal de impuestos que implicó en términos prácticos,
dejar todo como estaba.
Ese reparto de competencias
determina no solo diferentes compromisos de gestión, sino distintos modos de
interacción con los actores económicos y sociales, que juegan roles políticos:
para un gobernador (y más aun para un intendente), una buena gestión depende de
pagar en tiempo y forma los sueldos estatales, sostener razonablemente bien los
servicios críticos a su cargo (escuelas y hospitales, básicamente) y realizar
algún grado de obra pública. Para un presidente o un gobierno nacional, la cosa
es bastante más compleja, porque tiene que lidiar con la economía, con todo lo
que ello implica.
En un ciclo de
bonanza económica (como fue el del 2003-2015, con sus vaivenes), las provincias
estaban solventes, tenían recursos y sus gobiernos podían administrar sin
mayores inconvenientes, lo que explica el bajo nivel de protestas sociales
“localizadas”, y el amplio predominio de los oficialismos nacionales en las
elecciones. Y en una fase de recesión y ajuste (como la actual), los
gobernadores se las ingeniaron para arrancarle concesiones al macrismo en
materia de recursos, a cambio de apoyos en el Congreso; pero lo decisivo no fue
eso (como sostiene Zuleta Puceiro en ésta nota, a la que corresponde la imagen
de apertura), sino que no tuvieron que lidiar con la economía y sus dilemas.
Un gobierno
nacional (de cualquier signo que sea, y cualquier sea el programa que ponga en
marcha) tiene la responsabilidad de decidir la orientación del modelo
productivo, el grado de apertura de la economía, la política monetaria y de
orientación del crédito, y hasta cierto punto el fomento del empleo, el nivel
de los salarios y el ordenamiento de la puja distributiva, que impacta en la
inflación y la distribución del ingreso. Cuestiones todas que son ajenas, por
escala y competencias, a las preocupaciones de un intendente o un gobernador,
los que en consecuencia también están exentos de los desgastes que implica
pugnar con factores de poder no institucionales, en relación a ellas.
Un ejemplo práctico
-o varios- para que se entienda: ningún gobernador tendrá que preocuparse por
la guerra contra los conglomerados de medios (porque no puede decidir sobre el
grado de concentración que se permite allí), ni por las embestidas de los
fondos buitres y los capitales financieros especulativos (porque es el Estado nacional
el que maneja la deuda externa del país, y los movimientos de capitales), ni
enfrentar una asonada de las patronales agropecuarias por las retenciones, o de
los sindicatos de los trabajadores mejor remunerados por Ganancias.
La mayoría
de ellos (por no decir todos) se cuidan muy bien de cualquier avance que
implique entrar en ese tipo de cuestiones, por ejemplo “planchando” en niveles
irrisorios el impuesto inmobiliario rural, principal tributo directo (y por
ende, constitucionalmente competencia provincial) que puede rozar rentas
extraordinarias. Tampoco tendrán que desvelarse por la financiación de la
seguridad social (que al ampliar su cobertura los pone a su vez a cubierto de
conflictos sociales, sin poner un peso), a punto tal que la mayoría de ellos
transfirieron sus cajas jubilatorias a la nación, o consiguieron que les
financiaran el déficit. Por el contrario, generar una alternativa competitiva a escala provincial exige tener discurso y propuesta para los problemas de ese orden, no alcanza con "nacionalizar" los temas de campaña, y esa es una dificultad con la que tropiezan los candidatos kirchneristas en las provincias.
A semejanza del
peronismo original, el kirchnerismo es una fuerza política construida “desde
arriba”, a partir de la disponibilidad de las herramientas de gestión del
Estado nacional, y debió convivir con peronismos provinciales que obran cada
uno con una dinámica propia, como las fuerzas provinciales con las que se
encontraba Perón en el 45’. A partir de sus éxitos en política económica y
social pudo articular y sostener una coalición más o menos estable con esas
fuerzas que operaban de hecho como provinciales, y que nunca terminaron de
articular un actor político unificado: la “liga de gobernadores” nunca pasó de
ser una especulación de los editorialistas de los grandes medios porteños.
Hoy, en medio de la
crisis generada por las políticas del gobierno nacional de Macri, y sin que el
kirchnerismo disponga de los instrumentos de gestión del Estado nacional para
hacer política, la potencia electoral de Cristina se sostiene en el contraste
entre lo que hizo cuando le tocó gobernar, y el desastre de “Cambiemos”. Como
la crisis es nacional, no les alcanza a quienes sí tienen instrumentos y
resultados de gestión que mostrar (como los gobernadores), pero acotados a sus
realidades provinciales, para construir una alternativa electoral potable, con
posibilidades de disputar con éxito una elección nacional.
Dicho esto a partir
del impactante triunfo de Schiaretti´, que plantea el interrogante de si esta
vez -como viene amagando hace 20 años- el “cordobesismo” logrará traspasar los
límites provinciales y articular una propuesta nacional de tono peronista en
torno suyo, o simplemente se quedará en el planteo de una conducción más
colegiada y “federal” del conjunto del peronismo; acompañando en la elección
nacional “al que más mide”, o (como vino haciendo muchas veces hasta acá)
declarándose formalmente prescindente al respecto, aunque tenga su corazoncito.
La estrategia de
levantar candidatos propios para contribuir al triunfo del PJ (y ante todo, a
la derrota de los candidatos de Macri) que viene desplegando con éxito Cristina
no tiene tanto que ver con que haya pactado reciprocidad para las elecciones
nacionales, donde la aplicación estricta del mismo concepto de “ir todos detrás
del que mide más” llevaría directo a que los gobernadores apoyen su
candidatura. Sin descartar que esos acuerdos existan, se trata sobre todo de eliminar excusas que se utilicen en contra del kirchnerismo para
armar una “colectora” que divida votos opositores, y le facilite las cosas al
gobierno.
Cristina sabe, más
y mejor que nadie, que por más acuerdos o desacuerdos que tengan los
dirigentes, cuanto entra a tallar el voto de la gente en una elección nacional
y con ella como candidata, la cuestión es bien diferente; porque no solo tiene
muchos más votos que cualquier candidato K de los distritos, sino que supera a
la mayoría de los gobernadores del PJ y su eventual candidato presidencial, allí donde éste
es gobierno. Es que con una crisis de la magnitud de la actual (que podría
profundizarse de acá a las elecciones) no hay viabilidad para “provincialismos”
o “municipalismos”, sino para un proyecto nacional, claramente definido y que
tenga claro que hacer con la víscera más sensible: la economía.
Va de suyo que los
dilemas que al respecto afronta el peronismo “alternativo” tienen que ver más
que nada con la discusión ideológica que se da hacia el interior de ese inmenso
territorio en disputa permanente que es el peronismo, aunque siempre parezca
pospuesta por las urgencias electorales: ¿ofrecerse como la continuación del proyecto
macrista en sus grandes líneas, pero “mejor gestionado” y con un soporte
político más sólido; o animarse a aportar a la construcción de una alternativa
real, aunque eso implique turbulencias por más que se apueste a un "pacto social"? Si la opción elegida es la segunda, está claro en que candidatura tienen que poner los porotos.
1 comentario:
Si este Zuleta es el director OPSM, un dato para caracterizar sus "opiniones": en las PASO del 2017, pronosticó 33.40% a 17.50% a favor de Unidad Ciudadana (publicado en el blog abelfer.wordpress.com de aquella época). En fin, un operador chanta. O viceversa.
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