LA FRAZADA CORTA

Leíamos en Ambito de ayer sobre las preocupaciones y quejas de los gobernadores porque los envíos de coparticipación federal están mermando en términos reales (es decir descontando el crecimiento nominal por la inflación), lo que les dificulta sus finanzas.

Según dice la nota, también preocupa la merma en los recursos coparticipables como consecuencia de los cambios en Ganancias aprobados a principio de año, y los que se vendrían en el IVA si prospera el proyecto enviado por Macri al Congreso para devolver parte del impuesto (hasta 300 pesos por mes) en las compras de los beneficiarios de jubilaciones mínimas y planes sociales, con tarjeta de débito.

El caso es un buen botón de muestra de cómo funciona en la práctica el esquema de los “equilibrios generales” que plantea el neoliberalismo; equilibrios que en la práctica nunca terminan funcionando tal como se conciben en el laboratorio.

Y conste que no se analiza acá el esquema tributario vigente desde la perspectiva de su reforma, ni como se reparten los ingresos entre la Nación y las provincias; que es en sí misma otra discusión generadora de tensiones políticas, donde los posibles avances están condicionados además por las estrictas pautas que estableció la reforma constitucional de 1994 para modificar el régimen de coparticipación.

En los esquemas económicos ortodoxos la eliminación del déficit fiscal (el restablecimiento de un “equilibrio” entre los ingresos y los gastos del Estado) es elevado a la categoría de fin en sí mismo, tanto como las “metas de inflación” a las que se terminan subordinando todas las variables de la economía, como la tasa de interés.

En el caso del déficit, la ortodoxia pone siempre el foco en los gastos del Estado (enfatizando la necesidad de contenerlos o bajarlos), sin hacer lo propio con los recursos. Por el contrario, son siempre partidarios de conceder franquicias y exenciones tributarias de todo tipo a las fracciones más concentradas del capital.

El gobierno de Macri no ha sido la excepción al respecto: eliminación de retenciones a todas las exportaciones agropecuarias e industriales, rebaja de las correspondientes a la soja, eliminación del impuesto a los autos de alta gama o al champagne y los vinos espumantes, se cuentan entre las medidas fiscales que se tomaron desde diciembre con la idea de impulsar la reactivación de la economía; pero afectando los ingresos del fisco nacional, y de los de las provincias; a los cuáles le llegan incluso las transferencias del Fondo Federal Solidario conformado con el producido de las retenciones a las exportaciones sojeras.

Tomando como punto de partida del análisis la estructura actual del sistema impositivo en base al cual se establece el esquema de coparticipación federal, vemos que tienen un peso decisivo impuestos como IVA y Ganancias, que están íntimamente ligados al ciclo económico, y en consecuencia suben o bajan (en términos reales) de acuerdo con el nivel de actividad.

En ese sentido no debe sorprender que una ostensible merma en el consumo (de la cual dan cuenta distintos informes conocidos en estos días) se refleje en una menor recaudación de IVA, impuestos internos y -más a mediano plazo- Ganancias; todos coparticipables a las provincias.

Por otro lado tampoco se ha verificado hasta acá la “teoría del derrame” en términos fiscales: la eliminación de las retenciones a las exportaciones de las diferentes economías regionales no ha redundado ni en una mejora de la actividad (salvo el caso puntual del trigo), ni en una mayor contribución de esos sectores al fisco por otras vías, como Ganancias.

Y los cambios impositivos observados desde diciembre no serían los únicos: si la inflación sigue en niveles elevados, crecerán los reclamos empresarios para ajustar los balances por su incidencia, y así pagar menos Ganancias; un reclamo al que el propio Macri en campaña le dio la razón, cuando fue al coloquio de IDEA.

Por fuera del esquema de lo que es estrictamente la distribución de tributos coparticipables enre la nación y las provincias, todas las propuestas “reactivadoras” del gobierno de Macri involucran exenciones o bajas de impuestos y cargas fiscales: el plan “Primer Empleo” enviado al Congreso contempla la eliminación primero y rebaja después de los aportes patronales; contribuyendo a desfinanciar a la seguridad social privándola de recursos genuinos.

No es un dato menor que ambas cuestiones (baja en la recaudación de impuestos propiamente dicho, merma en las contribuciones a la seguridad social) afectan la fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones establecida por la Ley 26.417 (2008), hecha extensiva a las asignaciones por la Ley 27.160 (2015); tirando para abajo los futuros aumentos, y ralentizando así uno de los motores de la demanda agregada que impulsan el consumo y la actividad.

Como el déficit fiscal se agudiza por el lado de la caída de ingresos (por decisiones del propio gobierno, y por la caída en el nivel de actividad ocasionada por sus políticas) se achica más el gasto para combatirlo, y esa merma en el gasto hace caer la demanda agregada, lo que hace caer más todavía la actividad y la recaudación; y el círculo (vicioso) vuelve a empezar.

Mientras ese mismo déficit fiscal genera la tentación de endeudarse para resolverlo por esa vía, aun cuando se diga que la toma de deuda es para solventar inversiones de infraestructura. Y ese mayor endeudamiento agrega a futuro una mayor carga financiera al Estado para atender los servicios de la deuda contraída, y vuelve a comprometer el equilibrio fiscal fijado como meta.

Como aquélla célebre metáfora futbolística, sería el síndrome de la frazada corta.