El intento opositor de discutir ayer en Diputados los proyectos para frenar el tarifazo chocó contra las exigencias reglamentarias (al no tener despachos de comisión requerían de dos tercios de los votos presentes para su tratamiento en el recinto), y con la cerrada defensa de la política del gobierno de Macri y de su ministro Aranguren, por todo el interbloque de "Cambiemos".
Lo que incluye a los radicales (que hasta ayer protestaban por estar marginados de las decisiones del gobierno, tanto como por el tarifazo en sí) y a Carrió, que pasó de sostener que las facturas de luz y gas habían sido "toqueteadas" por háckers de la Cámpora, a sugerir que se hagan las audiencias públicas que no se hicieron (como si ese fuera el único problema), y se retrotraigan los aumentos a esa fecha; dando por sentado que los porcentajes no se discuten, y que las audiencias son un mero formalismo.
Que todos los sectores de "Cambiemos" hayan cerrado filas en el Congreso en defensa del tarifazo marca a las claras que éste (una de las políticas más repudiadas del gobierno de Macri) es crucial para los objetivos políticos y económicos del gobierno; tanto para plantar la bandera del ajuste (este tarifazo ha sido anunciado como el principio de una "revisión tarifaria integral"), como para demostrar la suficiente fortaleza política para imponer medidas impopulares. Eso es lo que están defendiendo los legisladores oficialistas, mas allá del culo de Aranguren, o los balances de Caputo; que también entran en el combo, por supuesto.
El scrum defensivo de ayer en Diputados es consistente con la presión pública del propio Aranguren a la Corte para que convalide el tarifazo, y con la admonición mediática de Macri a los que "nos ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar". El gobierno vino hasta acá defendiendo el tarifazo en la justicia con suerte adversa, y con argumentos dudosos y en cierto punto inverosímiles; como que las audiencias públicas ya se hicieron en el 2004, o que ese mecanismo rige para el transporte y la distribución de gas y electricidad, pero no para la generación o la fijación del nuevo precio del gas en boca de pozo y en los puntos de ingreso al sistema de transporte; o para el precio de la electricidad que se paga a las generadoras.
El argumento es como mínimo vidrioso, porque es tan cierto que la producción de gas (el aumento del precio explica más del 70 % del tarifazo en ese rubro) se rige por la Ley de Hidrocarburos 17.319, como que la Ley 24065 que regula el mercado eléctrico dice en su artículo 1 que "La actividad de generación, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo.". Es decir que participa de un servicio público por accesoriedad indivisible, y en consecuencia está sometido a fuertes regulaciones públicas y no al libre juego de las leyes del mercado.
Los desaguisados del gobierno en esta materia empezaron con la "emergencia energética" declarada por el Decreto 134/15 (analizado en su momento acá) apenas asumió Macri, decreto que por tratarse de legislación delegada dictada por el presidente en el marco del artículo 76 de la Constitución, en algún momento debería ser debatido en el Congreso por el procedimiento de la Ley 26.122 (la misma de los DNU).
En aquél momento se transparentaban las ideas y los objetivos del gobierno cuando se decía que "...los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir de 2003 no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren en el Sistema Eléctrico para permitir el crecimiento necesario de la oferta de energía eléctrica para abastecer el crecimiento de la demanda de dicho servicio." (las negritas son nuestras): el Estado se hizo cargo en plenitud de los argumentos de los operadores privados del sector.
Mientra tanto la Corte (que tiene que resolver sobre el tarifazo del gas) se toma su tiempo y le pasa la pelota a Gils Carbó para compartir los costos de la decisión, mientras espera "señales políticas" del gobierno: ¿acaso un guiño para las "audiencias blue" que ensaya Aranguren por consejo de Carrió y del "club de los ex Secretarios de Energía", para no discutir el corazón del tarifazo sino solamente los precios de transporte y distribución de gas y electricidad?
Decimos "audiencias blue" porque todo indica que se harán -si finalmente se hacen- con carácter "informativo", violando el reglamento aprobado por el Decreto 1172/03 de Néstor Kirchner, (de aplicación al caso de acuerdo a su artículo 2), que dispone en su artículo 3 que "La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión." y en el artículo 4 que "La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.".
No menos importante es destacar que si fueran a hacerse audiencias públicas como corresponde, el artículo 16 del mismo decreto establece que "La Autoridad Convocante debe publicar durante dos (2) días, la convocatoria a la Audiencia Pública, con una antelación no menor de veinte (20) días corridos a la fecha fijada para su realización, en el Boletín Oficial, en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional y —en su caso— en la página de Internet de dicha área.". Las exigencias reglamentarias no parecen corresponderse con los apuros políticos del gobierno por ratificar el tarifazo, y en todo caso las audiencias debieron ser previas, y no posteriores.
No parece probable que la oposición logre tumbar el tarifazo en el Congreso, pero el gobierno no resiste un debate serio sobre el tema en ningún ámbito: ni los medios, ni el Congreso, ni en los tribunales; porque tendría que discutir su política energética, sus premisas y sus objetivos y beneficiarios. Y en la sociedad ya lo perdió, como lo demuestran las protestas contra las medidas que se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país, y que incluyen a buena parte de sus propios votantes.
El grueso del tarifazo que hoy se discute en la justicia está determinado por el precio del gas pautado en los puntos de ingreso al sistema de transporte con las petroleras, y el precio del megavatio acordados con las generadoras y trasladado por CAMMESA a las distribuidoras, aunque no haya habido una correlativa disminución de subsidios del Estado en el primer caso, sino un redireccionamiento de los usuarios, a las empresas productoras de gas.
Señalamientos que es necesario hacer porque por ejemplo en la Resolución 7/16 de Aranguren (la que suspendió la jueza federal de San Martín para todo el país) se hacía mención explícita al peso de los subsidios a las tarifas: "...los niveles de subsidio aplicados al consumo de energía eléctrica han alcanzado valores que ponen en juego su financiamiento, dado el peso relativo de los mismos en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) y con los recursos financieros del Estado Nacional..." (las negritas siempre son nuestras)
La política que está detrás del tarifazo (y que es lo que el gobierno no quiere discutir) es la vuelta a un esquema de plena libertad de mercados, con mínimas regulaciones estatales (eliminó el Decreto 1277/12 que regulaba la producción e inversiones en hidrocarburos) y retiro drástico de los subsidios a los consumidores, con "señales de precios" a los operadores privados del mercado.
Lo dice con claridad meridiana la propia Resolución 28 de Aranguren, la que habilitó el tarifazo del gas, que anuló la Cámara Federal de La Plata y que hoy analiza la Corte: "Que para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables, resulta necesario implementar un nuevo esquema de precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que tenga por objeto tanto la incorporación de reservas, como el aumento en la producción doméstica de gas natural, y que permita lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda, conforme fueron concebidos originariamente en los términos del último párrafo del Artículo 83 de la Ley N° 24.076."
El artículo 83 citado -en efecto- dispone que "...fijará para el mercado interno los precios máximos de gas en punto de ingreso al sistema de transporte a percibir por los productores. Finalizado dicho período, se desregularán los precios de gas en punto de ingreso al sistema de transporte y las transacciones de oferta y demanda gasífera serán libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de la industria, de acuerdo con el marco regulatorio.".
El asunto es recomponer (o mejorar) rápida y drásticamente niveles de rentabilidad empresarial, sin la más mínima mención a objetivos de política económica como el autoabastecimiento energético (considerado "no prioritario" por Aranguren en campaña), ni la exigencia como contrapartida de las "señales de precios" de inversiones para mejorar el servicio, o a los derechos de los usuarios y consumidores que protege el artículo 42 de la Constitución Nacional: "ésa te la debo", diría Macri.
Por esa razón el gobierno y sus aliados no pueden discutir el tarifazo en serio en ningún ámbito, y se ven obligados a defenderlo, colgados del travesaño y flojitos de argumentos y de papeles.
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