Si por algo será recordado el gobierno de Macri, además de por el inmenso daño social y económico que le hicieron al país sus políticos, es por la proliferación de los "conflictos de intereses"; ese eufemismo oenegista acuñado para disimular la profundas corrupción que subyace en el hecho de que, encancados en un triunfo electoral, miles de empresarios (empezando por el propio presidente) accedieron a puestos claves en la estructura del Estado, y no precisamente para velar por los intereses públicos.
Este gobierno ha sido caracterizado con razón como "el gobierno de los CEO's", que entre los buzones electorales que logró traficar con éxito, convenció a muchos argentinos de que "como son ricos, no necesitan robar", y que además aportarían su supuesta experticia técnica para gestionar el Estado con la misma eficiencia y eficacia con la que -dicen- manejaban sus empresas. Con los resultados a la vista, ambas premisas se revelaron categóricamente falsas.
Pero la idea del desembarco masivo de empresarios y ejecutivos en el gobierno es bastante más que una simple estrategia de márketin electoral, o la convicción de que se puede gestionar el Estado aplicando técnicas de managment privado como si fueran lo mismo: cuando Macri se aprestaba a asumir y trascendieron los primeros nombres de su gabinete, decíamos acá que "...esos CEOS devenidos funcionarios expresan además en el seno del Estado la defensa de los intereses de sus respectivas empresas, grupos económicos o sectores concretos, como el agropecuario o el financiero.
Es allí donde la idea del "país visto como una empresa" empieza a hacer agua porque no necesariamente sus intereses (los de las corporaciones del poder económico) son los del conjunto, o al menos los de las grandes mayorías nacionales (la experiencia histórica indica mas bien lo contrario); aunque el pensamiento neoliberal tiende a naturalizar la idea inversa: los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos son los de todos, como cuando nos vendían que "el campo es el país".
El cuento no es nuevo, y solo cambian los protagonistas: en la "década infame" el abuelo de Federico Pinedo se jactaba de representar los intereses de las grandes compañías extranjeras (primero inglesas, luego yanquis) con importantes inversiones en el país, y gestionarlos desde la función pública cuando le tocó ocuparla, porque no advertía ninguna contradicción entre esos intereses, y los del país.
En los años 90' la ola privatizadora neoliberal en el país y en América Latina incluyó el desguace del Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, con el argumento de "terminar con la corrupción estructural" del "capitalismo de amigos", que supuestamente -o no- favorecía a grupos empresarios nacidos, criados y prosperados al amparo de sus vínculos de negocios con el poder político; más allá de los gobiernos circunstanciales.".
De allí entonces que estos muchachos hayan desembarcado en el Estado con ideas fijas y bien concretas: colonizarlo sistemáticamente en beneficio de sus propios intereses; para lo cual se avocaron de inmediato y con precisión quirúrgica no a desregular, sino a establecer regulaciones, en su propio beneficio: peajes, aerolíneas "low cost", bancos, energía no convencionales, permisionarias de servicios privatizados, sobreabundan los ejemplos de lo que estamos graficando.
Y luego de haber creado desde el Estado una espesa malla de regulaciones en favor de intereses que no son precisamente los del Estado ni los de las grandes mayorías nacionales, se aprestan a emprender una retirada en desbande tras el garrotazo electoral; como nos cuentan en esta nota de El Cronista en la que dan cuenta que tendrían dificultades para reinsertarse en la actividad privada, donde no existirían suficientes vacantes para absorberlos.
Más allá de que eso nos chupe un huevo, no habría que extrañarse que intenten reciclarse en el futuro gobierno, vendiendo su "expertisse" en "mercados regulados" (como diría Pagni), o su sapiencia para desenredar las madejas legales que ellos mismos crearon, o para interpretarlas en el sentido que favorezca a los intereses que superan siempre.
Un desafío para el nuevo gobierno, el de no repetir la estrategia de reclutar funcionarios sola y simpemente por su presunta versación en un determinado tema, sino considerando además su compromiso político con un proyecto, y su consustanciación con los intereses públicos, y la vocación real por ponerse la camiseta del Estado, que es la de todos nosotros.
Pero además -y esto es más que seguro- deberán lidiar con estas sanguijuelas, actuando como lobbistas más o menos disimulados de los intereses a los que sirven, cuando se sacudan el polvo del porrazo macrista y -como hacen siempre- vuelvan a convertirse en "expertos" o "consultores" que, dedito levantado en mano, pontifiquen sobre cual debe ser el rumbo del nuevo gobierno; que obviamente no será otro que el que favorece a esos intereses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario