Cuando Lifschitz convocó a las elecciones provinciales con seis meses de distancia en relación a la asunción del nuevo gobierno (ocho contados desde las PASO), y luego, con los resultados puestos, cuando el engendro de la boleta única determinó que el gobernador electo Omar Perotti esté en minoría en la Cámara de Diputados, estaba claro que la transición iba a ser todo, menos tranquila.
Con el radicalismo (en su expresión mayoritaria) atado al carro de Macri hasta el desastre final, perdiendo aun algunas municipalidades importantes que gobernaba (como Santa Fe), y el socialismo fracasando por enésima vez en el intento de construir una "tercera vía progresista" a nivel nacional (terminaron haciendo campaña por Urtubey, tal es su extravío), el camino que les quedaba por delante era bastante claro: olvidar rencores y volver a trabajar codo a codo para reconstruir la Unión Democrática antiperonista en Santa Fe, que viene funcionando desde hace casi 30 años con distintos nombres de fantasía: Alianza Santafesina, Frente Progresista Cívico y Social, etc; para recuperar el gobierno de la provincia dentro de cuatro años.
Y para eso necesitaban dos cosas: generar en la larguísima transición medidas que les permitieran contar con recursos para construir una alternativa provincial desde las gestiones locales (municipalidades comunas), y sabotear de antemano el desarrollo de la gestión del PJ, que retorna al gobierno de la provincia luego de 12 años. En el caso del socialismo, al cuadro descripto hay que sumarle la calamitosa situación financiera de las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, que pasará a gobernar desde diciembre en un caso, y dejará de gobernar luego de 30 años de modo directo, en el otro.
En la búsqueda de esos objetivos, no vacilan incluso en complicarles la vida a sus propios intendentes y presidentes comunales, demorando por ejemplo la sanción de la ley que les permitiría utilizar el 50 % del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes (como pagar sueldos o proveedores), con el pretexto de incluir en el reparto a las dos municipalidades más grandes de la provincia.
Pero lo de la sesión de la Legislatura de ayer ya supera todo, porque rompe con todos los códigos del trabajo parlamentario, y vuela por los aires el proceso de transición hacia el nuevo gobierno, que ya se venía pudriendo bastante mal por el empecinamiento de la gestión de Lifschitz en seguir realizando hasta el final gastos superfluos y evitables, que van a condicionar severamente a la futura administración.
Como da cuenta acá la crónica en El Litoral, los legisladores del Frente Progresista hicieron valer su mayoría en Diputados para sancionar (con un dictamen obtenido en condiciones objetables y con escándalo incluido por el retiro de los diputados del PJ de la sesión) una ley que regula el "Plan Abre", extendiéndolo a todas las municipalidades de primera y segunda categoría (las comunas quedan excluidas); pero sacándole al gobierno provincial su manejo, para pasarlo a una "comisión de seguimiento" integrada por partes iguales entre representantes de ambas Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo; lo cual de por sí no garantiza su funcionamiento: ¿cómo resuelven por ejemplo situaciones de empate?
Ante esa comisión deben presentar las municipalidades los proyectos para que sean financiados con el 6 % de la recaudación del impuesto a los Ingesos Brutos (al día de hoy, unos 3500 millones de pesos), que se asignarán entre las distintas municipalidades conforme a los índices de coparticipación de ese impuesto, que son los mismos de los impuestos nacionales.
El proyecto por un lado amplía el Plan Abre a más localidades de la provincia, pero en un contexto en el que Santa Fe y Rosario pasarían a participar del Fondo de Obras Menores (achicando por ende los fondos que reciben por esa vía el resto de las municipalidades y comunas), y con un esquema engorroso, burocrático e impracticable que ya se intentó precisamente con ese Fondo; generando la sub-ejecución de partidas presupuestarias, y la acumulación de grandes deudas de la provincia con los municipios y comunas, por ese concepto.
Eso sin contar con que el Plan Abre supone una intervención integral y coordinada de organismos provinciales, para atender situaciones críticas de emergencia social: Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, la EPE, Aguas Santafesinas. ¿Cómo esas acciones podrían ser coordinadas desde el nivel municipal, y no del provincial?
La idea es, por supuesto, sacarle recursos y herramientas políticas a la futura gestión de Omar Perotti; y por eso el proyecto se aprobó a tambor batiente, para que pueda ser promulgado y convertido en ley por Lifschitz antes de terminar su mandato, y que no quede a tiro de un veto del nuevo gobernador.
Claro que la maniobra no podría haber sido consumada sin la inestimable colaboración de algunos de los senadores del PJ empezando por Armando Traferri (Departamento San Lorenzo), que fue el autor de la iniciativa, y que hace pocos días se retiró de las negociaciones por la transición, disgustado porque los representantes de Perotti endurecieron su postura, frente a las actitudes del socialismo en retirada.
Parece que algunos no entendieron que las cosas cambiaron después de 12 años, y que a partir de diciembre vuelve a gobernar en la provincia el peronismo. Por el lado del antiperonismo (cualquiera sea la denominación que utilice en el futuro), está claro que se están planteando una relación con el gobierno de Omar Perotti en la cual van a ser todo, menos "opositores responsables". Se vienen tiempos movidos en Santa Fe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario