¿LAS VERDADERAS RAZONES DE UN APOYO?

Aun en medio de una masiva movilización al Congreso protagonizada -entre otros- por Pablo Moyano (miembro del Consejo Directivo) y la Corriente Federal de los Trabajadores (integradas por gremios que pertenecen a la central), la CGT ratificó en su momento su respaldo a la reforma laboral que el gobierno envió al Senado. Al decir de Schmid, lograron introducirle cambios al proyecto original “que preservan el corazón del derecho laboral”, por lo que la cosa quedaba en manos de los legisladores.

Los otros días veíamos en esta entrada como dentro del “paquetazo” de la reforma y entre los temas que nunca fueron objeto de discusión entre el gobierno y el triunvirato figuraba la desaparición del actual régimen de pasantías educativas; para dar paso a una forma de fraude laboral encubierto disfrazada de “prácticas formativas”. En la propuesta no intervino para nada ni el Ministerio de Educación (no es que se esperara demasiado de su participación, desde luego) ni tampoco los gremios docentes, y “colarla” dentro del proyecto ómnibus de reforma laboral da una idea clara de sus auténticas motivaciones; que no son precisamente las de brindar un complemento a la formación de los estudiantes.

Algo parecido pasa con la creación de la “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud” (AGNET), colocada en los artículos 105 a 122 del proyecto: cuando se analiza su contenido se advierte claramente que se trata de un tema directamente vinculado a la salud, sin que conste que el ministerio respectivo haya intervenido; aun cuando el ex ministro Lemus adelantó que se crearía cuando lanzó la “cobertura universal en salud” (CUS), analizada en su momento acá. 

De acuerdo con la reforma laboral, la AGNET  sería un organismo descentralizado dotado de autarquía que funcionaría en el Ministerio de Salud (artículo 106), con competencia para “...la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), o los que en el futuro lo reemplacen...” (artículo 107, las negritas son nuestras).

La Agencia será además “...el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en el artículo 106.” (artículo 111), por ejemplo un amparo o acción judicial análoga en la que un afiliado a una obra social o prepaga demanda a estas para obtener la cobertura de algún medicamento o práctica clínica o quirúgica. Sus actuaciones tienen carácter vinculante (es decir, obligatorio) “...para todos los organismos del Sector Público Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación.” (artículo 118); como por ejemplo las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás prestadores de servicios de salud, aunque sean hospitales y otros efectores públicos.

De acuerdo con el artículo 119 del proyecto, la AGNET contaría con una “Comisión Técnica Consultiva” con representación -entre otros- del PAMI, el Defensor del Pueblo, las empresas de medicina prepaga, la ANMAT, el sector académico y las obras sociales provinciales y sindicales.

Pero volvamos a sus funciones: de acuerdo con el artículo 109 del proyecto, la Agencia debe “Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.”, y “Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el Programa Médico Obligatorio (PMO),  o los que en el futuro los reemplacen;” (otra vez las negritas son nuestras).

Como vemos, el organismo se constituiría así en un “filtro” ineludible para definir los alcances de la cobertura del PMO, no necesariamente basándose en criterios de política de salud: recordando por nuestra parte que el Programa es el que determina los alcances de la cobertura obligatoria de las obras sociales (sindicales, profesionales, provinciales) y de las empresas de medicina prepaga.

Tal como está diseñado, parecen converger allí los intereses de estas últimas y de las obras sociales sindicales para aliviar su carga de prestaciones obligatorias, difiriendo algunas de las que hoy cubre el PMO al sistema de copagos o coseguros: es decir, las cubrirían, pero con dinero adicional a cargo de los afiliados, no estando las prestaciones que se excluyan del Programa cubiertas por la cuota o prima del seguro de salud que estos abonan mensualmente, o les descuentan de su salario.

Acaso haya que buscar por allí las razones de la insistencia de la conducción de la CGT en defender un proyecto que a todas luces atenta contra los derechos de los trabajadores: la AGNET parece puesta dentro de él como un intercambio de favores a cambio justamente de ese apoyo; razón por la cual no se la discute aparte, en el contexto de un debate más amplio sobre el modelo de salud a aplicar en el país, y como se distribuye su financiación entre los diferentes actores del mismo.  

También habrá que ver si el nuevo escenario que abrió la reforma previsional (incluyendo la crisis en la CGT) permite sostener este pacto espurio, en perjuicio del acceso a la salud para todos los argentinos.