SEGURIDAD JURÍDICA

Cualquiera con un mínimo conocimiento del mundo de las relaciones internacionales sabe que el lenguaje predilecto de las cumbres y documentos internacionales, es el de la ambigüedad; lógica consecuencia de las diferencias políticas y de todo tipo que existen entre los países y bloques regionales o continentales, y el caso de la cumbre CELAC-Unión Europea celebrada en Chile, no fue la excepción.

Esa ambigüedad expresa además que esos documentos son menos compromisos jurídicos firmes y concretos que los Estados asumen (los que en todo caso aparecen en otras instancias de desarrollo del derecho internacional), que pronunciamientos de naturaleza política que dan cuenta de lo que los Estados están dispuestos o no a ceder ante otros Estados, en la compleja trama de las relaciones internacionales.

Aun así, cada palabra que se pone o se saca es meticulosamente analizada porque existen sobreentendidos comunes entre todos los que discuten, sobre lo que cada uno entiende por un término específico; en éste caso "seguridad jurídica", que fue al parecer uno de los motivos de más controversia en la cumbre; como da cuenta acá Clarín, con la rusticidad habitual de suponer que todo el mundo gira en torno a lo que haga o deje de hacer el kirchnerismo; luego de decirnos el resto del año que la Argentina como país, y su gobierno, están aislados del mundo y son irrelevantes.

Del mismo modo y con un análisis sesgado desde lo ideológico (como también lo hace acá La Nación), se pretende plantear las posiciones argentinas en la cumbre como una ocurrencia exclusiva de Cristina y un "eje del mal" que integrarían los países del ALBA (Venezuela, Ecuador, Bolivia), obviando el hecho de que también fueron apoyadas por Brasil, que siempre es colocado en el estante de los "países serios".

Para los europeos la "seguridad jurídica" tiene un significado claro: una vez establecidas las reglas de juego que los favorecen, no deben cambiarse y muy por el contrario, los demás Estados (en especial los subdesarrollados o periféricos) deben garantizar su vigencia, más allá de los cambios políticos que puedan producirse.

Apertura a la radicación de inversiones extranjeras, libertad absoluta para la remisión de dividendos y utilidades, reconocimiento pleno de marcas y patentes, seguridades sobre que no existirán planes de expropiación o nacionalización de empresas o sectores de la economía, eliminación de barreras arancelarias o para-arancelarias, libre acceso a las empresas extranjeras (en éste caso europeas) a las compras y contrataciones públicas, libre disponibilidad de divisas y remisión de utilidades: eso es la seguridad jurídica para ellos, que están en el polo desarrollado del mundo; aun con todos los problemas que atraviesan.

Usufructuando al máximo las estructuras gestadas a partir de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 (el FMI. la OMC, el GATT), y los instrumentos y herramientas que se fueron perfeccionando después, incluso con el despliegue mundial de las políticas neoliberales: el tribunal arbitral del CIADI, los tratados bilaterales de inversión con prórroga de jurisdicción y los acuerdos bilaterales (entre países o bloques de países) de libre comercio; entre los más relevantes.

Y aprovechando también hacia adentro (para proteger sus propias economías) todas las herramientas de proteccionismo económico disponibles, sin ruborizarse; algo perfectamente lógico por otra parte, y que sólo puede desconocerse por deshonestidad intelectual, o por desconocimiento de las reglas de juego con las que funciona la economía internacional, aun en tiempos de globalización.

Esa contradicción aparente del planteo de los países desarrollados (liberales en su política de inversiones y comercio hacia afuera, rígidamente proteccionistas hacia su interior) no es tal si se repara en que, sin ataduras ideológicas de ningún tipo (aunque las promuevan para los demás), persiguen el mismo objetivo, apelando a diferentes instrumentos: defender sus propios intereses.

Más aun en un contexto como el de la actual crisis, en el que tratan por todos los medios de hacer lo que siempre hicieron: sustentar en el aprovechamiento de los recursos y oportunidades de negocios del resto del mundo, la recuperación de sus economías, algo que los planes de ajuste y estabilización que vienen desarrollando (por consejo del FMI y el Banco Central Europeo) no pueden garantizar: bajo ese contexto (además del peso de las importaciones de combustibles en la balanza de pagos) se produjo, sin ir más lejos, la decisión del gobierno nacional de recuperar el control de YPF de manos del grupo español Repsol.

Para los países latinoamericanos en cambio, la idea de "seguridad jurídica" tiene un significado y alcance bien distintos: implica virtualmente un límite a la posibilidad del diseño autónomo de políticas económicas acordes con sus propios objetivos y necesidades nacionales; que no implican cerrarse al mundo (algo imposible de lograr, por otra parte, aun cuando se planteara como meta), sino integrarse a él; pero bajo sus propios términos. 

Cuando los países desarrollados les exigen a los nuestros "seguridad jurídica" -aunque no lo digan-, les están pidiendo cercenar las posibilidades del Estado de introducir regulaciones económicas que puedan afectar a sus capitales invertidos aquí; algo que, considerando el alto grado de extranjerización de nuestras economías, sería suicida aceptar, en términos de posibilidades de desarrollo.

La idea de "seguridad jurídica" está atada además al diverso modo como funcionan los sistemas políticos en Europa y en América Latina; y las también diferentes posibilidades que tienen de generar cambios.

Las convulsiones económicas y financieras que azotan a Europa desde el 2008 se suceden sin solución de continuidad, aun bajo un panorama político que marca derrota de los oficialismos y triunfos opositores en muchos países; que cambian así de gobiernos pero no de políticas: los desencantos que generan en algunos la socialdemocracia europea o los gobiernos socialistas sólo pueden atribuirse al desconocimiento de la naturaleza de esos sistemas de representación.

Que funcionan sobre un sustrato ideológico común (que viene siendo hace más de 20 años el del pensamiento neoliberal), pero por sobre todas las cosas, asfixiados por núcleos de intereses como los del sistema financiero; que ese sistema político no se atreve a desatar, cualquiera sea el signo de los gobiernos.

En América Latina por el contrario, (y en un proceso no exento de marchas, contramarchas y contradicciones) subyace la posibilidad de cambios gestados desde el sistema político y bajo reglas democráticas, que cuestionen la hegemonía intelectual del neoliberalismo; y los intereses fortalecidos en cada país durante la implementación de políticas basadas en esa hegemonía.    

Cambios que están sujetos en sus posibilidades de concreción a las contradicciones que existen al interior de los bloques regionales (Unasur, Mercosur, CELAC), como consecuencia de las diferentes estructuras productivas de los países (la mayor o menor dependencia del comercio exterior, la diferente gravitación del mercado interno, la disponibilidad de recursos naturales críticos), y de las contradicciones ideológicas y de intereses que cada uno de ellos tiene en su interior. 

No es casual que el proceso de crecimiento económico con mejora de los indicadores sociales que evidencian la mayoría de los países de América Latina en la primera década de este siglo, se haya dado en el contexto de decisiones estratégicas de política exterior, como el rechazo a la ampliación del ALCA en la cumbre de Mar del Plata de 2005, o a la ingerencia del FMI en el diseño de las políticas económicas.

Pretender explicarlo simplemente por una mejora de los precios relativos del intercambio comercial, o un ciclo de alza de los precios de los productos que nuestros países exportan, es un reduccionismo que desconoce como se imbrican las relaciones entre la economía y la política.

Las reservas que la Argentina (entre otros países) hicieron en la Cumbre de Chile a los reclamos europeos por mayor "seguridad jurídica" están vinculadas además a decisiones troncales de la política económica nacional, claves en el actual contexto de crisis: la reforma a la carta orgánica del BCRA ampliando sus potestades de regulación del sistema financiero, la expropiación de YPF y el control de los planes de inversión de las petroleras que operan en el país, los controles cambiarios y a los movimientos de divisas o los límites puestos a la distribución de utilidades a los capitales extranjeros radicados en el país (con mayor o menor precariedad, según las herramientas jurídicas disponibles en cada caso), serían lisa y llanamente imposibles si accediéramos a garantizar plena "seguridad jurídica" conforme nos reclaman.

En ese contexto es muy probable (como señalábamos acá) que se plantee en el ámbito de la CELAC un proyecto para que los países de la región que aun la reconocen (lo que no es el caso de Brasil, por ejemplo) denuncien la jurisdicción del tribunal arbitral del CIADI, o que el gobierno de Cristina presente un proyecto en el Congreso denunciando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'.

Lo que no sería, ni más ni menos, que hacer lo que los propios europeos hacen: aplicar los instrumentos que se juzguen convenientes en cada caso, para defender mejor los intereses de sus respectivos países; aunque tengan que sacrificar valores supuestamente sagrados como la "seguridad jurídica".