DESPUÉS DEL FALLO

(*)

El fallo de la Corte Suprema anulando el tarifazo del gas para los usuarios residenciales dispara muchas reflexiones a futuro, más allá de sus consecuencias inmediatas en los político y económico. A vuelo de pluma y sin que el orden en el que se proponen indique precedencia, se nos ocurren algunas:

* La rebelión social contra el tarifazo abre la ventana de oportunidad para una discusión más amplia sobre los servicios públicos, sus condiciones de prestación y accesibilidad, los niveles de tarifas y de subsidios para atemperarlas, y el rol del Estado y los capitales privados en su prestación.

Una discusión que durante el kirchnerismo fue pospuesta primero en el marco de emergencia de la salida de la post convertibilidad, y que luego quedó trunca cuando se planteó la “sintonía fina”; y que el macrismo pretendió dar por saldada retomando -sin más- los parámetros noventistas de desregulación y apertura a los mercados.

* Dicho lo anterior, el debate por el tarifazo vino a reivindicar una de las políticas más denostadas de los 12 años de gestión del kirchnerismo, como los subsidios a las tarifas de los servicios públicos: por más objeciones que se hagan (y por más válidas que sean) a su rusticidad o “trazo grueso”, hoy existe un consenso social amplio a favor de sostener algún nivel de subsidios, que impidan que las tarifas de los servicios reflejen estrictamente su costo de producción, más la rentabilidad de las empresas; con prescindencia del rol social y productivo de esos servicios, que no pueden mirarse exclusivamente desde una óptica de mercado.

De ese consenso no quedan excluidos muchos votantes de Macri, que pueden hacer creído de buena fe que “no nos iban a sacar nada de lo que teníamos”, y que “íbamos a vivir mejor". Se dijo más arriba y se reitera: hay que discutir también en que servicios y bajo que condiciones pueden existir operadores privados; y en cuáles el rol del Estado es insustituible e indelegable.

* El espontáneo movimiento social de resistencia al tarifazo que se extendió por todo el país marcó de un modo visible los límites de tolerancia social al ajuste, tanto como el rechazo a un modo particular de construir las políticas públicas: la obligación de hacer audiencias públicas es más que una formalidad legal, y le impone al gobierno de los CEO’s transparentar decisiones que hubiera preferido que permanezcan en la oscuridad, como la colosal transferencia de recursos de los ciudadanos a las petroleras.

* Los amparos que proliferaron por todo el país y los “ruidazos” que visibilizaron la protesta generaron la oportunidad para que Corte se expidiera, tanto como el marco social en el que lo hizo; y dejaron una enseñanza sobre como oponerse con eficacia a Macri y sus políticas; en un contexto de ostensible morosidad de la política “institucional” (la que expresan los partidos y se escenifica en el Congreso) para asumir su rol de representación de los intereses ciudadanos.

En ese contexto debe releerse la apelación de Cristina a formar un “frente ciudadano” que pudo sonar confusa cuando la hizo; y en ese sentido cobran particular importancia las palabras de la propia Cristina en Ensenada, en vísperas del Congreso de reunificación de la CGT.

* Un escenario de conflictividad social en alza interpela a la política para proveer canales adecuados de expresión de las demandas de los diferentes actores que tienen razones objetivas para oponerse a las políticas del gobierno de Macri.

Si bien las estructuras partidarias tradicionales son indispensables (y monopólicas en términos constitucionales) para canalizar electoralmente esas demandas, su representatividad está en tela de juicio, y la salida del kirchnerismo del gobierno deja a la expresión de lo nacional-popular en el llano, con la obligación de adaptarse a una nueva realidad; tanto como expone las debilidades de un sistema político que implosionó en el 2001, y no se ha recompuesto aun.

* En ese marco, algunas decisiones de las cúpulas partidarias no hacen más que acentuar la distancia de representatividad real con los ciudadanos: al reto público de la Corte al Congreso en su fallo por la vacante del Defensor del Pueblo, el PJ le contestaría proponiendo a Roggero (aquél que presidía el bloque de diputados en tiempos del menemismo), así como acaba de nombrar a Lamberto al frente de la AGN.

Dos saltos atrás en el tiempo hacia los 90’, en el preciso momento en el que la reacción social acaba de ponerle un freno al intento de volver de pleno a las políticas de entonces.

 * El fallo de la Corte y sus derivaciones ponen en entredicho la sustentabilidad del programa económico del gobierno, y generan todo tipo de dudas entre los inversores que deberían “hacer llover” los dólares que espera y promete el gobierno. El enojo de Macri tiene que ver con esto, porque le dificulta además cumplir compromisos asumidos con empresas del exterior, fundamentalmente de EEUU.

* Pero además, tras el fallo queda cuestionada también la gobernabilidad articulada por Macri, y su capacidad de conducción de los conflictos; más si se trata de los auto-generados por sus propias políticas como fue el caso del tarifazo: los gobernadores que lo bancaron públicamente y los comunicadores estrella del dispositivo mediático hegemónico que apretaron en forma pública y brutal a los jueces quedaron pagando con un sonoro papelón, y habrá que ver que hacen los empresarios: si bancan el ajuste, o salen corriendo a presentar sus propios amparos.

Las diferencias que hay hacia el interior de las fracciones del capital (por escala, por intereses, por actividad volcada al mercado interno o la exportación) quedarán más expuestas todavía en los meses venideros, según sea la actitud que adopten frente al tema.

* El episodio del tarifazo (que aun no ha concluido) mostró al macrismo incurriendo en un error que siempre se le achacó al kirchnerismo cuando emprendió en su momento sus propias batallas (las retenciones móviles, la ley de medios): la subestimación del adversario y su capacidad de organización y resistencia.

Claro que (y acá la diferencia con el kirchnerismo es más nítida) cuando la direccionalidad última de las políticas públicas es recortar derechos, transferir ingresos entre diferentes sectores sociales con sentido regresivo y efectuar un durísismo ajuste en busca de “equilibrios” y “derrames” (tal la hoja de ruta que propone el gobierno de Macri), la cosa se dificulta porque no se puede resolver simplemente diseñando mejores estrategias, o “mejorando la comunicación”.

(*) Las explicaciones sobre la imagen de apertura, acá.