Leíamos días pasados sobre la denuncia hecha en el diario inglés "The Guardian" sobre un acuerdo secreto entre los gobiernos del Reino Unido y la Argentina, para que la UK Export Financie (la agencia de crédito exterior británica) "...destinara mil millones de euros para financiar energías no contaminantes en Argentina, pero que a través de un acuerdo oscuro irán a negocios de fracking de petróleo no convencional en Vaca Muerta...".
Según la denuncia -que se basa en información oficial del gobierno inglés- entre las petroleras beneficiadas se encontrarían Shell -firma muy ligada en el país al ex ministro de Macri Juan José Aranguren-, Andina Resources, Phoenix Global Resources y Pan American Energy (PAE), una subsidiaria de BP (British Petroleum). PAE es manejada en el país por Bulgheroni, como es sabido; pero la controlan los ingleses
The Guardian seguramente enfoca el asunto desde la opacidad de un acuerdo por el cual dineros públicos del Estado británico que se debían destinar a una cosa, se destinan a otra; porque en definitivas no les molesta mucho que se beneficien empresas privadas, a la sazón de ese origen, que operan en el extranjero.
Empresas que además reciben beneficios públicos del gobierno argentino, pese a que el Reino Unido sigue negándose siquiera a considerar la discusión sobre la soberanía de las Malvinas, como manda la Constitución Nacional a buscar al gobierno de nuestro país.
En efecto, el pasado 5 de septiembre el secretario de Energía Lopetegui dictó las Resoluciones 524 y 525, que otorgan a Shell sendos permisos de exploración petrolera en las costas del Mar Argentino, los que de hallarse petróleo se transformarán automáticamente en concesiones de explotación.
Y el mismo Lopetegui un mes después (el 7 de octubre) dictó las Resoluciones 597 y 600 que hicieron lo mismo con British Petroleum: le otorgaron dos permisos en el área costera del Mar Argentino, susceptibles de transformarse en concesiones de explotación.
Pero no solo se beneficiaron esas dos empresas, mencionadas en la denuncia del diario londinense: veíamos acá como el gobierno de Macri violó las Leyes 26.659 (2011) y su modificatoria 26.915 (2013), que prohíben otorgar ese tipo de beneficios a empresas que hayan operado en Malvinas con licencias, permisos o concesiones otorgadas por el gobierno kélper; como fue el caso de Tullow Oil, adjudicataria del permiso aprobado por la Resolución 276 de Lopetegui.
Y de otros dos más, este mismo mes, por Resoluciones 598 y 603, ambas del mes de octubre. Se entiende ahora por qué Alberto Fernández planteó en el primer debate televisivo de candidatos que iba a revisar los acuerdos firmados por el gobierno de Macri con el Reino Unido, dejando de lado la discusión por Malvinas.
Lo que no se entiende es que eso alarme a algunos medios argentinos. Aunque pensándolo bien, sí se entiende.
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