Si alguno leyera la tapa de Clarín del jueves (a la que corresponde la imagen de apertura) sin ver la fecha de la edición del
diario, podría pensar que estamos en 2012, cuando el gobierno de Cristina tomó
la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF; o en 2013 cuando los
medios del Grupo comenzaron la ofensiva final contra el kirchnerismo usando
como principal arma al programa de Lanata.
Porque las
idioteces que se dicen a propósito del fallo de la justicia norteamericana ante
el reclamo del fondo buitre Burford por la expropiación de YPF son más o menos
del nivel de las que se decían entonces a propósito de los reclamos de Paul
Singer, cuando el propio Lanata viajaba por el mundo financiado por él para
encontrar “la ruta del dinero k”, y hacer que Cristina pagara con su patrimonio
el reclamo contra la Argentina.
En medio de una
corrida cambiara que ya lleva meses y le ha costado al país 19.000 millones de
dólares de las reservas en fuga de capitales, y un endeudamiento con el FMI de
otros 15.000 millones (ya recibidos) y potencial de hasta 50.000 palos verdes,
arman un escándalo por un reclamo que está planteado por 3000 millones de la
misma moneda, recién comienza y está capitaneado por alguien que pagó 800
millones por el juicio probable de los Eskenazy contra el Estado porque no les
expropiaron las acciones de ellos; ya que como es sabido el gobierno tomó el
control del 51 % que correspondía al grupo Repsol.
El fallo conocido
esta semana lo único que hace es admitir que el litigio iniciado por Burford
siga en los tribunales de Estados Unidos, a lo que el país se oponía por
entender que debía sustanciarse ante los tribunales nacionales; e incluso al
Estado argentino le quedan aun recursos legales que utilizar: apelar ante un
panel (plenario) de jueces de la corte de apelaciones del distrito, o ante la
Corte Suprema de los EEUU para revertir la decisión; o pedir un “discovery”
para determinar las condiciones en las que el fondo inversor compró el litigio
(en la quiebra de dos empresas del grupo Eskenazy, abierta en España), del cual
a su vez ya vendió una parte a otro fondo.
El cuestionamiento
se basa en que -de acuerdo al estatuto social de YPF- el Estado argentino al
expropiar la compañía debió ofrecerles comprarles sus acciones a todos los
accionistas y no solo a Repsol, lo cual supondría el absurdo de que una norma
estatutaria se imponga a una decisión soberana como expropiar, que además tiene
fundamento constitucional.
Los propios
tratados bilaterales de inversión firmados por la Argentina en los 90’ en los
cuáles aceptó también la jurisdicción del tribunal del CIADI al cual adhirió
por la Ley 24.353, así lo reconocen y el firmado con España y aprobado por la
Ley 24.118 no es la excepción: lo único que exigen en esos casos es que la
expropiación responda a causa de utilidad pública, y sea previamente
indemnizada, que no es ni más ni menos que lo que disponen el artículo 17 de la
Constitución nacional, y la Ley de Expropiaciones 21.499. Por esa razón Repsol
retiró su demanda del CIADI cuando el Estado argentino le pagó la indemnización
por el 51 % expropiado a través de la Ley 26.741 (2012).
El fallo de esta
semana fue dictado por la corte de apelaciones del distrito
sur de Maniatan, pero no tiene ningún punto de conexión con los reclamos por
los bonos de la deuda que cayeron en default, en los que el país había aceptado
la jurisdicción extranjera; y aun una eventual sentencia condenatoria debería
ser ejecutada por intermedio de los tribunales argentinos, siempre que no viole
nuestro orden público (artículo 27 CN y artículo 2600 del Código Civil y
Comercial).
Si al gobierno le
interesara verdaderamente resolver los problemas y no hacer papelones, tiene
argumentos de sobra para defender la postura del país en el litigio; a menos
que quiera que en realidad lo pierda, como pareciera que es el caso del reclamo
de Met Life ante el CIADI por la recuperación de los activos de las AFJP, que
podría basarse en que el propio Estado argentino sostuvo en su acuerdo con el
FMI que los fondos fueron “incautados”.
No sea cosa que en éste caso nos
encontremos en un supuesto similar, y el absurdo fallo yanqui les sirva de
excusa como para desprenderse de YPF: estas insólitas declaraciones de la impresentable Laura Alonso no hacen sino alimentar los temores.
No viene mal
recordar -ante tanto disparate que se oye y lee por estas horas- que la ley de
expropiación de YPF tuvo un amplísimo apoyo: 208 votos a favor en Diputados, el
81 % de la Cámara, incluyendo a todo el bloque de la UCR y algunos diputados de
la Coalición Cívica. Dicho esto porque los medios hablan de “la responsabilidad
de Cristina y Kicillof” por haber expropiado solo las acciones de Repsol en
YPF, sin ofertarles a los demás accionistas comprárselas.
La propia Carrió se
abstuvo, pero no votó en contra como era su norma durante el kirchnerismo, ante
todo proyecto originado en el Poder Ejecutivo. Carrió, la misma que por estas
horas anda planteando denuncias por posibles coimas a funcionarios argentinos
en la compra de las acciones que le hiciera el Grupo Eskenazy a Repsol, por la
cual llegó a tener el 25 % del capital social de la petrolera; como si eso
tuviera algo que ver con lo que se está ventilando ahora, y como si alguien
fuera tan ingenuo como para pagar una coima para que otro (los supuestos
funcionarios coimeados) hagan algo que no pueden hacer: venderles lo que era de
otro, por ejemplo.
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