CONTRA CRISTINA ESTABAN MEJOR

Hace mucho tiempo atrás, en noviembre del año pasado, con los resultados electorales de las legislativas 2017 a la vista todos (el oficialismo y buena parte de los opositores, muchos "analistas" gastaban a cuenta de la prolongada hegemonía del macrismo en el poder, y nadie se animaba a ponerle límites a su voluntad. En ese contexto, y tras haber negado otra vez (como en el balotaje del 2015) que lo fuera a hacer, el gobierno se preparó para descargar otro ajuste sobre la sociedad argentina: el propio Macri convocó desde el CCK al "reformismo permanente", y propuso a las provincias un pacto fiscal, que casi todas ellas (menos San Luis) terminaron firmando: ver acá sus cláusulas.  

Pero en la eternidad transcurrida desde entonces (ocho meses) y tal como dijo Macri, "pasaron cosas": la corrida cambiaria, el corte del chorro del financiamiento externo, las previsiones contenidas en el presupuesto 2018 que se fueron al carajo, y finalmente, el acuerdo con el FMI, que...oh sorpresa: deparará un nuevo ajuste; cuya magnitud el mejor equipo de los últimos 50 años calculó primero en 200.000 millones de pesos para el año que viene, para luego corregirlo a 300.000.

Un ajuste que, aunque Macri no consultó a los gobernadores de las provincias para ir al Fondo, las abarca y comprende, y la primera pretensión oficial era que ellas cargaran con el 50 % del muerto, ajustando gastos por un total de 150.000 millones de pesos. Luego y ante la previsible resistencia, "ofreció" que solo fueran 100.000 millones, corriendo el resto por cuenta de la nación. Y en eso están, negociando "la letra chica" de los tijeretazos, tal como da cuenta ésta nota de El Cronista del martes, a la que corresponde la imagen de apertura, que deja algunas perlas para el análisis, a saber:

* La nación les pide a las provincias que cedan el 5 % de la coparticipación que les corresponde para destinarlo a financiar a la ANSES, porque no le alcanzarán los recursos de ésta para pagarles los aumentos a los jubilados y pensionados de acuerdo con la nueva fórmula de ajuste aprobada el año pasado (que se aprobó porque "la ANSES no da para más"), y la "reparación histórica" aprobada en 2016.  

Para que se entienda: los cambios introducidos en el pacto fiscal de noviembre pasado al reparto de los impuestos coparticipables afectados en parte a financiar la seguridad social (eliminando el aporte de Ganancias, y coparticipando en un 100 % el impuesto al cheque) perjudicaron las arcas de ANSES por el lado de los recursos; y por el lado de los gastos éstas se ven complicadas por otras dos decisiones adoptadas por el gobierno de Macri, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores: el cambio de la ley de movilidad y la "reparación".

* Como los aumentos del primer trimestre del año que viene a jubilados y pensionados se aplicarán tomando en cuenta en un 70 % los índices inflacionarios de este año (el otro 30 % es por RIPTE, o sea la evolución de los salarios), que el gobierno imaginó en el presupuesto que serían del 10 % para todo el 2018 y terminarán superando cómodamente el 30 %, más cerca del 35 %, el cambio agravará la situación financiera de la ANSES, sin mejorar la de los jubilados: el agregado de Pichetto en el paso de la reforma por el Senado tira los aumentos para abajo, porque la mayoría de las paritarias de los trabajadores formales terminarán perdiendo contra la inflación.

* La fórmula de movilidad aprobada en 2008 durante el gobierno de Cristina por la Ley 26.417 -que fue derogada en diciembre del año pasado para imponer los cambios que ahora el gobierno dice que no puede sostener- contemplaba la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, y la de los recursos propios de la ANSES: contribuciones patronales, aportes personales y parte de la recaudación de impuestos coparticipables (IVA, Ganancias, cheque, especialmente) afectados específicamente. 

Sí: esos mismos impuestos que Macri está devolviendo a las provincias por el fallo de la Corte Suprema a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, y que el kichnerismo mantenía afectados para que la seguridad social fuera sustentable financieramente, por eso los recursos de ANSES entraban de algún modo en la fórmula de ajuste.

* Que decir de la "reparación histórica", que solo beneficia a un número reducido de jubilados pero condiciona las finanzas del conjunto del sistema previsional, y le brinda al gobierno la excusa perfecta para comprometerse en el acuerdo con el FMI a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Sí, queda algo por decir: que en 2016 fue aprobada gracias al apoyo de la mayoría de los gobernadores, pese a que era obvio que eso iba a pasar, y a que además era el anzuelo para colar el blanqueo de capitales. 

* La nación le pediría a las provincias la eliminación del Fondo Federal Solidario (fondo soja), creado por Cristina en 2009 a través del Decreto 206, afectando el 30 % del producido de la recaudación de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, fondo que ya en el presupuesto de éste año y de acuerdo a lo acordado en el pacto fiscal, no figuró y viene disminuyendo por el cronograma de rebaja de retenciones a la soja aprobado por Macri.

De desaparecer el FFS, el gobierno nacional (que no quiere suspender la rebaja de retenciones, ni siquiera a pedido del FMI o la UCR) se quedará con esos recursos que antes se destinaban a las provincias (no obstante no ser obligatoriamente coparticipables), con la finalidad exclusiva de destinarlos a la obra pública, aunque sus gobernadores (como los de Córdoba o Santa Fe) hubieran apoyado a las patronales del campo durante el conflicto por las retenciones móviles. 

Recordemos que ya la nación les advirtió a las provincias que no habrá fondos para obras sino que deberán encararlas bajo el sistema PPP (Participación Pública Privada), o con sus propios recursos; y que el mismo artículo dice que también les pedirá que se hagan cargo de los planes de vivienda, sin precisarse si les seguirán llegando los fondos del FONAVI de la Ley 24.464, o se los quedará la nación.

* Siempre según la nota, la nación les pediría a las provincias hacerse cargo del pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo cual merece un comentario: la mayoría de los gobernadores apoyaron que Macri borrara de un plumazo la paritaria nacional docente creada por el artículo 10 de la Ley 26.075 de financiamiento educativo aprobado durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la mano del Programa de Compensación Salarial, por el cual la nación financiaba las mejoras salariales para los docentes pactadas en ese marco, que las provincias no pudieran financiar con sus propios recursos.

De prosperar el pedido, las provincias deberían pagar con sus recursos (que en el pacto fiscal se comprometieron a bajar, como el caso de Ingresos Brutos) la parte del salario docente que estaba integrada por el FONID, y lo que ya no vendrá por el programa de compensación porque se disolvió la paritaria nacional. 

* Finalmente el artículo nos cuenta que la nación insiste en que las provincias financien buena parte del ajuste, porque perderá recursos propios por un equivalente a un 1 % del PBI, a saber: incremento de las partidas del Fondo del Conurbano bonaerense (comprometida en el pacto fiscal), rebaja de impuestos (Bienes Personales y otros) y contribuciones patronales de la reforma tributaria (Bienes Personales y otros), rebaja de retenciones y desaparición de aportes extraordinarios del Banco Nación, como los 20.000 millones de pesos manoteados de su capital éste año, según también lo pactado en el consenso fiscal con las provincias, y volcado en un artículo de la ley de presupuesto, que votaron los legisladores que responden a los gobernadores.

Para que se entienda: para cumplir con la meta de déficit fiscal sobre el PBI pactada con el Fondo sin consultar a las provincias, el gobierno de Macri les exige participar del ajuste porque no quiere dar marcha atrás con las transferencias especiales a Vidal (aunque en la práctica no van a obras, sino a pagar la abultada deuda contraída por la PBA desde 2015), ni con la rebaja de las retenciones (aunque se lo pidan la UCR y el FMI, y quiera eliminar el fondo sojero), ni con la rebaja de los aportes patronales (aunque les está pidiendo recursos a las provincias para financiar la seguridad social), y porque ya no no puede echar mano a la caja del Banco Nación, porque corre peligro de vaciarlo, si además tenemos en cuenta la zona de riesgo en la que lo está colocando el Banco Central, con su toqueteo de los encajes.

* Finalmente dice el artículo que las provincias desconfían de las estimaciones macroeconómicas del gobierno para el presupuesto del año que viene (crecimiento del 2 % e inflación del 17 %), lo cual es lógico, considerando lo que pasó este año; cuando el presupuesto (aprobado gracias, otra vez, al apoyo de la mayoría de los gobernadores) estipulaba que la economía crecería un 3,5 % , y la inflación sería del 10 % para todo el año; meta modificada 12 (doce) horas después de la aprobación del presupuesto para llevarla al 15 %, y luego dejarla definitivamente de lado.

¿Será acaso que muchos jeños de la estrategia de la oposición, y magos de las finanzas del oficialismo, contra Cristina estaban mejor que a favor de Macri, o apoyándolo?