Así que según Sciara, la solución al reclamo que está haciendo Scioli desde la provincia de Buenos Aires por la coparticipación federal, sería volver al esquema de la ley de 1988.
El problema es que fue justo en esa ley (23.548, el texto acá) que Buenos Aires pasó de tener el 27,99 % del total de la masa coparticipable que iba al conjunto de las provincias según los parámetros de la Ley 20.221, al 19,93 % que tiene en la actualidad; y que es lo que disparael reclamo de Scioli.
Otro tanto pasa con el famoso 15 % que va a la ANSES: tendría que aclarar Sciara que se compone de recursos que aportan las provincias (el 8,501 %), pero también la Nación (el 6,499 % restante); como consecuencia de una afectación específica dispuesta originariamente por la Ley 24.130 (1992), y prorrogada en varias oportunidades, la última de ellas por la Ley 26.078 (2005).
No por un DNU como insólitamente dice acá el diputado radical por Santa Fe Mario Alvarez.
No por un DNU como insólitamente dice acá el diputado radical por Santa Fe Mario Alvarez.
Por supuesto que poner o sacar una afectación específica de impuestos nacionales es más sencillo que reformar la ley de coparticipación: para lo primero la Constitución exige que la ley que lo disponga sea sancionada con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara (artículo 75 inciso 3.), y para lo segundo además de eso (y de que el proyecto tenga entrada por el Senado), un acuerdo entre la Nación y las provincias, refrendado por todas las legislaturas provinciales y la de la CABA (artículo 75 inciso 2.).
El problema es que hacer eso (sacar la afectación especial del 15 % de la masa precoparticipable que va a la ANSES) además de desfinanciar a la seguridad social y achatar los aumentos futuros de los jubilados y pensionados nacionales (como se explicó acá), significaría que, si se puede sacar por ley esa afectación especial, también se la pudo poner.
Como lo hizo en el 2005 la Ley 26.078 (que Binner votó favorablemente siendo diputado nacional), que es justamente la ley cuya constitucionalidad impugnó el gobierno de Santa Fe (con Binner gobernador, un hombre, dos caras sobre el mismo asunto) ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, vía el estudio de Gil Lavedra.
O sea que si le hicieran caso al ministro de Economía de Bonfatti, la provincia perdería el juicio aun en trámite, porque le bastaría al gobierno nacional invocar la "doctrina de los actos propios" para poner de manifiesto la incoherencia socialista en éste punto.
Y respecto del famoso 34 % de "piso" de garantía de recursos a ser transferidos a las provincias, la discusión no es como se lo computa, porque la propia Ley 23.548 que invoca Sciara es muy clara al respecto en su artículo 7: "El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.".
El problema es que ese aspecto de la ley ya no rige más, justamente entre otras cosas, por las afectaciones especiales de la Ley 24.130 y las que establecieron muchas otras que crearon con posterioridad nuevos impuestos nacionales, con sus propios esquemas de distribución. En el documento conjunto que en su momento elaboramos con el Movimiento Evita (al que pueden acceder acá) el punto está desarrollado en detalle, y ahí nos remitimos.
Esas son las razones por las cuales ninguna provincia (ni siquiera Santa Fe, como se demostró acá) ha iniciado juicio alguno reclamándole a la Nación que cumpla ese famoso "piso"; que además es superado como vimos acá.
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