INCONSISTENCIAS

Leíamos la semana en El Cronista que la AFIP descubrió maniobras de fuga de divisas con importaciones truchas, por parte de empresas que accedieron a los dólares entre 2012 y 2015 (cuando imperaba el “cepo” para realizar compras en el exterior que finalmente no hicieron, o no acreditaron fehacientemente luego de hacerse con los dólares.

En la maniobra estarían involucrados bancos que no reportaron ninguna operación sospechosa aunque procesaron las operaciones de compra de divisas (que al ser para operaciones de comercio exterior se canalizaron por el mercado legal de cambios), y Abad plantea enderezar la denuncia contra las anteriores autoridades de la Secretaría de Comercio Interior (que autorizaba las DJAI), la Aduana, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los delitos presuntamente cometidos serían infracciones contra la ley penal cambiaria, la ley penal tributaria, el Código Aduanero y eventualmente, lavado de dinero; y las operaciones sospechadas representan poco más del 5 % del total de las importaciones efectuadas entre 2012 y 2015.

Nos parece perfecto que el organismo responsable de la recaudación cumpla con su rol y denuncie cualquier delito que se haya cometido (cualquiera, eh), sin importar quien lo cometió.

Lo extraño es que la denuncia partiría del mismo gobierno que sostuvo en campaña que las disposiciones del “cepo” obligaban a las empresas a todo tipo de maniobras para hacerse con los dólares para pagar importaciones (como si a esos fines los compraran en el mercado del “blue”, pagándolo más), y que acaba de lanzar un gigantesco blanqueo de capitales, para tentar a quienes fugaron divisas y activos del país “porque no confiaban en el gobierno”; que además ni siquiera tienen la obligación de traer las divisas al país.

Será curioso ver que hará Abad si alguno de los denunciados se termina acogiendo al blanqueo, pues al hacerlo evade toda responsabilidad por infracciones cometidas contra la ley penal cambiaria, la ley penal tributaria y el Código Aduanero, y está por verse cuanto y como controlarán los organismos del gobierno que a través del blanqueo no zafen los que hayan incurrido en maniobras de lavado de dinero.

Gobierno que -dicho sea de paso- archivó más de 100.000 sumarios pendientes de sanción en el BancoCentral por maniobras ilegales con divisas “indultando” a sus autores, prácticamente desmanteló el área de control de lavado de dinero del BCRA y designó al frente de la UIF a calificados asesores de bancos y empresasacusadas de lavado, duplicó el monto a partir del cual los bancosdeben reportar obligatoriamente operaciones sospechosas y emitió a través de las nuevas autoridades de la UIF un "instructivo" para que los bancos no "traben" el blanqueo.

Además de haber virtualmente eliminado las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), desmantelado la unidad ejecutora encargada de cruzar información de las operaciones de comercio exterior entre la Aduana, el BCRA, Comercio y la UIF (enlace) para detectar justamente este tipo de maniobras y eliminado todo tipo de restricciones o controles a la compra de divisas y su giro al exterior: de dos millones de dólares mensuales pasamos a cinco y a que hoy no exista tope, ni la obligación de justificar siquiera para qué se compran los dólares, o acreditar ingresos que justifiquen poder hacerlo.

No sea cosa que nos terminemos enterando además que entre los bancos implicados en la maniobra están el HSBC (cuyo titular acusado por lavado de dinero fue repuesto en el cargo por la justicia y hoy es asesor presidencial) o los que el gobierno eligió para colocar deuda y manejar el pago del arreglo con los fondos buitres, porque sería muy “consistente” todo, como que los patos les tiraran a las escopetas.

Para peor, en teoría la denuncia partió del Director de la Aduana desplazado por el propio gobierno por sospechas de corrupción, a partir de una "grabación anónima" que le llegó a Patricia Bullrich.