OBSESIÓN POR LAS CAJAS

La Nación de ayer daba cuenta en ésta nota de la disolución de la famosa APE (Administración de Programas Especiales), organismo del Ministerio de Salud de la Nación, que Cristina dispusiera por éste decreto.

Como siempre que hay plata de por medio (y vaya sin éste caso la hay) aparece invariablemente la cuestión de la "caja": la idea que subyace ahí es que el gobierno (cualquiera, pero en especial éste) es  una vulgar banda de mafiosos ávidos por manotear cuanta fuente de dinero haya a la mano, para fines inconfesables.

Un enfoque parecido le da el clarinete, donde incluso no tenía siquiera desarrollo la noticia, como pueden ver acá, y acá la captura de pantalla de la publicación:

  
Y no sólo eso: no tiene noticias relacionadas, porque -una vez más, y para variar- se les escapó la tortuga, y los sorprendió la decisión de Cristina y no saben (o por lo menos hasta ayer no sabían) si tiene o no relación con ésta nota de Kirchsbaum en la edición del domingo pasado, a la que corresponde este titular:

Nota en la que -como no podía ser de otra manera- el asunto del "manotazo a otra kaja" está omnipresente, y si no vean esta parte:

Solidaridad entre hermanos en desgracia: Moyano (que fue seguro el que les tiró el dato, pero no sabía bien como venía la mano de lo que luego decidió Cristina) estaría siendo atacado como en su momento lo fue Clarín con la ley de medios, y de paso le avisan a Caló y demases: guarda, que ustedes son los próximos.

Ahora bien, leyendo el decreto 1198 firmado ayer por Cristina, no hay nada de lo que dice Kirchsbaum, ni de las "cajas": simplemente disuelve la Administración de Programas Especiales (APE), un engendro creado en 1998 por Menem, y que tuvo a su cargo (hasta ayer) administrar el llamado Fondo Solidario de Redistribución creado por la Ley 23.661 (enero del 89', concesión de un Alfonsín agonizante en términos políticos).

El Fondo se conforma con el 10 % de lo recaudado en concepto de las contribuciones patronales para obra social de los trabajadores (equivalente al 5 % de la masa salarial), y de los aportes de los propios trabajadores (el 3 % de su remuneración, más un 1,5 % por cada familiar a cargo en la obra social, de acuerdo a la Ley 23.660 de obras sociales, también de enero del 89').

Con esa plata, más el 50 % de los eventuales mayores aportes a cada obra social que se hayan pactado en los convenios colectivos (por encima del descuento de ley), el 5 % de los recursos del PAMI y otros recursos (pero menos, esos son los más importantes), se atienen una serie de pagos a los agentes del seguro de salud (las obras sociales sindicales o de empresarios, las mutuales que prestan servicios de salud) que perciban menores ingresos promedio por cada uno de sus afiliados, para equiparar los niveles de cobertura obligatoria que determina el Programa Médico Obligatorio, entre todos los 18 millones de beneficiarios del sistema.

Pero además el Fondo (que insistimos, hasta ayer manejaba la APE) también sirve para canalizar reintegros a los agentes del seguro de salud (entre ellos, las obras sociales sindicales y los prestadores que a veces ellas mismas conforman) por tratamiento de mayor complejidad, o superadores de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Con esos recursos por ejemplo se solventan tratamientos de asistencia integral a drogadependientes, para afectados de VIH Sida, hemofílicos, discapacitados y otros dos rubros más genéricos, digamos, que son Prestaciones de Alta Complejidad y Tratamientos Prolongados con Medicamentos.

A esta altura del análisis hay que aclarar -en atención al título de la columna de Kirchsbaum en Clarín del domingo- que las obras sociales sindicales (desde su primera regulación legal con la Ley 18.610 de 1970, gobierno de Onganía) siempre fueron controladas por el Estado (que lo haya hecho bien o mal, es otro asunto), sucesivamente a través del INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales), la ANSSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud) y luego la Superintendencia de Servicios de Salud; la que ayer "decapitó" Cristina (que sería una especie de María Antonieta, pero que maneja ella la guillotina digamos), según la bajada de La Nación, y que absorbería las funciones de la APE; básicamente administrar el Fondo Solidario de Redistribución.

Donde algo extraño pasa, porque en el año 2006 (cuando la gente de Moyano se hizo cargo, y estuvo hasta hace un mes más o menos, o sea, se mantuvo aun en medio del quilombo con Cristina) contaba con un presupuesto de 497 millones de pesos (en cifras redondas), con el que solventaba 79.154 tratamientos de alta complejidad y 43.680 tratamientos prolongados con medicamentos; y para este año (según los números del Presupuesto nacional) con un presupuesto de casi 1158 millones de pesos (2,33 veces más grande que seis años antes), sólo puede absorber reintegros para 18.496 tratamientos de alta complejidad y 26.679 tratamientos prolongados con medicamentos.

Claro que esos números reflejan el incremento de los costos de la salud (medicamentos, internación, aparatología, insumos), pero no olvidemos que los reintegros la APE los pagaba a los agentes del seguro de salud, y entre ellos, a las obras sociales sindicales.

En ese contexto, y en el del conflicto con Moyano (aunque esto último determina simplemente la oportunidad política para tomar la decisión) es que Cristina decidió hacer cirugía mayor en la Superintendencia de Servicios de Salud (que en realidad es el organismo que controla a las obras sociales), y disolver la APE para que quede reabsorbida en ella.

Y aquí vamos a lo de la "caja": la más gorda y sustancial no es el Fondo Solidario de Redistribución (al fin y al cabo, 1158 millones en un presupuesto nacional de más de 505 mil, o sea el 0,23 %, aproximadamente), sino el manejo del 90 % restante de los aportes de trabajadores y empleadores a las obras sociales; y esos fondos el Estado no los puede tocar ni gastar, porque son cuentas de terceros: los recibe y los transfiere a las obras sociales, como agentes del seguro de salud.

El Fondo Solidario (esos casi 1158 millones, en realidad menos porque una parte, el 5 % del total, son los gastos de funcionamiento de la APE, como los sueldos de los empleados) puede manejarlo; pero a condición de que lo destine a los mismos fines que indica la Ley 23.661 y que antes explicamos: pagos a los agentes del seguro de salud (por ejemplo las obras sociales sindicales) por prestaciones no comprendidas en el PMO, y un 70 % de esa "torta" (como mínimo) debe redistribuirse entre ellos para que se compensen los eventuales menores ingresos promedio por afiliado que tenga cada uno para poder cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), y así equiparar los niveles de cobertura.

De modo que si la idea que se está queriendo instalar es la de una "caja" fabulosa (al estilo de las reservas o los adelantos del Central al Tesoro, o el FGS de la ANSES) de la cual el gobierno podría echar mano para tapar agujeros, se está mintiendo a sabiendas.

Lo que no quita que un esquema en el cual el Estado absorba (con parte de esos recursos, por ejemplo los del Fondo Solidario de Redistribución) los tratamientos de salud de alta complejidad o que exigen medicamentos en forma permanente, y que no sean cubiertos por las obras sociales (por ejemplo las sindicales), no sería una mala idea para discutir; aunque pueda poner nerviosos a algunos sindicalistas, sin distinción de la CGT o la CTA a la que pertenezcan.