LA FRASE

"ME SIENTO CON GANAS DE TENER OTRO MANDATO, ESTE CARGO ES MAGNÍFICO, SOBRE TODO POR EL RÉGIMEN DE LICENCIAS QUE TIENE." (MAURICIO MACRI)

jueves, 3 de diciembre de 2015

EL GABINETE DE MACRI Y LA PUERTA GIRATORIA


A nadie puede sorprender el criterio con el que Macri viene formando su futuro gabinete, plagado de CEOS de grandes empresas nacionales y extranjeras: es parte de la idea de que el país es una gran empresa, y que la solución de sus problemas es solo cuestión de "gestión" y "managment", sin "grandes prólogos ideológicos"; como supo decir en su momento el propio presidente electo.

No habría entonces ideología sino un cásting de gerentes eficaces, y capaces de resolver los problemas, como si -por ejemplo- la cuestión de la pobreza la encarara igual un neoliberal, que alguien que no lo es. La premisa es -por supuesto- falsa: ni un país es una empresa, ni nadie anda por la vida completamente desprovisto de ideología; en tanto sistema de ideas desde el cual interpreta el mundo y la realidad y si le toca, trata de transformarlo en consecuencia.

De hecho, los que están siendo reclutados por estos días para formar parte de los equipos del nuevo gobierno son elegidos precisamente porque tributan  a determinado "corpus" de ideas: no se ha sabido -al menos hasta acá- que tentaran a los encargados de gestionar el hotel Bauen o la ex cerámica Zanón de Neuquén, aunque en ese cometido puedan exhibir eficacia.

Y esos CEOS devenidos funcionarios expresan además en el seno del Estado la defensa de los intereses de sus respectivas empresas, grupos económicos o sectores concretos, como el agropecuario o el financiero. Es allí donde la idea del "país visto como una empresa" empieza a hacer agua porque no necesariamente sus intereses (los de las corporaciones del poder económico) son los del conjunto, o al menos los de las grandes mayorías nacionales (la experiencia histórica indica mas bien lo contrario); aunque el pensamiento neoliberal tiende a naturalizar la idea inversa: los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos son los de todos, como cuando nos vendían que "el campo es el país".

El cuento no es nuevo, y solo cambian los protagonistas: en la "década infame" el abuelo de Federico Pinedo se jactaba de representar los intereses de las grandes compañías extranjeras (primero inglesas, luego yanquis) con importantes inversiones en el país, y gestionarlos desde la función pública cuando le tocó ocuparla, porque no advertía ninguna contradicción entre esos intereses, y los del país.

En los años 90' la ola privatizadora neoliberal en el país y en América Latina incluyó el desguace del Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, con el argumento de "terminar con la corrupción estructural" del "capitalismo de amigos", que supuestamente -o no- favorecía a grupos empresarios nacidos, criados y prosperados al amparo de sus vínculos de negocios con el poder político; más allá de los gobiernos circunstanciales.

Por entonces apareció en todo su esplendor el "oenegeísmo" como subproducto de las nuevas formas de politización (o despolitización, según se mire) que se autoatribuyó el rol de representar a la sociedad civil en el control del poder público (no del poder económico, desde ya), evitando los "conflictos de intereses" y las "puertas giratorias": ese fenómeno por el cual alguien podía alternarse de lo dos lados del mostrador entre el Estado y las empresas del sector privado, en total concupiscencia de intereses. 

Que fue justamente lo que ocurrió por entonces hasta el escándalo, como pasó por ejemplo con el estudio Cassagne; hoy dispensador de cautelares a la carta y entonces redactor de los pliego de las privatizaciones primero, para asesorar a las empresas que se quedaban con los bienes del Estado después, sin solución de continuidad.

De ese sector de "ONGS" custodias de la transparencia y la moral pública provienen no pocos de los cuadros del PRO, y son la usina de ideas que generan placebos para calmar ciertos escrúpulos morales de sus votantes promedio: Así por ejemplo tras 10 años ejerciendo la función pública como diputado primero y jefe de gobierno porteño después Macri -imitando el ejemplo de Piñera en Chile- pondría su fortuna "bajo un fideicomiso". Fortuna que heredó de los pingües negocios hechos por las empresas del familia con el Estado en todos los gobiernos, desde la dictadura militar hasta nuestros días. 

En ese marco de las ideas del Consenso de Washington (que hasta llegó a alentar la "Convención Interamericana contra la corrupción") surgió en la transición entre Menem y De La Rúa la  Ley 25.188 de Etica Pública, prevista ya en la reforma constitucional del 94'. Ley cuyo artículo 13 señala:  "Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividadesb) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones...". (las negritas son nuestras)

El detalle no pasó inadvertido a los repúblicos de "Cambiemos", y allí que por ejemplo el ex CEO de LAN no fue a conducir Aerolíneas sino a un cargo de la Jefatura de Gabinete (como si desde allí no pudiera influir a favor de sus anteriores patrones), y para manejar la aerolínea de bandera eligieron a la ex CEO de General Motors en el país. Que no pueda asumir el cargo sin violar el artículo 99 inciso 5) del Cödigo Aeronáutico nacional (porque no es de nacionalidad argentina) se les habría escapado, al parecer.

Sin embargo y más allá de la angelical forma en la que Ley 25.188 tipifica los "conflictos de intereses", la ley de ministerios parece ser más rigurosa en sus artículos 24 y 25: "Durante el desempeño de sus cargos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales." dice el 24; y "Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionario pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional.", señala el 25.

Si uno mirara las cosas con la perspectiva que suelen hacerlo ellos (que dan a estos asuntos importancia capital cuando se trata de los políticos tradicionales ocupando cargos públicos), podría preguntarse si el artículo no le calza justo a Buryaile (deudor moroso y embargado del Banco Nación) que acaba de anunciar medidas que redundarán en grandes beneficios para el sector del cual es parte (y lo seguirá siendo); o en que condiciones se desvinculó Prat Gay de la JP Morgan, o Aranguren de Shell: no sea cosa que nos enteremos luego que el plan de retiro incluye algún bonus o participación en las ganancias de ambas, que pueden verse acrecentadas -ponéle- si participan en la colocación de deuda, o si cambia sustancialmente la política energética y aumentan los beneficios para el sector petrolero.

Lo concreto es que aun sin darse tales circunstancias, todo parece indicar que ambos van a adoptar medidas como funcionarios que beneficiarán ostensiblemente a los sectores de los que provienen; sin ponerse colorados y acaso convencidos de que son las mejores para los intereses del país, o peor aun: las únicas racionales. Y acaso al dejar la función pública vuelvan a esos sectores privados, en retribución por los servicios prestados.

Pero a no desesperar: ayer nomás nos contaba Clarín que la futura titular de la Oficina Anticorrupción (organismos surgido en el mismo contexto ideológico y época histórica señalados más arriba), Laurita Alonso señalaba que "Frente a consultas de futuros funcionarios, la OA emitirá un dictamen preventivo de conflictos de intereses e incompatibilidades para recordar la normativa vigente y para recordar que, ante la duda, todo funcionario puede pedir asistencia y un dictamen particular a la Oficina...".

Que ella misma esté un poco flojita de papeles porque no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 102/99 para estar a cargo de la Oficina (no es abogada, ni viene del Ministerio Público o el Poder Juidicial) es un detalle menor, que se puede solucionar con buena voluntad y si no alcanza, con algún que otro DNU.

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