Los problemas de inseguridad que padece Santa Fe (al igual que el resto del país, al igual que en todos lados) no surgieron por generación espontánea a partir de la llegada al poder del Frente Progresista Cívico y Social en diciembre del 2007; y del mismo modo, nadie puede plantear que se resuelvan mágicamente de un día para el otro.
Sin embargo, lo que se puede puntualizar es si la dirección general, el rumbo trazado es correcto o por el contrario, poco aporta para resolver el problema o peor aun: contribuye a agravarlo.
Y éste parece ser el caso de las políticas de seguridad de los gobiernos socialistas: en Nestornautas venimos haciendo una serie de posteos al respecto que pueden repasar acá; en los que el hilo conductor que marcamos y criticamos es el del autogobierno policial.
Con una policía "atendida por sus propios dueños" como la que tenemos, no podemos siquiera empezar a hablar de encarar el problema de la inseguridad, menos cuando se trata de delitos complejos (narcotráfico, trata de personas), y en ese sentido pareciera a priori que los anuncios de Bonfatti fueran en la dirección correcta.
Sin embargo hay un problema: a casi cinco meses de gobierno, se dice que el gobernador y su gobierno "asumen" el mando político de reparticiones claves de la fuerza policial como Drogas Peligrosas y la Tropa de Operaciones Especiales (T.O.E.), pero al menos en éste último caso las normas vigentes (el Decreto 2168/89 modificado por su similar 845/92) establecen que las T.O.E. "dependerán, en lo operativo, en forma directa del señor Gobernador de la Provincia, a través del señor Ministro (entonces de Gobierno, Justicia y Culto)...".
Y en el caso de Drogas Peligrosas, la dependencia de la Jefatura surge de la Ley Orgánica de la Policía 7395 (artículo 31 inciso e)), desde el año 1993 por la reforma de la Ley 11.048.
Es decir entonces que en el caso de las T.O.E. Bonfatti "asume" algo que está bajo el mando directo del gobernador desde 1992, y en el de Drogas Peligrosas, de algo que una ley dice que depende de la Jefatura, y no se sabe que el Frente Progresista haya impulsado el cambio de la Ley Orgánica de la Policía.
Pero lo más importante es que se presenta como una reforma estructural para encarar el grave problema de la inseguridad la creación de otro organismo de nivel político (que engrosará el Indice Lamberto), como si eso fuera suficiente para resolverlo.
Con ese criterio, el gobierno del Frente Progresista debería ser el mejor de la historia de la provincia, porque funcionarios políticos no le faltan, todo lo contrario.
Al parecer, al realizar los rimbombantes anuncios de ayer, a Bonfatti se le pasó por alto que hay otra norma que dice que el gobernador "dispone de las fuerzas policiales", es decir es el que las manda.
Es el artículo 72 inciso 17) de la Constitución de la provincia.
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